De forma sibilina en algunos casos, y descarada en otros, poco a poco se nos ha ido convenciendo que determinadas cuestiones en materia social son irrenunciables para el Estado de Derecho. Cuestiones que nadie se atreve a combatir por miedo a ser tachado, señalado y conceptualizado como un reaccionario. Desde un plano teórico-ideológico la última reforma laboral aprobada por el Gobierno no es la reforma laboral que se esperaba, no es la reforma laboral que nuestra nación española necesitaba, y no es, siquiera, un paso más de evolución progresiva de toda sociedad hacia su último estadio racional que es la democracia liberal. Estas son el tipo de cosas que “no se pueden decir”.
Equivocadamente, pero intencionalmente, se nos ha dicho que el liberalismo es sinónimo de capitalismo salvaje, y a su vez se ha identificado capitalismo salvaje con todo tipo de malas prácticas empresariales. Deberíamos escribir muchas páginas de un periódico como éste para poder explicar todas las corrientes liberales que existen, incluso para dejar claro que el concepto liberal, concepto acuñado en las discusiones de la Constitución de 1812, también ha sido tergiversado por intereses espurios, como tantos otros conceptos jurídicos, económicos y políticos. Liberal en los Estados Unidos de América significa, representa, algo distinto a lo que significa liberal para los europeos. Pero para casi todos, la idea liberal no va relacionada con la defensa de la libertad absoluta de los individuos, sino con la defensa de un relativismo moral. Craso error.
La última reforma laboral aprobada por el Gobierno, tras un nuevo episodio del neocorporativismo social impuesto en España bajo el epígrafe de "diálogo social", y que no es más que la muerte de la vida parlamentaria, la usurpación de la soberanía nacional, de la voluntad popular, por unas elítes mínimamente representativas de la sociedad, pues dicha reforma, impuesta, ha ahondado en los múltiples y complejos errores y circunloquios que tiene nuestro Derecho del Trabajo, un derecho que justificadamente nació para salvaguardar una parte, los trabajadores, que se encontraba en indefensión en una determinada época social, en un determinado estadio histórico que en nada se parece al actual. Ejemplo de que en libertad, bajo el capitalismo, se avanza a mejor, como se puede comprobar en Taiwán, Korea del Sur, Chile, Costa Rica, etc.
No hemos de olvidar que las diferencias sociales no son de ahora ni de antes, ni del mañana, y que los estudios económicos en aras a lograr el mayor equilibrio social, que no al igualitarismo reduccionista y discriminador, con el fin de compaginar la moral con la libertad individual, son mucho más antiguos de lo que se piensa. Si para muchos, como antes decíamos, el concepto liberal se ubica en la discusión de la Constitución de 1812, muchos sólo son capaces de relacionar esta forma de entender la vida con la Escuela Austriaca de Economía, o, incluso, solamente osan hablar de liberalismo entre autores anglosajones, ya sean Británicos o de los Estados Unidos de América. Pero pocos son los que tienen claro que los inicios del verdadero liberalismo económico y social, ya que moral cívica y liberalismo económico han ido siempre de la mano, se remontan a nuestra propia historia, a la Escuela de Salamanca y al mismísimo Juan de Mariana, autor de la Teoría del Regicidio; si el Rey, el Estado, no cumple, es lícito acabar con el Rey, es lícito reducir la presencia del Estado al mínimo posible con el fin de interferir lo menos posible en la vida de los súbditos, de los ciudadanos.
Nuestro actual sistema democrático, al que quisiéramos poder llamar democrático liberal, se ve cada vez más y más regulado por multitud de normas que coartan la libertad individual y trasladan a las administraciones, ya sean nacionales, autonómicas o locales, la capacidad para decidir por el individuo, por el ciudadano, eclipsado por la masa conocida como ciudadanía. Por eso, yendo más allá, comprobamos como desde distintos flancos de la economía, de la sociedad, de la política, o incluso de la religión, se intenta retrotraer nuestro día a día a la Edad Media estableciendo estatutos particulares para colectivos bien diferenciados anulando los derechos individuales y estableciendo los derechos colectivos, y ejemplos tenemos en Iris Marion Young, y su "ciudadanía diferenciada" y el politólogo Will Kymlicka, dispuestos a tolerar derechos especiales de representación para determinadas minorías. ¿Serán parte de esas minorías los sindicatos y la patronal que en nombre de un pequeño porcentaje de la población han impuesto una reforma laboral a todos los ciudadanos en nombre del "diálogo social" y el Gobierno, de todos los españoles, ha cedido?
La reforma laboral que muchos esperábamos, que muchos que nos dedicamos al Derecho del Trabajo esperábamos, iba encaminada a reconocer que nuestra economía, absolutamente globalizada, afortunadamente globalizada por mucho que a eso nos opongamos, requiere de una mayor apertura, requiere de una mayor profundización en las medidas liberalizadoras. Y esto último, liberalizar el mercado de trabajo, no significa dar pasos atrás en la defensa de los derechos individuales y en la defensa de los derechos de los trabajadores, en tanto que son individuos, ciudadanos del estado nacional, significa trasladar mayor responsabilidad a la sociedad, retirar responsabilidad a organismos que se autoproclaman representantes de determinados colectivos y que desde hace mucho tiempo han perdido dicha representatividad. Una reforma laboral de tintes más liberales habría sido aquella que reconociera que los trabajadores y los empresarios, dado el nivel de cualificación que existe en nuestra nación, saben resolver sus problemas sin tener que acudir de forma permanente a leyes que decidan por ellos suprimiendo la primacía del Derecho, la libertad bajo el Derecho (rule of law, freedom under the law) por el imperio de unas leyes (que no Derecho) intervencionistas, de baja calidad técnica y de nula proyección de futuro. A mayor libertad, mayor responsabilidad, a mayor libertad de nuestras economías, incluido el mercado de trabajo, más oportunidades para los países en vías de desarrollo. Interesante, imprescindible, En Defensa del Capitalismo Global, de Johan Norberg, Unión Editorial, Madrid, 2005.
El futuro de la democracia liberal pasa por el fortalecimiento de unas instituciones que no tengan el fin de controlar la vida de las personas, pasa por la transformación de nuestras sociedades a través de la desregulación de nuestros contratos diarios, pasa por el fortalecimiento de la responsabilidad individual y pasa por el quebrantamiento de la idea de que social significa necesariamente estar amparados y protegidos permanentemente por el Estado. El liberalismo es el mejor camino para alcanzar la verdadera justicia social cuando los individuos conscientes de su responsabilidad en tanto que trabajadores y en tanto que empresarios saben para lo que se unen, saben el tiempo que va a durar esa unión y saben cuándo esa unión ha de acabar, sin temer unos por el precio y otros por buscar un nuevo puesto de trabajo que no asoma por lugar alguno mientras el Estado todo lo desee tutelar.
El fortalecimiento, la rigidez, del mercado de trabajo español, la regulación absoluta de las relaciones laborales de nuestro país o de cualquier otro país de la Unión Europea está llevando inexorablemente a que muchas empresas con posibilidad de movilidad geográfica abandonen nuestras fronteras para situarse en aquellos países que han comprendido que el liberalismo es la única solución para progresar económica y socialmente. Y esta es una de las ventajas de la globalización, las empresas que de aquí se van, se instalan donde antes no había oportunidades de trabajo, siendo interesante estudiar la evolución de las repúblicas bálticas, su proceso de apertura económica radical tras la liberación del yugo soviético, su espectacular crecimiento gracias a la absoluta liberación de los mercados, y como, tras su acceso a la UE, se han visto obligadas dichas repúblicas a instaurar una regulación rígida que ha frenado en seco su crecimiento. Mart Laar, quien fuera Primer Ministro de Estonia en dos ocasiones, la primera con 32 años, ejemplifica bien ese retroceso cuando en las negociaciones con la UE les tuvo que preguntar a sus interlocutores de Bruselas si les dejarían ser, tras entrar en la UE, una economía de mercado o les exigían volver al sistema intervencionista que les había sumido en el hambre más de 70 años.
Por otro lado, la defensa de lo social a ultranza en los países occidentales significa, sin ningún tipo de duda, la esclavización, la humillación y el encadenamiento de los países pobres en vías de desarrollo al verse incapacitados a competir en nuestros mercados y con nuestros trabajadores. De ahí, que regulaciones laborales como la última, con el fin legítima de mejorar nuestro empleo, no deben ir por el camino de la solución estatal, ni siquiera cuando lo deciden los sindicatos y los empresarios a los largo de más de un año de negociaciones, para al final, obligar a publicar en el BOE una norma "urgente" y que sólo es un lastre más para nuestro progreso como país occidental.
Han sido muchas las jornadas y congresos que se han celebrado para analizar el contenido jurídico de la última reforma laboral, mis palabras han querido analizar el trasfondo ideológico de dicha reforma, y, en ambos planos, se coincide en que no era esto lo esperado. Para unos es necesaria más intervención, para otros, entre los que me incluyo, el ciudadano es suficientemente maduro, en tanto que trabajador y/o empresario como para empezar a regir su vida sin la colaboración ni el apoyo del Estado en cualquiera de sus vertientes; nacional, autonómica y/o local.
