Los fiscales, la construcción y el terrorismo.

Indiqué en algún que otro artículo que uno de los males actuales a la hora de debatir y defender ideas es la perversión del lenguaje. Ya nada es lo que era, nada parece lo que es, nada significa lo que queremos que signifique y todo es confuso. Cuando todo es todo no hay nada.

Así, se ha venido criticando el empleo del concepto terrorismo por parte de los gobiernos occidentales para designar las acciones armadas de los distintos grupos que operan en todo el mundo. No son terrorismo las acciones de las FARC, no son terrorismo las masacres en IRAK, no es terrorismo la llamada Kale Borroka, etc. Para ello se utilizan conceptos como insurgentes, rebeldes, gamberros, etc. para no denominar terroristas a supuestos luchadores antiglobalizadores (a pesar de que prefieran llamarse alterglobalizadores).

Pero como sucede con todo ahora las tornas se ha girado y los mismos que criticaban el uso del concepto terrorismo para acciones terroristas lo utilizan para designar todo tipo de violencia, y como todo es terrorismo nada lo es. Así ahora tenemos terrorismo de género, terrorismo en las aulas, y como no terrorismo patronal y por ende en la construcción.

Que en el ámbito laboral se exageren los términos es lógico y coherente con el clima de conflicto permanente que existe entre los intereses empresariales y los intereses sindicales (que nada tienen que ver con los intereses de la economía y/o con los intereses de los trabajadores). Pero que haya sido el Fiscal del Tribunal Supremo coordinador de siniestralidad laboral, José Manuel de Oña, el que haya utilizado este concepto, terroristas de la construcción o terrorismo empresarial, resulta más que sorprendente (aunque ya poco nos pueda sorprender).

Desde hace meses se desarrollan en Asturias las jornadas formativas para jueces y magistrados en materia de siniestralidad laboral, ámbito en el cual se hicieron las anteriores manifestaciones. Se intenta, con muy buen criterio, formar a quienes han de juzgar, en los procelosos mundos de la empresa y de la prevención de riesgos, especialmente en sectores sensibles como la minería, la construcción, el metal, etc. Muy buena iniciativa que debería mostrar un mayor nivel de exigencia intelectual y no caer en arquetipos y declaraciones de cara a la opinión pública.

El sector de la construcción es un sector duro, un sector donde se conjugan muchas circunstancias que lo sitúan en el punto de mira de la sociedad, donde operan los mejores y los peores representantes de una muy variada clase empresarial, desde grandes corporaciones a pequeños negocios familiares. También es un sector donde encontramos a los mejores profesionales junto con otros que adolecen de la necesaria profesionalidad, o que, por su condición de extranjeros, requieren otra atención.

Todo ello nos obliga a rechazar generalizaciones. Ni existe terrorismo en la construcción ni debemos dejar de cuidar que se cumplan las medidas de prevención de forma estricta, por parte de los empresarios como por parte de los trabajadores. La ingente marea legislativa que existe en la materia no ayuda a prevenir los accidentes, más bien dificulta (como ha venido a manifestar alguna sentencia) y ayuda a prevenir la quiebra de las empresas que se dedican a la gestión de la prevención, gestión que en muchas ocasiones no pasa de ser meramente administrativa.

Las amenazas de las fiscalía con penas de cárcel o las prohibición de subcontratas a partir de un cierto encadenamiento no evitarán que los riesgos inherentes al sector desaparezcan.

Sí existen otro tipo de medias, que intentaremos explicar en otro artículo y que podrían ser más eficaces, como permitir el aseguramiento privado del recargo de prestaciones del artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social, evitando de esa forma que las pequeñas empresas se descapitalicen o simplemente desaparezcan para evitar el pago, o permitir a los juzgados de lo social concentrar todo el proceso en caso de accidentes de trabajo (como se indicó en el libro blanco de la justicia) y mostrarse menos rígidos en sus consideraciones a la hora de indemnizar.

Hemos de tener en cuenta que el fracaso es de todos cuando un trabajador pierde la vida. Fracasa la Administración por no lograr garantizar un trabajo seguro y digno como dice la Constitución (que si no dijera tanto…), fracasa la empresa al no velar por la vida de sus trabajadores, y fracasa la sociedad en pleno al perder un miembro y tener elevados costes sociales.

Por último recomendamos a la fiscalía que ponga sus ojos en la propia Administración que es donde existe un mayor incumplimiento de la normativa laboral, en general, y de prevención de riesgos, en particular.

La social-burocracia da lecciones pero no ejemplo.