Bombillas, Chinos, Ecologistas y Globalización.
Publicado en El Norte Económico, mes de septiembre de 2007.
Ser absolutamente coherente en esta vida es imposible. Recele usted de quién le diga que actúa de forma coherente con su forma de pensar, primero porque seguro que piensa poco y repite mucho, y, segundo, porque ningún pensamiento, ni ideología ni estilo de vida es coherente al cien por cien, siempre nos invade un subjetivismo que nos lleva a violar nuestros principios y caer en la incoherencia.
Dudo que los chinos sean muy coherentes con sus políticas, he ahí su país y sus dos sistemas. Tengo para mí que los ecologistas dejan mucho que desear en sus propias vidas, y sino veamos el caso del premiado Al Gore, su jet privado, su mansión y sus minas. Y qué me dicen de nuestra querida Unión Europea. Los colonos yanquis iniciaron una revolución contra la metrópoli británica para evitar ser gobernados por burócratas desde miles de kilómetros de distancia, y, ahora, nosotros nos dejamos gobernar por Bruselas con absoluto dócil entusiasmo, con la certeza de que nada de lo que la UE aprueba entendemos ni queremos comprender ¿para qué?
Solemos destacar la ignorancia de los norteamericanos sobre Europa o Latinoamérica, pero no queremos ver nuestra ignorancia sobre ellos e incluso sobre “nuestra” Hispanoamérica, y lo que es peor, sobre las instituciones que nos gobiernan, algo, que ningún norteamericano desconoce desde los primeros cursos.
Pues bien, una de las áreas más interesantes e incoherentes de la UE es su política arancelaria y de ayudas a los productores y agricultores europeos. Doscientos años de lucha por el libre comercio y ahora tenemos a los “antiglobalización”, ecologistas incluidos, por un lado, y a los burócratas europeístas por otro luchando contra la mejor solución contra la pobreza y las guerras: el libre comercio mundial.
Cómo ser coherentes, cómo querer que los agricultores africanos salgan de la pobreza sino les dejamos vender sus productos en Europa y subvencionamos a nuestros agricultores, menos productivos y más caros. Cómo queremos ayudar a los países del tercer mundo si lo que fabrican paga hasta el sesenta y seis por ciento de arancel para entrar en nuestras fronteras.
Cómo ser coherentes sino sabemos que bombilla enroscar ni cuantos eurodiputados necesitamos para enroscarla.
Precisamente en un alarde de coherencia contra el (¡oh, terror!) cambio climático y la promoción del ahorro energético, la Comisión ha prorrogado los aranceles para las bombillas de bajo consumo provenientes de China a favor de las bombillas de filamento producidas por las fábricas de la UE. En el fondo todo es negocio europeo, las bombillas ecológicas las produce Philips, empresa europea, en China y las de Osram, empresa europea, se producen en Alemania (¿Nuevas Corn Laws?). ¿Qué es más importante: el ahorro energético o la economía alemana?. ¿Dónde queda la coherencia de los burócratas de la UE, que además con estas medidas frenan el desarrollo de China y la salida da la pobreza de millones de chinos frente a la abundancia del estado de bienestar alemán?
Y los ecologistas ¿qué sucede con ellos? Resulta que ahora ellos son los defensores del libre comercio, ellos los que desean eliminar los aranceles que permitirían a los europeos comprar bombillas de bajo consumo a precios más competitivos. Ahora sí, ahora apoyan el libre comercio capitalista, pero siempre después de haber estado a la cabeza de toda manifestación contra la globalización, verdadero motor del libre comercio y de la expansión de la riqueza y los derechos entre todos los trabajadores del mundo.
En economía hay muchas cosas que se ven a simple vista y otras muchas que no se ven, que se han de intuir y valorar con la misma fortaleza que las más obvias. Así Frédéric Bastiat (1801-1850), publicó Lo que se ve y lo que no se ve (http://bastiat.org/es/lqsvylqnsv.html) y Henry Hazlitt (1894-1993), siguiendo sus pasos, publicó Economía en una Lección. Ambos nos hacen ver aquello que a primera vista no se puede ver y que en el presente supuesto es la absoluta desfachatez de los burócratas de la UE, el cinismo de los ecologistas y el oportunismo de una China que no renuncia a la dictadura comunista y se aprovecha de las necesidades del consumo mundial. Por otro lado también podemos ver, sin prejuicios, que sólo el libre comercio y la eliminación de 95 por 100 de los burócratas nos ayudará a acabar con el verdadero problema de nuestro planeta, que no es el cambio climático, sino la pobreza extrema de millones de personas ... y, quizás también, la UE.
Como bien decía Barry Goldwater: “Mi ánimo no es aprobar leyes, sino derogarlas”.
Derechos, necesidades y obligaciones. ¿Sabemos de qué hablamos?
Toda necesidad es un derecho. o eso decía Eva Perón enfundada en "sus" joyas y su pieles a "sus" descamisados.
El ejercicio de todo derecho se ha de poder reclamar del Estado, más si dicho derecho está reconocido en la norma fundamental de dicho Estado.
El derecho a un sistema universal y gratutito de seguridad social es parte indisoluble de todo Estado Social.
España es un Estado Social y Democrático de Derecho.
El artículo 41 de nuestra Consitución grantiza el derecho a un sistema universal, público y gratutio de seguridad social.
¿En qué momento este derecho de los ciudadanos españoles se convierte en una obligación?
El Artículo 23, de la Ley 20/2007, que aprueba el Estatuto del Trabajador Autónomo, regula el derecho a la Seguridad Social de este colectivo. Nos dice:
1. De conformidad con el artículo 41 de la Constitución, las personas que ejerzan una actividad profesional o económica por cuenta propia o autónoma TENDRÁN DERECHO al mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social, que les garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Las prestaciones complementarias serán libres.
La misma Ley, en su artículo 25, regula la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos:
1. La cotización es OBLIGATORIA en el Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en los términos previstos en el artículo 15 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y demás disposiciones de desarrollo.
No por conocidas estas normas y contradiciones, al menos para los laboralistas, nos vuelve a sorprender al verlas en esta nueva norma que viene a encorsetar más la economía de nuestro país y a restringir más la independencia y libertad de quien más la debe reclamar, los autónomos. La socialdemocracia es tan fuerte, a la derecha y a la izquierda, que no va dejando margen para la libertad, la responsabilidad y el riesgo.
El futuro de nuestras pensiones. Una vez más.
Artículo publicado en EL NORTE ECONÓMICO, de agosto de 2007. Este periódico económico de periodicidad mensual, editado por Madú, aún no está en la red y se limita su distribución a Asturias.
Que España sea un Estado Social y Democrático de Derecho que ha de garantizar la existencia de un sistema de seguridad social universal y gratuita significa, ni más ni menos, que el Estado, al albur de las decisiones de los políticos de turno, decide cuánto dinero retirarnos de nuestros ingresos y cuánto devolvernos en el futuro, si es que nos devuelve algo.
Desde que los llamados agentes sociales y la Administración empezaron a tomarse en serio la dudosa viabilidad del sistema muchas han sido las discusiones sobre como evitar la quiebra. Desde el Pacto de Toledo hasta nuestros días, algunas han sido las alternativas planteadas y las medidas adoptadas. La última, el acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social, firmado el 13 de julio de 2006 y publicado en la web del ministerio. Pero en ningún caso, nadie ha tenido el coraje de devolver a los trabajadores sus ahorros, de confiar en ellos mismos para la gestión de su dinero, de romper con el tabú de la privatización y de dar la opción a todos los ciudadanos de continuar con el sistema público, si así lo desean, o de abandonar el mismo y crear una cuenta de ahorro capitalizable, con mayor o menor riesgo, pero con la libertad de elegir, de cobrar en el futuro y de dejarlo en herencia a su hijos.
El actual sistema conocido como de reparto supone la detracción a empresarios y trabajadores de considerables cantidades que sirven para abonar las pensiones actuales. Nuestro dinero deja de ser nuestro, dado que se entrega a los actuales pensionistas. Nadie nos garantiza que el día de mañana cobraremos una pensión. Nadie nos garantiza el tiempo que podremos cobrarla, y por supuesto si nos morimos antes nadie nos devolverá el dinero retenido, ni nuestros descendientes lo podrán reclamar. Estamos ante una verdadera confiscación estatal que nos retira parte de nuestros esfuerzos laborales, nos impide disfrutar de los frutos de nuestro trabajo, nuestra propiedad privada, con el único objeto de tener liquidez para efectuar promesas electorales.
La viabilidad del actual sistema según sindicatos y políticos sólo pasa por reducir las pensiones (injusto), por incrementar los impuestos (injusto) o por ambas cosas a la vez (doblemente injusto). Nadie tiene el valor de dejar a los trabajadores que ahorren por su cuenta, que decidan el nivel de riesgo de sus inversiones y que finalmente capitalicen lo ahorrado en forma de renta vitalicia o de cantidad global.
No se propugna aquí la eliminación del sistema público, se abre la posibilidad al ahorro privado, de la eliminación de la confiscación de la propiedad privada por parte del actual sistema. No se limitan posibilidades, se amplían y con ello la libertad y la viabilidad del sistema, garantizando a los trabajadores que menos ingresan que puedan el día de mañana cobrar lo ahorrado, o en el caso de fallecer dejárselo a sus descendientes que no se verán sin nada de los frutos de sus progenitores, rompiendo así una maldición de los más desfavorecidos, que no pueden dejar herencia a su hijos que se ven abocados a partir de cero, en inferioridad de condiciones económicas que aquellos que sí han podido heredar de su padres que, aún no siendo pensionistas, han podido ahorrar en el sector privado y lo han dejado en herencia.
Todo este análisis y propuesta viene avalado por la tasa de rentabilidad de las cotizaciones públicas efectuadas por trabajadores y empresarios a lo largo de la vida laboral, que es lamentable, en comparación con la evolución del sector privado y los mercados, algo que ningún detractor de la capitalización puede negar desde el momento en que le actual Gobierno ha decidido invertir parte del fondo de pensiones en bolsa dada su mayor rentabilidad a largo plazo. El mensaje es evidente, te retiramos parte de tu salario, no te lo devolveremos hasta dentro de muchos años, si es que te lo devolvemos, y además invertimos en bolsa, ya que tú, trabajador, en esto, como en tantas cosas, dependes de mi, el Estado, que creo saber más que tú.
Las pensiones cobradas por la gran mayoría de trabajadores en España no justifican el esfuerzo de cotización efectuado, de ahí que el colectivo que sí puede elegir su nivel de contribución, los autónomos, sea el que menos cotiza teniendo al menos una mínima opción por detraer recursos al sistema para aportarlos a los planes privados. El trabajador asalariado de bajos ingresos no tiene esa opción, el sistema que pretende ampararlo coarta su libertad, no lo considera responsable en grado suficiente como para guiar su vida y sus ahorros. No se trata de eliminar la seguridad social pública: quien lo desee puede seguir en ella, quien no, ha de tener la libertad para salirse y ahorrar por su cuenta. El Estado velaría porque todos los ciudadanos tuvieran alguno de los dos sistemas: el público o el privado para evitar oportunistas que no deseen ahorrar nada y luego reclamen una pensión mínima de subsistencia.
La actual evolución de la demografía española hará que cada vez más los trabajadores en activo se vean más presionados en sus salarios y rentas para mantener un sistema inviable por la falta de valentía de los políticos de todos lo colores. La llegada de trabajadores inmigrantes no alivia el sistema ya que ellos mismos serán titulares de prestaciones tras escasas cotizaciones al haber ocupado puestos de baja cualificación, y con ellos los familiares reagrupables, en muchos casos los progenitores, que también tendrán derecho a prestaciones no contributivas. Como vemos la quiebra del sistema no es un riesgo, es una realidad a medio plazo que nadie se atreve a atajar evitando de esa forma la ruina de los que menos tienen. ¿Por qué?
Seguridad social, inmigración, mujeres y servicio doméstico.
O De como el Estado cuando puede lo hace mal, ya que con éste título es como se ha publicado el siguiente artículo en EL NORTE ECONÓMICO del mes de julio.
"A nadie se le puede escapar que en los últimos años España ha progresado económicamente y que gracias a ese progreso se ha convertido en un buen destino para miles de inmigrantes que buscan una mejor vida y un mejor futuro para ellos y sus hijos. Ser inmigrante es ser un emprendedor, es poner todo tu patrimonio al servicio de un objetivo, salir de la pobreza, mejorar. Nadie arriesga más que un inmigrante. Así mismo, se puede comprobar como han sido las mujeres las que más veces han dado este paso, y se han decidido a venir a nuestra nación desde todos los países imaginables. Estas mujeres suelen iniciar su contacto con el mercado de trabajo español a través del servicio doméstico.
Pero el progreso económico no sólo ha beneficiado la llegada de inmigrantes, de empresarios en potencia, ha beneficiado, y mucho, a las propias familias españolas que hemos visto crecer nuestro poder adquisitivo y así tener la opción de contratar a alguien para que se haga cargo de nuestros familiares mientras trabajamos. Preferimos reducir nuestro consumo superfluo o de ocio por el mantenimiento de nuestros padres y/o abuelos en sus domicilios, o incluso en el nuestro, atendidos por inmigrantes, que son quienes sí están dispuestos a prestar estos servicios.
Es evidente que las familias españolas optan por trabajadores inmigrantes por su facilidad de contratación y por su mayor demanda de trabajo en este tipo de servicios, ya que los propios inmigrantes son conocedores que ésta es una buena forma de acceder a la documentación tan deseada. Y es evidente que ninguna familia española contratará a un extranjero para cuidar de sus seres queridos (hijos, padres, abuelos) si antes no ha conocido al mismo y le ha visto como se relaciona con ellos.
Pues bien. Todas estas evidencias, crecimiento económico, interés por el cuidado personal de nuestros familiares, inmigración femenina y servicio doméstico en alza, han servido a nuestra querida Administración para confirmar lo ya dicho por Jean-Batiste Say: el intervencionismo es beligerante. La Administración cuando puede se entromete y lo hace mal. Porque de ninguna otra forma podemos calificar la reforma que propone el Ministerio de Trabajo (que mejor se llamaría de ocio) para modificar el Régimen Especial de Empleados del Hogar y encarecer la seguridad social de estos trabajadores con la excusa de reconocerles más derechos.
Si hasta ahora el sistema tal y como estaba había permitido a miles de mujeres acceder a su primer trabajo en España y conseguir su regularización, el sistema también ha permitido a miles de familias de clase media atender a sus familiares en su domicilio: ¿a qué viene este interés intervencionista ahora? Sólo hay un fin en todo esto: recaudar, intervenir, dominar al ciudadano, pero sin pararse a pensar que si la seguridad social de los empleados del hogar va a ser más cara, si a las familias les va a ser necesario contratar un graduado social para llevar la burocracia de su empleada (contrato, nóminas, etc.) que hasta ahora no era obligatorio, etc., el resultado es el contrario: habrá más trabajadores del servicio doméstico sin contrato o bien habrá menos contrataciones, y ello con las evidentes consecuencias de más inmigrantes sin papeles y sin trabajo, más ancianos sin ser atendidos en sus domicilios, más madres trabajadoras preocupándose de cómo cuidar de sus hijos pequeños, más presión para el sistema público (excusa para subir más los impuestos), y más presión para las familias que, en muchos casos, acabarán pagando una residencia/guardería privada con el correspondiente desapego de sus seres queridos en sus primeros/últimos días.
De nuevo, una vez más, y van muchas, el Estado, la Administración, ve una oportunidad de robar nuestros patrimonios con la excusa de dar más derechos a un colectivo, y, de nuevo, una vez más, y van muchas, los resultados serán los contrarios a los esperados, mientras que nadie esperará nunca un rectificación de los burócratas."
Argumentos políticos en la administración de la Justicia
No puede alegarse ni compartirse ninguna tesis política en los tribunales, ni por los magistrados, ni por la fiscalía, ni por los letrados, sin romper el criterio fundamental de libertad bajo la Ley, igualdad ante la la Ley.
La argumentación política circunstanciada por determinados hechos (un conflicto social-laboral, por ejemplo) para la resolución de particulares litigios, lleva, inexorablemente, a la desigualdad manifiesta y a la incertidumbre de los ciudadanos para con la Ley de todos.
El valor de la política como fundamento jurídico abre la puerta a la discreccionalidad, y ante ésta, se nos plantea el dilema de la libertad o la razón política, en muchos casos llamada "de Estado".
Finalmente, la Política, el Estado, siempre optan por el liberticidio, y junto a ello los jueces y demás coadyuvantes de introducir la coacción alegal, política, en los tribunales.
Subvenciones y Mercado de Trabajo.
Publicado en el nº 3 de EL NORTE ECONÓMICO, mayo de 2007.
Cada día cuesta más entender como aquellos que se llaman a sí mismos empresarios reclaman permanentemente de la Administración ayuda para sus empresas, cuando parece obvio – aunque seguro que no lo es – que la Administración es el mayor obstáculo para los empresarios en su camino para la creación de riqueza.
Ha podido leerse ya en las páginas de EL NORTE a más de un empresario asturiano reclamar más ayuda del Gobierno regional y/o de la Nación, olvidando que la libertad de empresa que les permite el ejercicio de su acción empresarial se asienta sobre la no injerencia de la Administración y de los funcionarios en la gestión del capital privado, por mucho que alguno nos recuerden permanentemente que la Constitución somete toda la riqueza nacional al interés general. ¿Y quién decide cuál es el interés general?
Estas reclamaciones de ayuda, y el ansia del burócrata por darlas con el fin de justificar su intervención, chocan con los datos reales, que en el área laboral han sido magníficamente expuestos por la Profesora Begoña Cueto Iglesias, en su trabajo Las Ayudas a la Contratación Indefinida en España, publicado por la revista electrónica de Economía Laboral de la Universidad de Oviedo. Las conclusiones son contundentes: estas ayudas no coadyuvan a la consolidación del empleo estable, incluso logran el resultado contrario al rescindir los empresarios los contratos bonificados cuando pasa el tiempo obligatorio de contratación exigido en la norma. La contratación bonificada dura lo que dura la bonificación y la obligación legal de mantener al trabajador contratado; finalizado dicho periodo se procede al despido que tendrá un coste igual a lo que se ha ahorrado con las bonificaciones y las subvenciones. Resultado: un trabajador con contrato indefinido que se queda al desempleo y un empresario al que no le ha costado nada ese despido ya que se lo ha pagado la Administración a través de bonificaciones y subvenciones.
En el fondo, en España, todos deseamos ser subvencionados, como en otros países todos desean ser proveedores de la casa real. La dicotomía entre subvención o responsabilidad individual en el mercado tiene tanta importancia como la buena gestión del erario público. Si no nos gusta que los políticos despilfarren nuestro dinero tampoco nos ha de agradar que se subvencione la iniciativa privada, a la cual no hay que subvencionar, sino dejar trabajar en libertad. La grandeza de la libertad de empresa y del imbatible sistema de mercado estriba en el reparto de los beneficios sin necesidad de ayudas redistribuidoras, siendo evidente que quien ha puesto en riesgo su dinero sea el más beneficiado, pero también el más perjudicado si su apuesta falla. Por eso ni subvenciones para apoyar el inicio, ni subvenciones para evitar el final de una empresa.
Algunos de los que nos dedicamos a asesorar a las empresas en el ámbito socio-laboral nunca hemos llegado a comprender la justificación técnica de las ayudas a la contratación más allá del puro objetivo político. Una empresa no gestiona sus recursos humanos en función de las ayudas que pueda recibir, y si lo hace es con el fin de coger el dinero no de estabilizar el empleo como demuestra el estudio de la profesora Cueto Iglesias. La realidad demuestra que las empresas contratan a quienes necesitan y una vez efectuada la contratación se nos encarga a los asesores que busquemos las subvenciones disponibles.
Toda empresa es temporal, incluso aquellas con vocación de permanencia y futuro. Toda empresa está sometida a los vaivenes del mercado y al mantenimiento de la necesidad que satisface y puede desaparecer por los cambios de parecer de los consumidores o porque el Estado se entrometa y sea un competidor desleal. Si toda acción empresarial es temporal, por definición todo el trabajo es temporal, aún cuando tengamos un contrato indefinido. Si a esta realidad se la intenta domar con subvenciones obtenidas de los impuestos de los propios trabajadores, al final tenemos el paradigma de nuestro actual sistema: Con los impuestos de la clase media trabajadora se subvencionan a los empresarios que no han sabido gestionar bien sus empresas.
Salarios. Mercado 2 - Administración 0
Al final va a ser esto una goleada. Insiste el diario Cinco Días en dejar en evidencia las medidas legislativas en el mercado de trabajo y pone de relieve los esfuerzos de las empresas por mantener conformes a sus empleados. El 27 de marzo de 2007 publica el diario económico las medidas salariales y los beneficios sociales que desbordan claramente todo lo que a un burócrata se le pueda imaginar.
Conciliación vida familiar y laboral. Mercado 1 - Administración 0.
La siguiente información ha sido publicada por el diario económico Cinco Días el 21 de marzo de 2007, y es el mejor antídoto frente a la diarrea legislativa de las socialdemocracias y cristianodemocracias en su afán por salvar al mundo de sí mismo. El mercado, ese santo laico, dando ejemplo a los burócratas de turno.
El debate sobre conciliación entre la vida laboral y la familiar, el modelo de la jornada de trabajo y las posibles medidas de flexibilidad está en presente en todos los foros empresariales. Las administraciones públicas quieren dar ejemplo a través del Plan Concilia, introducido hace un año, y la legislación va avanzando. Y algunas empresas ya han comprendido que, empezando por dar mayor flexibilidad en la jornada laboral, amplían la productividad y el nivel de compromiso de su plantilla.
La facilidad acordada al trabajador para atender una emergencia laboral, un horario abierto o la posibilidad de optar a una jornada reducida son algunas medidas en las que el mundo empresarial ha avanzado y ofrece modalidades que en algunos casos van más allá del mínimo legal. Son medidas diferentes, adecuadas a las necesidades de la empresa y la de los trabajadores, a veces aplicables a toda la plantilla o en otros casos concertadas directamente entre el empleado y su supervisor más directo.
Una primera clave de flexibilidad para poder mejorar la conciliación está en el horario. No supone grandes cambios ni costes, y es una de la medidas más valoradas por los trabajadores. Por estos motivos es la medida de flexibilidad más frecuente entre las empresas. Consiste en permitir a trabajador organizarse la jornada con el único requisito de cumplir las ocho horas diarias. Los trabajadores de Nike Iberia, por ejemplo, tienen la opción de entrar entre a la oficina entre las 8 y las 10 de la mañana y el promedio es de 40 horas semanales. En este caso, cada empleado acuerda su horario directamente con su supervisor en función de sus necesidades.
La mutua de accidentes de trabajo Asepeyo, con más de 4.500 personas contratadas, la mayoría sanitarios, técnicos en prevención de riesgos y comerciales, tiene fijado un horario mínimo de 10 a 5 de la tarde. En función de sus preferencias los trabajadores entran entre las 8 y las 10 y salen entre 5 y las 7. Igualmente, éstos eligen su hora de almuerzo, entre las 2 y las 4, pudiendo utilizar las dos horas enteras o conformarse con una y salir más temprano.
Una queja reiterada en los foros y debates sobre conciliación es la de las reuniones a última hora de la tarde. Mientras esta práctica esté en vigor, es difícil acercarse al objetivo de salir de las oficinas a las seis de la tarde, siguiendo el modelo europeo. Para acabar con el problema, algunas empresas como Nike han ido directas al grano: prohibidas las convocatorias a partir de las cinco de la tarde. En la multinacional japonesa Mazda, además de no celebrase después de las cinco, se indica la hora de terminación de la reunión.
La posibilidad de disponer de una jornada labora reducida es otra de las medidas de flexibilidad más comunes. Los trabajadores que lo deseen trabajan menos horas al día o a la semana a cambio de un sueldo proporcionalmente inferior. La ley establece el mínimo legal en el 33%. Procter & Gambles va más allá y permite reducciones del 10% del tiempo. El empleado puede así disfrutar de dos tardes libres sin renunciar a gran parte de su salario. La pérdida de poder adquisitivo supone que es el mayor freno para la aplicación de la medida.
En Repsol se ha estipulado la reducción de jornada en 1/5 en vez del tercio, equivalente a la jornada intensiva todo el año. Una jornada laboral reducida puede ser una medida especialmente adaptada a las necesidades de los padres de niños en edades tempranas: les permite dedicarle tiempo a sus hijos sin tener que renunciar por completo a su trabajo. Es una opción contemplada, por ejemplo, por la empresa de refrescos Pepsico que ofrece la reducción laboral de 2 horas pagadas al 100% hasta que el niño o niña cumpla el año. Adicionalmente ofrece otras posibilidades de reducción hasta que el niño cumpla los ocho años. Syngenta Agro también ofrece esta modalidad por maternidad y en sus fábricas las personas con dependientes a sus cargos tienen turno preferente de 8 a 5 de la tarde. Jornada reducida para madres y padres. Las madres con necesidad de cuidar a un niño enfermo disponen de la posibilidad de reducir su jornada en un tercio, un cuarto o mitad en Caja Madrid.
Son 34 las empleadas de la entidad financiera que se acogen actualmente a la medida. Banesto también permite la reducción retribuida de la jornada durante un periodo de hasta dos meses para cuidar de un menor con enfermedad grave y ofrece reducción de jornada inferior a un cuarto.
Otra manera de reducir la jornada es a través de los puestos compartidos, una modalidad poco frecuente en las empresas. Sus ventajas son que brindan infinitas posibilidades de flexibilidad entre dos personas, dado que uno puede cubrir el trabajo del otro en caso de ausencia. La fórmula la llevan a cabo por ejemplo algunas secretarias de ejecutivos de IBM y cubren así las necesidades de un jefe o jefa con un horario muy extenso.
La media jornada o tiempo parcial es una medida con poco éxito en España: somos el segundo país por la cola de Europa en porcentaje de trabajadores en tiempo parcial. El temor a que suponga un freno en su carrera profesional es el principal problema al que se enfrentan los empleados. La solicitan mayoritariamente mujeres: suponen entre el 65% y el 88% de las personas empleadas en esta modalidad en Europa. Las mujeres que optan a esta medida lo suelen hacer para conciliar su trabajo con su vida familiar, mientras que los hombres lo hacen para ampliar su formación. Los motivos para implementar este tipo de contratos también varían por países. La conciliación es la principal razón mencionada para Finlandia, Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido y Holanda. Dinamarca junto a los países mediterráneos, donde las tasas de tiempo parcial son las más bajas, mencionan como primera razón la flexibilidad en la producción y en la organización del trabajo.
Otra medida de bajo coste y con alto índice de satisfacción en el empleado es la de semana laboral comprimida: los trabajadores alargan la jornada laboral durante la semana y disfrutan a cambio de un día libre extra. En muchos casos, las empresas aplican jornadas intensivas a cambio de libranzas. El 80% de los trabajadores de la compañía de transporte de paquetería MRW trabaja en jornada intensiva de 8 a 16h y un 10% en horario especial, concertado con su superior.
El Banco Santander también implanta la jornada laboral comprimida: de lunes a jueves se trabaja de 9 a 6, con una hora para el almuerzo, y los viernes terminan a las 2.30. Otras empresas en las que se termina a las 15 h los viernes son Indra, Bausch & Lomb, Gaes, Vodafone, Agilent Technologies, Sanofi Aventis, Nestlé, ISS, Merck, Pepsico, Toyota e Ifema.
El complemento por antigüedad. Los empresarios, los sindicatos y las nuevas generaciones(de sindicalistas)
El complemento por antigüedad es el más clásico de nuestra estructura salarial, justificado por la mera permanencia del trabajador en la empresa, con independencia de sus aportaciones productivas a la misma. Es obvio por lo tanto que su peso en los costes salariales de toda compañía ha sido elevado en nuestro país por la rigidez existente para proceder al despido de los trabajadores. A mayor antigüedad, mayor carga salarial para la empresa, y mayor coste para el despido del trabajador. Todo con independencia de la validez o no del trabajador en cuestión.
El criterio de meritocracia, de mereo - merecer, suplantado por la absoluta igualdad.
Esta situación se vio alterada en 1994 al modificarse el artículo 25 del Estatuto de los Trabajadores y establecer que el trabajador podrá tener una remuneración en función del trabajo desarrollado, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo o contrato individual. A partir de este momento desaparece el derecho legal al complemento de antigüedad, debiendo estar y pasar por lo establecido en los convenios colectivos y/o en los contratos individuales. Reforma que fue avalada por el Tribunal Supremo en 1997.
La meritocracia, por fin, se abre camino con dificultad en la empresa.
Lo dicho no significa que el complemento de antigüedad haya desaparecido y que quien tenía derecho al mismo se haya visto privado de tal complemento. Han tenido que ser los convenios colectivos posteriores a la reforma citada los que implementaran la misma y establecieran nuevas formar de retribución, donde además de la antigüedad se incluyeron modalidades de retribución de la competencia y la productividad.
Se han llegado a pactar convenios colectivos en los cuales a partir de la entrada en vigor los nuevos trabajadores no tendrían derecho a estos complementos de antigüedad y quienes los viniesen disfrutando los verían congelados a partir de dicho momento. Reformas avaladas por el Tribunal Constitucional que ha negado la posible discriminación entre los viejos y nuevos trabajadores, incluso llegando a avalar el abono del complemento de antigüedad a los trabajadores fijos y no a los eventuales, si las empresas eran capaces de justificar su objetividad. También el Tribunal Supremo ha avalado estas prácticas en sentencia de 9 de diciembre de 1997.
Ha sido, sobre todo, en los nuevos sectores económicos, o en aquellos con gran movilidad por sus especiales circunstancias, donde este viejo complemento se ve eclipsado por otros más relacionados con el cumplimiento de objetivos a corto plazo, que permiten a los trabajadores tener también considerables ingresos, pero siempre que alcancen los objetivos marcados, objetivos que variarán permanentemente y que de no ser alcanzados no llevarán la correspondiente gratificación económica.
Esta tendencia, lógica y actual, tiende a la eliminación de dicho complemento, incluyendo más elementos relacionados con la capacidad y/o formación de cada trabajador, y por supuesto, su productividad. Todo ello en directa relación con en el modelo económico que impera, incuestionable en sus resultados frente al obsoleto dirigismo, y que nos obliga no a competir en precio, como erróneamente se piensa, sino en productividad y calidad.
Son justas las reivindicaciones de quienes, desde la CEOE como de las secciones de jóvenes de los sindicatos, seguramente tras reflexiones distintas, convergen en potenciar el trabajo efectivo, no el tiempo de trabajo, lo que llevará a generar mayores beneficios por productividad a las empresas y por lo tanto mayor retribución para los trabajadores productivos.
El complemento por antigüedad es el paradigma del Derecho del Trabajo español, un Derecho influido por doctrinas muy inmovilistas, con poca atención a la realidad social de la economía mundial y que, en muchas ocasiones, en vez de coadyuvar al progreso lo frena, por paradójico que pueda sonar.
No dudamos que los agentes sociales serán capaces de pensar de forma global y tomarán las mejores decisiones para los trabajadores y sus empresas – los unos sin las otras son impensables - y una de esas decisiones, en las negociaciones de los convenios colectivos, es eliminar el complemento de antigüedad para recompensar a quienes más se han formado y más trabajan.
La libertad religiosa y de culto en España.
Aunque no parezca estrictamente laboral el componente religioso afecta directamente a nuestras relaciones de trabajo, desde los descansos dominicales o la paga de Navidad, a las fiestas más habituales en toda comunidad autónoma. A esta evidencia se ha de unir la llegada a España de inmigrantes de otras confesiones amparadas por la Constitución (artículo 16), y que en función de los acuerdos que haya firmado, o firme, el Estado con los representantes de estas confesiones, en aras de su obligatoria coordinación, tendrán derecho a reclamar determinadas condiciones laborales para compaginar su trabajo y su fe.
A continuación explico brevemente la situación de la religión en el marco constitucional español en base a la doctrina constitucional.
La libertad religiosa y de culto viene recogida en el artículo 16 de nuestra Constitución de 1978. Cuenta este derecho con una dimensión objetiva y otra subjetiva. En su dimensión objetiva la libertad religiosa y de culto supone una doble exigencia; por un lado la neutralidad absoluta de los poderes públicos, en toda su extensión, a todos los niveles de la Administración, tanto civil como militar, exigencia ésta que está presente en la manifiesta aconfesionalidad del Estado.
La segunda exigencia supone la obligación de esas mismas instituciones, de todo el Estado, de mantener unas relaciones de cooperación con las diversas iglesias, destacado, por motivos históricos y sociológicos la Iglesia Católica, pero englobando el precepto constitucional a todas las confesiones que operen de forma legal en nuestra nación. Esta dimensión objetiva del derecho a la libertad religiosa y de culto supone, ni más ni menos, que el Estado considera y valora de forma positiva el componente religioso de la sociedad, la Constitución impone su reconocimiento a los poderes públicos cooperar con la Iglesia Católica y con el resto, sin confundir sus papeles, pero sin permitir la tensión de una negativa política a tener en cuenta una dimensión tan especial como es la religiosa en el ser humano.
El Estado es aconfesional, no prevalece ninguna confesión, ninguna es parte del Estado ni en ninguna se ve reflejado el Estado en sus actuaciones, pero tampoco ha de desestimar el Estado la existencia de distintas confesiones cuando de gobernar a los ciudadanos se refiere.
La otra dimensión, la subjetiva, también tiene una doble vertiente, interna y externa al propio ser humano. La Constitución con su reconocimiento del hecho religioso y de la libertad de los ciudadanos a manifestar o no su creencia protege la existencia de un espacio de autodeterminación moral e intelectual directamente relacionado con la personalidad de cada ciudadano y con su particular percepción de la dignidad.
La dimensión interna se complementa con una externa, de agere licere, que permite al ciudadano manifestar públicamente sus convenciones internas, manifestarlo frente a terceros, en distintos actos según la confesión, e incluso en su actuar diario como ciudadano, sin miedo a coacción alguna por parte del Estado – una visión negativa de la libertad según la clásica distinción de I. Berlin – o de otros ciudadanos.
Así mismo, la vertiente externa como la interna, tienen su lado negativo en cuanto permite rechazar toda convicción religiosa, en el plano intelectual interno, y en la manifestación externa, no participando en acto de culto alguno, si bien tampoco obstaculizando el mismo.
Todo lo expuesto culmina con un derecho a la libertad religiosa y de culto, tanto en al plano individual como en el colectivo, que configura un Estado que si bien no se adhiere a ninguna confesión, a ninguna puede tampoco rechazar.
Nuestro Estado no es ni ateo ni agnóstico, reconoce la existencia de la religión y como tal la protege para que quienes la deseen vivir lo hagan y quienes la rechacen también puedan hacerlo en libertad, y ambas visones puedan convivir si limitar el derecho de unos a de los otros. El derecho a la libertad religiosa y de culto se conforma a su vez:
- Por los derechos individuales de libertad religiosa personal, de libertad de culto, de libertad de información y de enseñanza religiosa y el derecho a reunión, manifestación y asociación.
- Y los derechos colectivos para establecer lugares de culto, reunión, designación de ministros de culto, proselitismo, coordinación con otras confesiones y cooperación con el Estado.
El límite esencial al ejercicio de este derecho constitucional lo configura el orden público y la moral pública definida por la evolución social.
Así mismo cuando este derecho fundamental entra en colisión con otro u otros derechos fundamentales, el TC en sentencia 154/2002, ha manifestado, FJ 13º, que “el principio de concordancia práctica exige que el sacrificio del derecho llamado a ceder no vaya más allá de las necesidades de realización del derecho preponderante”. Teoría que se aplica a las tensiones entre la libertad religiosa y de culto con el derecho a la vida, a la libertad de expresión, la libertad educativa, etc.
La OCDE recomienda abaratar los despidos de los trabajadores con contratos fijos
Publicó el diario económico 5días el pasado martes 13 de febrero la siguiente noticia:
"La OCDE recomienda a España abaratar los despidos de los trabajadores con contratos fijos"
Es una recomendación que por repetida no acaba de calar en nuestros polìticos. El miedo electoral les atenaza.
En todo caso sería una decisión que de ser adoptada afectaría a los nuevos contratos, nunca a los ya existentes por tener sus derechos consolidados.
Se recoge en el informe de la OCDE que los trabajadores españoles con contrato indefinido que fueron despedidos en 2006 recibieron una media de 14 mesualidades en concepto de indemnización frente a los dos meses, dos meses repito, de la UE, donde, por cierto, la temporalidad es la mitad que en nuestro país.
Otra critica que efectúa, también repetida hasta la saciedad, es el nivel de negociación coleciva. Todos los expertos aconsejan negociar a nivel nacional o empresarial, nunca regional o provincial, y, date, es en España donde más se negocia a nivel provincial o autonómico, asignando, a los convenios colectivos firmados, salarios sin relación alguna con la evolución de las empresas a nivel particular o de los sectores a nivel general. Resultado, menor nivel de contratación.
La noticia se puede leer aquí.
Además de este informe he podido leer estos días otro elaborado por la profesora de la Universidad de Oviedo, Begoña Cueto Iglesias, "Las ayudas a la contratación indefinida en España", publicado en la Revista de Economía Laboral de dicha Universidad y que es de acceso gratuito en http://www.uniovi.es/Revistas/REL/
En dicho informe se puede leer con claridad lo que muchos ya sabíamos, o al menos intuíamos: las subvenciones a la contratación no consiguen sus objetivos y se convierten en dinero público que la administración regala a los empresarios, ávidos de dinero público aquí y en Mongolia, con un único fin de poder modelar estadísticas a corto plazo sin un seguimiento serio que demuestren o no su eficacia.
El informe es digno de publicación por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, si bien, dudamos mucho de su más mínima difusión, y en cambio estamos seguros que seguiremos pagando impuestos para lograr fines partidistas y no sociales.
Al menos sí confíamos que la autora no sufra represalias por haber dicho la verdad.
Nuestro Consejero de Justicia y sus urgentes soluciones
Como no hay problemas en la administración de justicia asturiana, como no es necesaria una profunda reforma en el funcionamiento de la misma y no hay docenas de problemas urgentes que resolver sin pérdida de tiempo, como no hay nada de esto, nuestro consejero del ramo, el Sr. Valledor, ha decidido ponerse manos a la obra y aplicar las soluciones de futuro más imáginativas y urgentes que nuestra justicia precisa.
Véase aquí.
Mientras tanto la jurisdicción social atascada por falta de funcionarios.
Ahora sí, pero no. La refoma del sistema de pensiones, una vez más.
Veáse aquí el diario Expansión del 7 de febrero de 2007.
Ya lo he dicho aquí en más de una ocasión, y lo he publicado en una editorial jurídica de gran prestigio. Y, como yo, mucho antes que yo, son muchos los que venían denunciando que nuestro actual sistema de reparto, dada la evolución demográfica, era insostenible, y que además, como principio, era un acto más de confiscación estatal de los recursos económicos de los trabajadores, a los cuales se les considera incapaces de gestionar racionalmente su dinero de cara a la jubilación.
Lo pueden leer más bajo en este mismo blog y en
www.quantor.net/Utils/Descarga.aspx?Id=241
Pero la novedad no es que se halla únido uno más a la lista de las voces de denuncia. La novedad es que ese uno, el Sr. Taguas, es el asesor económico de nuestro actual presidente del Gobierno: en un artículo que publicará en breve la Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) reconoce que las reformas emprendidas son escasas y que el miedo politico a las mismas reduce su efectividad y la valentía de los reformadores. Todo ello contradice las teorías del Ministro del Trabajo, Sr. Caldera, y de su Jefe - y el de todos - Sr. Rodríguez.
Me alegro del anális efectuado, de la denuncia, pero no de la solución propuesta, que nos viene a confirmar que los economistas socialdemócratas - o advenedizos de la socialdemocracia por haber sido ésta quien les ha dado trabajo - son capaces de reconocer los errores de su sistema pero no las soluciones al mismo.
Como tambien he dicho, y se puede leer en el artículo citado arriba, las soluciones que nos proponen desde las filas estatalistas siempre son un aumento de las cotizaciones, de impuestos al fin y al cabo, y/o reducción de las pensiones devengadas. Y justamente eso es lo que propone el señor Taguas, computar toda la vida laboral para el cálculo de las pensiones de jubilación, lo que ya de por sí supone reducción en su cuantía dadas las escasas cotizaciones en los primeros años de trabajo, aumentar hasta los 70 años la edad para jubilarse, lo que supone más dinero confiscado por el Estado, y eliminación de las actualizaciones de las pensiones de acuerdo con el IPC.
Todas y cada una de las medidas propuestas supone ahondar en la confiscación de nuestro dinero por el Estado, que busca devolver lo menos posible a los trabajadores jubilados con la excusa de la redistribución de la riqueza, y que en el fondo lo que hace es redistribuir la riqueza de la clase trabajadora entre todos, incluido los que más medios económicos tienen y que pueden compaginar su jubilación pública con sistemas privados.
La única solución a la quiebra o aumento de la injusticia del sistema pasa por permitir, en libertad, que los trabajadores gestionen sus ahorros como mejor les parezca, y entre las opciones, en libertad, se encuentra la salidad del sistema público y la apertura de cuentas de capitalización individuales recuperables, con mayor rendimiento, en el momento de la jubilación. Incluso dichas cuentas individuales, a diferencia del sistema público, podrán ser heredables rompiedo con el círculo vicioso de las clases menos pudientes que no reciben nada de los muchos años de cotización de sus padres cuando estos fallecen antes de jubilarse o a los pocos años de haberlo hecho, habiendo tenido que hacer grandes esfuerzos durante sus años de trabajo y no viendo la recompensa de los mismos.
Lo dicho, me alegro del análisis, no de las soluciones. Pero por algo se empieza, ahora a ver que opina nuestro Ministro de Trabajo y nuestro Presidente. Igual recurren a la teoría de la Ministra de Cultura, Sra. Calvo, y gastan el dinero público como les da la gana dado que éste "no es de nadie".
Estado de las Autonomías, o de cómo gastar más y ofrecer menos.
El diario La Nueva España de Asturias nos informa hoy, 7 de febrero de 2007, que "Asturias es la segunda región donde el salario de los funcionarios absorbe más gasto".
El consejero de Economía, el Sr. Jaime Rabanal, además asegura que se trata de un coste «equilibrado y razonable» si se tienen en cuenta los servicios, las características y las competencias de la comunidad autónoma. Lo que precisamante tenemos en cuenta desde una óptica liberal para asegurar que es un autentico despilfarro.
El Sr. Consejero interpreta las cifras de gasto de personal en Asturias como una apuesta del Gobierno del Principado por los servicios públicos de calidad, en los que «el personal es un elemento fundamental, en relación con las políticas de modernización de los servicios públicos». Eso, eso, todas las empresas se modernizan, introducen elementos con los que aumentar su productividad, ofrecer mejores servicios y reducir costes, y el Sr. Consejero del Principiado practica "la contraria": más gasto.
En cuanto a la calidad de los servicios está mal que lo diga él, lo tendremos que decir los usuarios, los cuales, dado el elevado número de funcionarios en nuestra región, seguro que tenemos algún familiar en tal "estado de buena esperanza" que preferiremos callar nuestros comentarios.
El fin último se ve con suma claridad, la creación de una vasta red de dependientes de los presupuestos públicos que finalmente cree una sociedad dominada por los gestores de turno.
Cuestión de mercado.
Cuestión de mercado, cuestión de Derecho y cuestión de sentido común.
Ricard Reguant, ha estrenado como director en octubre del 2006, en el Teatro Victoria de Barcelona, "Grease", un montaje de 1.500 millones de euros (sic) con 18 actores, 10 bailarines y 8 músicos en directo. También ha dirigido "Siete novias para siete hermanos" y "Cantando bajo la lluvia".
En La Vanguardia de hoy, 6 de febrero de 2007, le entrevistan en relación a su última obra y entre las preguntas típicamente "raciales" de la periodista se cuelan las siguientes:
¿Por qué el 'Grease' del Victoria es en castellano?
Porque nos abre más puertas. El musical tiene un presupuesto enorme. Una versión en catalán habría tenido un coste menor y hubiera durado menos tiempo. Además, algunos actores son de fuera de Catalunya, empezando por los protagonistas: Carlos Solano (Danny) es de Madrid y María Adamuz (Sandy) es de Málaga.
Pero usted ha hecho otros musicales en catalán. Y en Cataluña tenemos otras compañías que programan en nuestra lengua.
Cierto, "Memory" duró dos años y medio en cartel y tuvo éxito. Pero a Dagoll Dagom sólo le ha salido a cuenta "Mar i cel".
Le da poca cuerda al catalán...
Cada vez hay más castellanoparlantes en Catalunya. Nuestro público viene de muchas partes de España y del resto del mundo. Son turistas que si ven programado un musical en catalán no acuden. Es una cuestión de mercado
Denota la entrevistadora un especial interés por la obra - la obra, claro, de los nacionalistas y la inmersión linguistica - pero el entrevistado recurre al sentido común, al mercado, y deja sin argumentos, parecer ser, a su entrevistadora.
No está mal que ante preguntas tontas los entrevistados no caigan en la tentación de ser correctos e intenten, siempre, dar la razón al periodista-político.
Pero pueden estar siendo engañados todos: la periodista que cree que el director no "atenta" contra el catalán ya que sólo mira por su dinero, y los castellanoparlantes de Cataluña que creen ver en el Sr. Reguant un defensor de su causa.
En este caso el argumento del mercado para alguien que arriesga su dinero es incuestionable. Pero el mismo entrevistado recuerda que en Cataluña son muchos los castellanohablantes, muchos los inmigrantes y muchos los turistas que se interesan por el español y no por el catalán. Por lo tanto no es sólo cuestión de mercado, es cuestión de Derecho: el derecho de todo catalán a ejercer su profesión en la lengua que desee, incluso contra el mercado - si desea perder dinero allá él -, y cuesión de sentido común.
Y con todo eso junto, el desconocido sentido común, el Derecho y el Mercado con el fin último de ganar dinero y dar trabajo, no hay política linguistica que pueda, aunque le pese a la entrevistadora, Karma Peiró, que centra toda la entrevista en desacreditar la obra repasando todas las críticas negativas que ha recibido para terminar recurriendo al debate linguístico. Seguro que el señor Reguant ha quedado encantado de la entrevista.
Edmund S. Phelps.
El diario asturiano La Nueva España ha publicado unas declaraciones del Nobel de economía Edmund S. Phelps, en las que, en términos generales, viene a decir que:
- España necesita más mano de obra inmigrante.
- La globalización es buena.
- Y que "el incremento de las pensiones y del gasto en asistencia médica derivado del envejecimiento de la población conlleva un aumento del consumo, una reducción de la oferta y un incremento de los tipos de interés, puntualizó Phelps en su diagnóstico sobre Europa. Además, al crecer el gasto del Estado «en el futuro los impuestos subirán, independientemente de si ya son elevados, mientras que el empleo caerá por debajo de los niveles normales, de tal manera que puede haber una reducción de la actividad económica» con un aumento del número de pensiones. Como consecuencia, reclamó el Nobel, reconsiderar las políticas de empleo teniendo en cuenta las pensiones y los impuestos". ¿Riesgo de estanflación?
De acuerdo con el Sr. Phelps, al cual se puede leer en español aquí
Por la democracia orgánica hacia la revolución social.
Hay determinadas organizaciones en nuestro país que están sobrevaloradas. Las más evidentes son las organizaciones sindicales que, de acuerdo con la actual legislación, son consideradas mayoritarias, ya sea a nivel nacional o a nivel autonómico. Un ejemplo de dicha sobrevaloración, interna y externa, es la manifiesta arrogancia mostrada por sus líderes que alcanzan, ya, cotas isoportables.
Así, recientemente, el "Secretario General" de una de la correa de trasmisión del partido en el poder - ¿o era al revés? - manifestó su exigencia - democrática, por supuesto - de que el nuevo Estatuto de Autonomía de Asturias que saliese de la Junta General reconociese el papel de los "agentes sociales", sobre los que ya he dicho alguna cosa en este blog. Ahora, el "Secretario General" decide arrogarse la representación de los intereses de los asturianos y que se le reconozca en la norma reguladora de nuestra comunidad, así, sin más.
A uno no le queda más que preguntarse por la función de los partidos políticos a los que votamos todos, afiliados a sindicatos y no afiliados, si las organizaciones sociales, empresariales incluidas, ven reconocida por Ley la representatividad de los intereses de los asturianos en general, ¿qué queda de la democracia parlamentaria? ¿Regresamos a la democracia orgánica: Familia, Municipio, Sindicato? Da la sensación que muchos añoran un régimen como el pasado pero con distintos nombres. Situación nada extraña para un país que no ha tenído elites formadas en los más básicos principios de la libertad y que sí ha tenido sobrados prebostes del marxismo y del arcaismo derechista.
Declaraciones de este tipo, sin antes poner encima de la mesa el número de afiliados que tienen estas organizaciones y sus sistema de financiación, resultan por rídiculas, irrelevantes, pero son hechas por quien tiene la capacidad de paralizar mediante el abuso de derecho una comunidad - un país - a través de la demagogia y de una dialéctica conservadora a ultranza, y, por lo tanto, de rídiculas e irrelevantes devienen en preocupantes.
Los agentes sociales, sindicatos y empresarios, deberán velar por los intereses particulares de sus afiliados, y los políticos por los intereses generales de todos. Ir más allá subvierte el principio democrático e instaura una sociedad orgánica - holística en terminologia fascista - al más puro estilo estalinista, donde las supuestas elites rigen los designios de la Nación, sin que ésta, verdadera soberana, pueda intervenir so pena de ser considerada enemiga del interés comun, que, paradójicamete, es el suyo.
Las declaraciones del "Secretario General" pueden leerse aquí.
Los representates de los empresarios no han dicho nada, aún, pero no dudo que les parecerá muy adecuado el marco propuesto, de donde seguro nunca han querido salir.
¿Noticias o disgustos?
A continuación reseño unas cuantas noticias aparecidas en distintos medios "de comunicación" relacionadas con la economía y el mercado de trabajo. Cada noticia lleva su breve comentario.
Los bufetes alertan de que Hacienda podrá perseguir las compras "chollo". Noticia aparecida en Expansión. Como siempre las mentes bien-pensantes de nuestra querida Agencia Tributaria ingeniándoselas para continuar justificando la teoria libertaria del Estado: es un ladrón y punto.
Los salarios subieron en 2006 medio punto más que la inflacción según noticia de El Periódico. Estamos ante una media estadística, así que habrá gente a la cual le hayan subido más su salario y otra menos. Pero si la media del incremento salarial supera la media del incremento de precios ya conocemos el siguiente paso: más subida de precios, más inflación, más revindicación para nuevas subidas de salarios y así indefinidamente. ¿Quién se atreve a poner el cascabel al gato y frena las subidas salariales indexadas al incremento del IPC?
Hacienda estudia cómo aplicar recargos al IBI de las casas vacías. Cinco Días. Me remito al primer comentario y añado otra idea: ¿Por qué no estudian como gravar a las clínicas privadas si tienen camas vacias dadas las listas de espera que hay en la sanidad pública, o por qué no gravan las plazas de garage sin usar dado lo dificil que está aparcar en muchas ciudades, o por qué no piensan como gravar a las familias que tiran comida a la basura dado el hambre que hay en el mundo, o por qué no estudian crear un nuevo impuesto para los profesionales que tiene muchos clientes por no dejar trabajo para los nuevos profesionales, o por qué, por qué, por qué no se diluye como un azucarillo el Estado y todos sus sátrapas?
Sólo dos de cada diez parados tienen muchas posibilidades de salir del desempleo. las posibilidades de salir del paro son menores para las mujeres, los inmigrantes y los trabajadores de mayor edad. Europa press. Pues eso, sigamos subiendo el SMI y dificultando la incorporación al trabajo de estos colectivos.
Los franceses tendrán que trabajar más para salvar las pensiones. La reforma Fillom adoptada en 2003 ya prevé que el Gobierno aumente de 40 a 41 áños los años necesarios de cotización. Les remito a los artículos sobre el sistema de pensiones, si bien resulta gracioso que sea la populista, laboralmente (y en todo) hablando, Francia la que haga públicas unas recomendaciones que ya se vienen haciendo públicas en muchos otros países, incluida España. No se trata de trabajar menos, ni de repartir el trabajo, se trata de trabajar y producir más y dejar que los trabajadores gestionen sus ingresos.
Competencia fiscal entre comunidades. El modelo tributario autonómico favorecerá la competencia fiscal entre comunidades, con tendencia a la bajada de impuestos. Noticia dada por Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer en Cinco Días. Si no fuera que toda medida tomada en España por algunas comunidades parece ser adoptada contra la Nación y no como beneficio de su residentes. De ser cierto estaríamos ante una verdadera ilusión liberal: competencia fiscal y con ello rebaja de impuestos. Las CCAA con menos impuestos atraerían más empresas y crearían más trabajo (como ya sucede por ejemplo con Madrid), recaudando en conjunto más y dejando en evidencia los modelos intervencionistas.
No me resisto a comentar la siguiente noticia: Emma Thompson exige a Burberry que no traslade su producción a China. Esta señora, esta actriz (¿pero quién narices (por recomendaciones del comité de ética que supervisa el blog se ha retirado la expresión original) les habrá dicho a los actores que sus ideas sobre cualquier cosa son mejores que las de los demás?), esta mujer (el comité de ética también recomendó retirar el adjetivo que se le aplicaba a la señora en cuestión) y la que con ellos se quejan del traslado de una fábrica recurren a argumentos patrioteros, mercantilistas y xenófobos, alegando la pérdida de la esencia british de la marca y los "bajos salarios" que abonarán en el país de destino, China. ¿Bajos salarios en comparación con qué? ¿No desea la señora actriz y sus adláteres sacar de la pobreza al pueblo chino, o prefieren ese eslogan lepenista: los británicos primero?
Suficiente pánico para sólo 15 días de 2007.
Nuevo año e iguales leyes. El SMI para el 2007.
Ha dicho nuestro Gobierno por medio del Real Decreto 1632/2006, de 29 de noviembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el 2007, que "en cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar anualmente el salario mínimo interprofesional, contenido en el artículo 27.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, se procede mediante este real decreto a establecer las nuevas cuantías que deberán regir a partir del 1 de enero de 2007, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para el personal al servicio del hogar familiar."
Las nuevas cuantías, que representan un incremento del 5,50 por 100 respecto de las vigentes entre el 1 de enero y el 31 de iciembre de 2006, son el resultado de tomar en consideración de forma conjunta todos los factores contemplados en el citado artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores y suponen avanzar en el desarrollo de la estrategia de dignificación del salario mínimo interprofesional que viene impulsando el Gobierno con el consenso de los interlocutores sociales, cuyo primer paso fue la aprobación del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, y que ha permitido que el salario mínimo interprofesional recupere el poder adquisitivo perdido en los últimos años y avance en la estrategia de reducción de las diferencias de su cuantía con el 60 por ciento del salario medio que existe en nuestro país. Esta tendencia prosigue con el aumento que se establece en el presente real decreto para el salario mínimo interprofesional en 2007.
Este real decreto ha sido consultado a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas"
El citado apartado 1º del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores dice lo siguiente:
1. El Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta:
a) El índice de precios al consumo (este año no sólo no se ha tenido en cuenta, sino que se ha superado con creces)
b) La productividad media nacional alcanzada (nunca ha sido tenida en cuenta para la fijación del SMI)
c) El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional (tampoco se ha tenido en cuenta)
d) La coyuntura económica general (¿general? ¿Con independecia de los sectores se aplican precios de mano de obra en general? ¿Se establece el precio de la fruta en general o se tiene en cuenta las distintas circunstancias de cada productor y de cada producto?)
Igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado (Nunca ha habido revisión semestral)
Nada de lo dicho en la exposición de motivos o introducción del Real Decreto firmado es verdad, o de serlo es tontería económica como diría Carlos Rodríguez Braum.
No se han tenido en cuenta los criterios del Estatuto de los Trabajadores, se ha vuelto a recurrir a un norma facíl para hacer demagogia económica, ya que si el fin es "dignificar" el SMI, y sus defensores niegan por activa y por pasiva que este mecanismo afecte al nivel de empleo, ¿porque no elevar el SMI a 1.000 €? ¿O es que sí tiene consecuencias y se quieren ir diluyendo poco a poco?
Con estas medidas se encarece el trabajo menos productivo, el desarrollado por quienes menos oportunidades laborales tiene: estudiantes, inmigrantes, personas sin cualificación. ¿Un producto más caro no es un producto de lujo? ¿El lujo se generaliza o se restrige? ¿Se compra más productos cuando suben o cuando bajan los precios? ¿Quiere el Gobierno que los empresarios compren o no compren más mano de obra?
O quizás la cuestión es que aún estamos anclados en otra tontería económica: el trabajo no es una mercancía. ¿No será que los hombres no son mercancía, pero el trabajo que ellos desarrollan y su producto sí, y que eso es los que permite a todos vivir, a quienes lo venden y a quienes lo compran?
Nuevo año. Viejas leyes. Iguales errores.