El futuro de nuestras pensiones. Una vez más.

Artículo publicado en EL NORTE ECONÓMICO, de agosto de 2007. Este periódico económico de periodicidad mensual, editado por Madú, aún no está en la red y se limita su distribución a Asturias.

Que España sea un Estado Social y Democrático de Derecho que ha de garantizar la existencia de un sistema de seguridad social universal y gratuita significa, ni más ni menos, que el Estado, al albur de las decisiones de los políticos de turno, decide cuánto dinero retirarnos de nuestros ingresos y  cuánto devolvernos en el futuro, si es que nos devuelve algo.

           Desde que los llamados agentes sociales y la Administración  empezaron a tomarse en serio la dudosa viabilidad del sistema muchas han sido las discusiones sobre como evitar la quiebra. Desde el Pacto de Toledo hasta nuestros días, algunas han sido las alternativas planteadas y  las medidas adoptadas. La última, el acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social, firmado el 13 de julio de 2006 y publicado en la web del ministerio. Pero en ningún caso, nadie ha tenido el coraje de devolver a los trabajadores sus ahorros, de confiar en ellos mismos para la gestión de su dinero, de romper con el tabú de la privatización y de dar la opción a todos los ciudadanos de continuar con el sistema público, si así lo desean, o de abandonar el mismo y crear una cuenta de ahorro capitalizable, con mayor o menor riesgo, pero con la libertad de elegir, de cobrar en el futuro y de dejarlo en herencia a su hijos. 

          El actual sistema conocido como de reparto supone la detracción a empresarios y trabajadores de considerables cantidades que sirven para abonar las pensiones actuales. Nuestro dinero deja de ser nuestro, dado que se entrega a los actuales pensionistas. Nadie nos garantiza que el día de mañana cobraremos una pensión. Nadie nos garantiza el tiempo que podremos cobrarla, y por supuesto si nos morimos antes nadie nos devolverá el dinero retenido, ni nuestros descendientes lo podrán reclamar. Estamos ante una verdadera confiscación estatal que nos retira parte de nuestros esfuerzos laborales, nos impide disfrutar de los frutos de nuestro trabajo, nuestra propiedad privada, con el único objeto de tener liquidez para efectuar promesas electorales.

         La viabilidad del actual sistema según sindicatos y políticos sólo pasa por reducir las pensiones (injusto), por incrementar los impuestos (injusto) o por ambas cosas a la vez (doblemente injusto). Nadie tiene el valor de dejar a los trabajadores que ahorren por su cuenta, que decidan el nivel de riesgo de sus inversiones y que finalmente capitalicen lo ahorrado en forma de renta vitalicia o de cantidad global. 

         No se propugna aquí la eliminación del sistema público, se abre la posibilidad al ahorro privado, de la eliminación de la confiscación de la propiedad privada por parte del actual sistema. No se limitan posibilidades, se amplían y con ello la libertad y la viabilidad del sistema, garantizando a los trabajadores que menos ingresan que puedan el día de mañana cobrar lo ahorrado, o en el caso de fallecer dejárselo a sus descendientes que no se verán sin nada de los frutos de sus progenitores, rompiendo así una maldición de los más desfavorecidos, que no pueden dejar herencia a su hijos que se ven abocados a partir de cero, en inferioridad de condiciones económicas que aquellos que sí han podido heredar de su padres que, aún no siendo pensionistas, han podido ahorrar en el sector privado y lo han dejado en herencia. 

       Todo este análisis y propuesta viene avalado por la tasa de rentabilidad de las cotizaciones públicas efectuadas por trabajadores y empresarios a lo largo de la vida laboral, que es lamentable, en comparación con la evolución del sector privado y los mercados, algo que ningún detractor de la capitalización puede negar desde el momento en que le actual Gobierno ha decidido invertir parte del fondo de pensiones en bolsa dada su mayor rentabilidad a largo plazo. El mensaje es evidente, te retiramos parte de tu salario, no te lo devolveremos hasta dentro de muchos años, si es que te lo devolvemos, y además invertimos en bolsa, ya que tú, trabajador, en esto, como en tantas cosas, dependes de mi, el Estado, que creo saber más que tú. 

        Las pensiones cobradas por la gran mayoría de trabajadores en España no justifican el esfuerzo de cotización efectuado, de ahí que el colectivo que sí puede elegir su nivel de contribución, los autónomos, sea el que menos cotiza teniendo al menos una mínima opción por detraer recursos al sistema para aportarlos a los planes privados. El trabajador asalariado de bajos ingresos no tiene esa opción, el sistema que pretende ampararlo coarta su libertad, no lo considera responsable en grado suficiente como para guiar su vida y sus ahorros. No se trata de eliminar la seguridad social pública: quien lo desee puede seguir en ella, quien no, ha de tener la libertad para salirse y ahorrar por su cuenta. El Estado velaría porque todos los ciudadanos tuvieran alguno de los dos sistemas: el público o el privado para evitar oportunistas que no deseen ahorrar nada y luego reclamen una  pensión mínima de subsistencia. 

        La actual evolución de la demografía española hará que cada vez más los trabajadores en activo se vean más presionados en sus salarios y rentas para mantener un sistema inviable por la falta de valentía de los políticos de todos lo colores. La llegada de trabajadores inmigrantes no alivia el sistema ya que ellos mismos serán titulares de prestaciones tras escasas cotizaciones al haber ocupado puestos de baja cualificación, y con ellos los familiares reagrupables, en muchos casos los progenitores, que también tendrán  derecho a prestaciones no contributivas. Como vemos la quiebra del sistema no es un riesgo, es una realidad a medio plazo que nadie se atreve a atajar evitando de esa forma la ruina de los que menos tienen. ¿Por qué?