Salarios

Nuevo año e iguales leyes. El SMI para el 2007.

Ha dicho nuestro Gobierno por medio del Real Decreto 1632/2006, de 29 de noviembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el 2007, que "en cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar anualmente el salario mínimo interprofesional, contenido en el artículo 27.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, se procede mediante este real decreto a establecer las nuevas cuantías que deberán regir a partir del 1 de enero de 2007, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para el personal al servicio del hogar familiar."

Las nuevas cuantías, que representan un incremento del 5,50 por 100 respecto de las vigentes entre el 1 de enero y el 31 de  iciembre de 2006, son el resultado de tomar en consideración de forma conjunta todos los factores contemplados en el citado artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores y suponen avanzar en el desarrollo de la estrategia de dignificación del salario mínimo interprofesional que viene impulsando el Gobierno con el consenso de los interlocutores sociales, cuyo primer paso fue la aprobación del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, y que ha permitido que el salario mínimo interprofesional recupere el poder adquisitivo perdido en los últimos años y avance en la estrategia de reducción de las diferencias de su cuantía con el 60 por ciento del salario medio que existe en nuestro país. Esta tendencia prosigue con el aumento que se establece en el presente real decreto para el salario mínimo interprofesional en 2007.

Este real decreto ha sido consultado a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas"

El citado apartado 1º del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores dice lo siguiente:

1. El Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta:

a) El índice de precios al consumo (este año no sólo no se ha tenido en cuenta, sino que se ha superado con creces)

b) La productividad media nacional alcanzada (nunca ha sido tenida en cuenta para la fijación del SMI)

c) El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional (tampoco se ha tenido en cuenta)

d) La coyuntura económica general (¿general? ¿Con independecia de los sectores se aplican precios de mano de obra en general? ¿Se establece el precio de la fruta en general o se tiene en cuenta las distintas circunstancias de cada productor y de cada producto?)

Igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado (Nunca ha habido revisión semestral)

Nada de lo dicho en la exposición de motivos o introducción del Real Decreto firmado es verdad, o de serlo es tontería económica como diría Carlos Rodríguez Braum.

No se han tenido en cuenta los criterios del Estatuto de los Trabajadores, se ha vuelto a recurrir a un norma facíl para hacer demagogia económica, ya que si el fin es "dignificar" el SMI, y sus defensores niegan por activa y por pasiva que este mecanismo afecte al nivel de empleo, ¿porque no elevar el SMI a 1.000 €? ¿O es que sí tiene consecuencias y se quieren ir diluyendo poco a poco?

Con estas medidas se encarece el trabajo menos productivo, el desarrollado por quienes menos oportunidades laborales tiene: estudiantes, inmigrantes, personas sin cualificación. ¿Un producto más caro no es un producto de lujo? ¿El lujo se generaliza o se restrige? ¿Se compra más productos cuando suben o cuando bajan los precios? ¿Quiere el Gobierno que los empresarios compren o no compren más mano de obra?

O quizás la cuestión es que aún estamos anclados en otra tontería económica: el trabajo no es una mercancía. ¿No será que los hombres no son mercancía, pero el trabajo que ellos desarrollan y su producto sí, y que eso es los que permite a todos vivir, a quienes lo venden y a quienes lo compran?

Nuevo año. Viejas leyes. Iguales errores.

El Salario Mínimo Interprofesional, SMI, contra los trabajadores.

Hay ciertas ideas que impregnan las sociedades del llamado Occidente que por muy perniciosas que sean para los ciudadanos, éstos se niegan a repensar, no ya a rebatir, sino únicamente a repensar, pararse a reflexionar si lo que se ha estado haciendo ha sido lo correcto o si en algún momento ha dejado de ser útil para convertirse en un perjuicio general imposible de detectar. Esto es lo que ha sucedido con las normas reguladoras del llamado salario mínimo interprofesional (SMI). Normas que nacieron con el encomiable objetivo de elevar el nivel retributivo de ciertos sectores, y que con el tiempo han dejado, dichas normas, de tener fundamento alguno y se han trasformado en elemento político del gobierno de turno para incorporar a su programa, tras las correspondientes presiones sindicales, y ganar unos cuantos votos, supuestamente de quien reciben dicho salario. 

En España se ha calculado que aproximadamente  4,8 millones de trabajadores perciben el SMI. Si según el INE hay algo más de 16 millones de asalariados, en torno al 30 por 100 de la población española cobra el SMI, y si a ello le sumamos que según el panel de Hogares de la UE el 37,6 por 100 de los hogares españoles viven de sus ingresos salariares principalmente, y que en muchas comunidades autónomas se ha informado que dicho SMI no alcanza para vivir, nos encontramos con que la figura del SMI alcanza un importante puesto en el ranking de las promesas políticas, de normas intocables de nuestro Estado de Legislación, que no de Derecho, se ve en la obligación de manrtener, actualizar y defender siempre sin esperanzas de debate y reflexión.

Por eso inicié este artículo advirtiendo que en nuestras sociedades occidentales, no sólo en las musulmanas, los dogmas intocables existen, bajo pena de excomunión, y entre ellos está la bonanza del SMI,  el cual, afirmo, incluso en mi calidad de laboralista, que es preciso eliminar. ¿Con qué fin y por qué razón? Con el objetivo de dejar de discriminar a los jóvenes sin formación, a los inmigrantes y a las mujeres. Con el fin de no legislar contra los más desfavorecidos e inicar un correcto camino para el pleno reconocimiento de la responsabilidad de empresarios y trabajadores, sin la tutela del Gobienro ni de los Agentes sociales.

Así es, el SMI es una norma que contra lo pensado ataca directamente al trabajo de los más desfavorecidos promoviendo la economía sumergida en nuestro país, la cual alcanza el 22,6% del PIB oficial, frente a un 17,4% del promedio de países de la OCDE, sólo por debajo de Italia, Grecia e idéntica a la de Portugal, todo ello según el informe sobre el clima de negocios del Banco Mundial 'Doing Business 2007'. Porque no se puede explicar de otra forma que dados los números y estadísticas citadas más arriba tantos españoles vivan con el actual SMI.

Sólo la existencia de una elevada bolsa de economía sumergida, de salarios abonados fuera de nómina y de trabajadores sin contrato o con contratos por un número de horas inferiores a las realmente realizadas, se puede justificar la ausencia de revueltas sociales, en un país tan dado a salir a la calle como el nuestro. 

Y es que existen las ‘burguesas’ y ‘malsanas’ ideas de que en todo inicio de la relación laboral lo más importante es el salario, de que todos somos 'iguales' y todos debemos cobrar lo mismo y que no hay diferencia alguna entre un joven de 16 años, otro de 20, el sector de reparto de publicidad o la hostelería. Todos a cobrar lo mismo según los ideólogos del SMI. Con estas ideas, con un erróneo fundamento económico como es la expansión del crédito para generar riqueza, se elimina la posibilidad de que jóvenes trabajadores sin formación accedan con contrato a trabajos poco productivos, se impide que muchos inmigrantes sean contratados (y sí en cambio se opte por mano de obra ilegal con la explotación que eso supone) o se obstaculiza el acceso de muchas mujeres al mercado de trabajo una vez tienen hijos.

Y todo ello porque al no alcanzar un nivel de productividad mínimo se opta, como hemos dicho, por abonar salarios fuera de nómina, contratar por menos horas de las realmente trabajadas o, directamente, trabajar sin contrato como es el supuesto de muchos inmigrantes, mujeres del servicio doméstico o jóvenes universitarios.Los índices de desempleo se disparan entre las mujeres, los jóvenes y, ahora, entre los inmigrantes, los cuales, según datos del propio Ministerio de Trabajo en julio de 2006 alcanzaban los 133.109 sin trabajo, un 21,6 por ciento más que en el mismo mes de 2005. Por eso son estos colectivos los que más sufren que el ‘estado  benefactor’ imponga unos salarios mínimos a abonar, dado que ven como o no se les contrata o son elementos de todo tipo de argucias legales para no abonar seguridad social o formalizar contratos laborales.

Se podrá alegar que de no existir SMI los empleadores tenderán a pagar cada vez menos, pero de la misma forma se puede alegar que de ser así no encontrarán trabajadores que deseen ocupar esos puestos de trabajo, los cuales no olvidemos son de baja productividad, ya que el debate se vicia si se introduce la idea de que se ha de cobrar un determinado salario con independencia del puesto y de la productividad, ya que de ser así no me explico por qué tenemos un SMI de cerca de 600 € y no de 1.500 € o de 3.000€.

EL SMI es un elemento de promesa electoral que siendo muy irresponsable se incrementa sin medida, siendo políticamente correcto se deja intacto y siendo osado y racional económicamente hablando se suprime para moralmente ser justos con los más desfavorecidos en el mercado de trabajo. Subir el SMI sin criterio, sin seguir los criterios del Estatuto de los Trabajadores, entre ellos la productividad, igualarlo en todos los sectores sin cortapisa, supone introducir en el mercado un crédito sin justificación que sólo ayuda al incremento de los costes, la subida de los precios y, finalmente, la elevación del impuesto más injusto para los trabajadores, la inflación.

En nuestras grandes empresas, en los sectores de la construcción o en la minería no existen problemas con el SMI, es esta una norma que asfixia a la micro empresa española, generadora de muchos puestos de baja productividad y/o sometida a una competencia atroz,  de vital importancia para incorporar al mercado de trabajo a los más jóvenes y a los inmigrantes permitiéndoles iniciarse en el mundo laboral comprendiendo sus normas, obligaciones y derechos.

El SMI frena la expansión del trabajo entre las ideas de los emprendedores que precisen en sus inicios mucha mano de obra y no cuenten con liquidez suficiente, frenando el SMI la contratación de muchos trabajadores que de esa forma no continuarían en las listas del desempleo.

El SMI perjudica a la economía, perjudica a los trabajadores, perjudica a los emprendedores y sólo beneficia a quienes viven de promesas electorales. El SMI es una medida contra los trabajadores y es hora de empezar a explicarlo con valentía.