Proteccionismo del Gobierno para los más fuertes.

Se acaba de publicar en el BOE la LEY 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Muchos años llevaban clamando en el desierto los Consejos de la Abogacía y de la Procura por que un Gobierno, cualquiera, sacase adelante esta Ley al más puro estilo proteccionista. O sea, protección para quién más tiene, protección del fuerte para que no se vean mermados sus intereses.

Se enmascara el fin de la norma en garantizar una asistencia jurídica de calidad para los justiciables, todos los ciudadanos, pero en realidad se trata de que los actuales bufetes no pierdan cuota de mercado, asustados ante la avalancha (ya no tanta) de Licenciados en Derecho que salían de nuestras universidades.

El mecanismo de garantía de ingresos es simple. Tras licenciarse será obligatoria más formación, paradógicamente impartida por las propias universidades o por las escuelas de práctica jurídica de los propios colegios de abogados. Tal parece que los 4 años de Licenciatura no son suficientes o que la formación dada durante ese tiempo no es lo suficientemente buena como para ejercer la profesión. Una crítica rechazada durante años por la Universidad se plasma,  ahora negro sobre blanco, nada más y nada menos que en el BOE.

Tras pagar el "impuesto revolucionario" del plus formativo, el prometedor abogado o procurador deberá superar un examen de "carácter nacional" para demostrar su valía y garantizar su profesionalidad. Se trata de un examen que nos hace la Administración, no para trabajar con ella, sino para montar un negocio privado donde puedo triunfar, sobrevivir o fracasar.

No hacen falta muchos argumentos para considerar esta Ley un atentado más contra la iniciativa individual, contra la libertad de empresa, y contra el derecho de todo licenciado a ejercer su profesión en el mercado libre. Toda excusa que se ponga es mentira, toda defensa de la norma es una defensa de interese creados.

Para más inri la prolongación de los estudios y la superación del examen requerirá más tiempo y más dinero a los futuros abogados y procuradores. ¿Y quién tiene ese tiempo y dinero? ¿Quizás los hijos de los dueños de los grandes despachos? Se prometen becas, pero ¿que cantidad ha de abonar el Estado, a costa de todos, a un potencial abogado que dedica varios, muchos años, a sus estudios, para luego, quizás, no superar el examen?.

De nuevo ante una norma más para intervenir, una norma más para coartar, una norma más para despilfarrar dinero y una norma más para proteger a unos privilegiados de la sana competencia. Una norma reaccionaria.

PROPUESTA ALTERNATIVA: Traslademos el examen propuesto para después de la Licenciatura a antes de acceder a la universidad. Eliminemos la "universidad para todos" a cambio de una univerisidad para quien demuestra valer en los estudios. Permitamos que todo aquel que tenga potencial estudie, incluso a costa del Estado, ya se lo reclamaremos cuando trabaje. Pero eliminemos, ya, los miles de "universitarios" que engordan la aulas, despilfarran el presupuesto y encima no figuran en las listas del paro.