El Derecho a defenderse.

Artículo para El Norte Económico. Diciembre de 2007. 

 

Las últimas noticias sobre asaltos a viviendas unifamiliares en Gijón me obligan a reflexionar, una vez más, sobre el fracaso del Estado y, por lo tanto, el mal uso de los fondos públicos.

 

He dicho en más de una ocasión, y ya hay quien me ha contestado en este mismo medio, que el Estado es la  institución coactiva por excelencia cuyo origen elitista tan bien nos describe en su obra el economista “austriaco” y anarcocapitalista Hans Herman Hoppe, que a su vez sigue a clásicos tan olvidados como Bertran de Jouvenel.

 

El Estado, hoy omnipresente en nuestra vida, transformado en más que un “ogro filantrópico”, que decía Octavio Paz, ha abandonado una de sus funciones básicas: velar por la seguridad física de sus ciudadanos y de sus propiedades obtenidas legalmente. Guste o no, esta es la función esencial por la que un Estado recauda impuestos. La dejación de responsabilidades en la protección de la vida y de la propiedad por los Estados de Derecho, obliga a todo ciudadano a autodefenderse, a exigir el derecho a portar armar para garantizar su vida, la de su familia y la de sus posesiones.

 

En una época donde el Estado desea cubrir todas las necesidades de la población, reales o ficticias, reclamadas o inventadas, el aumento de la seguridad privada muestra que los ciudadanos cada día confían menos en los medios estatales, se sienten más abandonados y comprueban que la solución es el mercado.

 

Como dijo ese otro autor tan denostado F. A. Hayek, en su libro Los Fundamentos de la Libertad, al hablar sobre la redistribución de la riqueza por medio de un impuesto de la renta progresivo y no proporcional: “desearía poder omitir este capítulo. La dialéctica empleada contradice criterios tan extendidos que por fuerza tiene que ofender a muchos”. Así es, en este asunto como en tantos otros de nuestra cotidianidad, reconocer que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no son una prioridad de los políticos, que las empresas de seguridad privada cada vez asumen más competencias con mejores resultados, incluso en la protección de instituciones públicas, y que cada día hay más ciudadanos que optan por tener las armas que en España son legales en sus viviendas, por miedo a ser atacados, parece que no es del agrado de nadie, aunque muchos lo comprendan o lleguen a estar de acuerdo soto voce.

 

La libertad exige que existan ciertos grados de seguridad. El debate contraponiendo estos dos valores pervierte su verdadero sentido en cuanto que se critica la presencia policial, de seguridad privada y de cámaras de seguridad como un ataque a la libertad de los ciudadanos, pero se apoya sin complejos la confiscación diaria de nuestros ingresos vía impuestos, como si esta segunda medida no limitase mucho más la libertad de todos que el hecho de ser grabados en el interior de una empresa o caminado por la calle.

 

El problema no es que me graben o que halla mucha policía, el problema viene con el mal uso de las grabaciones o el abuso de la autoridad. Ante estos problemas, un ciudadano puede reaccionar siempre que se encuentre frente a una empresa privada, nunca podrá hacer nada si frente a sí tiene a una Administración.

 

Quienes han sufrido la experiencia de ser robados, de ser asaltados en su propio domicilio, seguro que valoran la seguridad como medio para sentirse libres y no atemorizados. Seguro que estos ciudadanos ven con buenos ojos el incremento de la policía en sus barrios, sino es que recurren a las empresas privadas, y seguro que más de uno está a favor de poder tener armas en su casa.

 

De nada sirve un salario mínimo digno, una vivienda digna o una pensión digna, si por nuestras calles andan, a su anchas, individuos que en unos minutos nos pueden robar todo eso y más. De nada sirven los discursos sociales si los ciudadanos no se sienten libres en sus casas y viven atemorizados cada vez que la noche se acerca.

 

La vida en la zona rural o las urbanizaciones cada día se asemeja más a la imagen futurista de familias aisladas del núcleo de la sociedad, las mega-ciudades, que precisan proteger con la violencia sus posesiones y a sus miembros  de la acción de los “merodeadores”.

 

No hay debate entre libertad y seguridad. Son lo mismo, ambas se necesitan, y el Estado si desea seguir siendo creíble debe velar por cumplir primero con su función principal y luego, si se le deja encargarse del resto de asuntos. Si no lo hace, justifica a quienes consideramos que ha fracasado, el Estado y no la Policía o la Guardia Civil, y que debe dejar paso a las entidades privadas para que se hagan cargo de nuestra seguridad, claro que antes deberán rebajar los impuestos al no ser necesarias partidas para dicho capítulo.

 

A pesar de lo que diga Al Gore, que en la portada de su libro El Ataque Contra la Razón denuncia la “política del miedo” de su Gobierno en relación al terrorismo y la delincuencia, a muchos españoles les da más miedo, hoy, las bandas de ladrones que el cambio climático, y parece que a nuestros políticos les preocupa más este segundo que nuestra seguridad y nuestra libertad.