Publicado hoy en EL NORTE ECONÓMICO
Nuestro compañero y Maestro Juan Velarde lleva meses advirtiéndonos de una crisis económica que ahora ratifica el Nobel de Economía Gary S. Becker, y que se suma a otra crisis, de menor intensidad mediática, pero de largo alcance y de gran afectación general, como es la del Derecho Social o Derecho del Trabajo, por un lado, y el de la Seguridad Social por otro.
El 14 de marzo de 1980 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el Estatuto de los Trabajadores dando cumplimiento así a lo dispuesto por la Constitución de 1978, concretamente al apartado 2º de su artículo 35. Como nuestros “Padres de la Patria”, no fueron tan proclives al discurso político filosófico como los padres fundadores de los USA, no podemos esgrimir principios o espíritu alguno que inspirase esta ley, de hecho lo que se vino a hacer, como es practica habitual entre los legisladores de todo el mundo en la actualidad, es comprobar qué había en los países de nuestro entorno, y se intentó hacer algo parecido ajustado a nuestra realidad económica y social, concretamente nuestro legisladores, para la redacción de nuestro Estatuto de los Trabajadores tuvieron en gran consideración la norma hermana existente en la Republica Italiana.
Más de 25 años tiene la norma que regula las relaciones laborales de los trabajadores españoles. Una norma que afecta más a nuestra vida que cualquier otra y que sin embargo no tiene la presencia en los medios de comunicación que se debiera esperar.
Cuando se redactó esta norma la situación económica y social de España era una, al igual que la de su entorno, ahora, esa situación ha cambiado de forma drástica, en lo económico, en lo social y en la posición de España en la UE y en el mundo. ¿Ha cambiado el Estatuto de los Trabajadores? Es más, ¿han cambiado los agentes sociales que intervienen a lo largo de todo su articulado: Administración, empresarios, sindicatos y trabajadores? Podemos decir a algunas cosas que sí, y a otras que, rotundamente, no.
Es evidente, que a pesar de todas las reformas que a lo largo de estos más de 25 años ha sufrido el Estatuto éste no se ha adaptado a la nueva realidad económica, y que las empresas de nuestro país no encuentran soluciones en el mismo, ya que, a la larga, se ha convertido en un instrumento de defensa radical de una posición en el mundo del trabajo, anclada en la defensa de los intereses de unos pocos en perjuicio de la mayoría.
A esta situación actual han contribuido los distintos Ministros de Trabajo que ha habido, que en algunos caso por no querer, en otros por no poder, y en muchos por temer la reacción de algún agente social, han ido poniendo parches o incluso acentuado la versión intervencionista de la norma.
En aquellas ocasiones que se ha querido ir más allá de lo razonable para esta conciencia social que vela por nuestro supuesto bienestar social, “la calle” ha sido tomada frenando las propuestas del Parlamento, o dicho de otra forma, una minoría ha bloqueado y anulado la voluntad popular de todo el pueblo español.
Por su parte los agentes sociales; empresarios y sindicatos, se ha acostumbrado a ser preguntados por el Gobierno cómo legislar en estas materias, y hemos elevado a categoría política la concertación social, llegando al extremo, en la actualidad, de solicitar su inclusión en el nuevo estatuto de autonomía de Asturias, secuestrando parte de la legitimidad natural del poder legislativo autonómico para concederlo a unas organizaciones, patronal y sindicatos, que no se presentan a las urnas.
España en su conjunto, y Asturias en particular, precisan de un profunda y urgente reforma laboral, una reforma que adapte las relaciones laborales a la actual situación económica donde los ciudadanos reclaman mayor liberad individual, y por lo tanto económica, una situación donde la economía no admite trincheras, donde el corte de carreteras sólo perjudica a nuestro circulo más cercado y no favorece a nadie, una situación donde algunas organizaciones han perdido su lugar y no saben como recuperarlo más que elevando el tono del discurso e intentando participar en aquellos debates para los cuales no fueron creadas.
El Estatuto de los Trabajares, con 27 años, es una norma vieja, el sistema de relaciones laborales que establece no sirve para la economía del siglo XXI, y junto a él, el sistema de Seguridad Social, de especial interés para esa gran masa de asturianos que vive de las pensiones, justamente reclamadas a un Estado depredador vía impuestos, que, de no ser seriamente reformado verá en unos años perder su status social, y los que aún no hemos accedido a él, tendremos que sufragarlo y nunca disfrutarlo.
Son necesarias reformas tan profundas que bien podríamos hablar de una revolución, eso sí, liberal. Una reforma que devuelva poder de decisión a los trabajadores en sus centros de trabajo, sin intermediarios, una reforma que sepa distinguir la actitud emprendedora de las grandes corporaciones, una reforma que ponga el acento en el trabajo y no en las prestaciones sociales desincentivadoras del mismo, una reforma que garantice el día de mañana las pensiones, una reforma que ponga más dinero en manos de los trabajadores y empresarios vía reducción de impuestos y no con créditos fáciles, una reforma que nos permita continuar creciendo frente a la amenaza de los países emergentes que saben de nuestra debilidad estructural para competir: el Estado de Bienestar.
