Un repaso a los asuntos laborales.

Se publicó hace unos meses en la revista Cadíz, editada por UDE Liberal de la Universidad Carlos III, una entrevista que se me hizo durante el verano de 2006 en mi despacho de Oviedo. Por falta de especio se publicaron parte de mis declaraciones, las más "impactantes" y que no dejaron indiferente a nadie. Ver.

Publico ahora la entrevista al completo.

Ahora que está tan de moda el tema de la memoria histórica, es curioso ver el cariño que le tiene la izquierda a una legislación laboral de marcado influjo fascista… (Franco, Mussolini…) 

Bueno, es totalmente normal. Al final es lo mismo. Las denuncias han sido múltiples, Martín Amis, Revel, Arendt, etc. Basta saber de dónde nace el fascismo o el nacionalsocialismo, o de dónde viene Mussolini. ¿Por qué  la legislación franquista es tan pro-laboral? Pues por los orígenes falangistas.

La izquierda no liberal lo que hace es defender los mismos postulados que defendieron siempre, con distintos nombres: comunismo, fascismo, franquismo o como se quiera llamar. Lo que pasa es que lo enmascaran muy bien, la gran mascarada de Revel. Pero claro, cuando le explicas esto a la gente, y le dices por ejemplo que la Seguridad Social en España es parte de la legislación franquista, se escandaliza y se sorprende, cuando no lo niega. Lo mismo con la paga de verano que era del 18 de julio, etc. 

¿Es necesaria la legislación laboral? ¿No debieran quedar las relaciones laborales sometidas al derecho civil? 

Yo no llegaría a tal extremo. El Derecho del Trabajo nace en una época en la que cuando se hablaba de la cuestión social, el Derecho Laboral protegía a la parte más débil, y eso es, para mí, un dato objetivo, más en mi región Asturias. No se puede negar que hubo una época histórica en que los trabajadores no tenían ningún medio para defenderse de empresas ultraprotegidas por la oligarquía política, y desde la Administración se intentó equilibrar a las partes. Ahora bien, la sociedad cambia y evoluciona y ya no tenemos niños en España trabajando, ni jornadas maratonianas, por eso lo que hay que hacer es ir restringiendo la intervención que tiene la Administración y, más que ésta, los llamados agentes sociales, que son el verdadero enemigo que tiene la economía y las relaciones laborales en nuestro país. ¿Por qué unos señores que se llaman representantes de los trabajadores o de los empresarios redactan directamente leyes, sin tener representación de ningún tipo? En España, por ejemplo, los sindicatos no llegan al 15% de afiliación y la estructura de los empresarios no es en ningún caso democrática ni representativa. Siendo así, ¿por qué ellos se reúnen, redactan una ley, se la dan al Gobierno y éste, elegido por la voluntad popular, acepta esa ley, no la modifica, la publica en el BOE y dice que eso es maravilloso? Bueno, pues eso es neocorporativismo puro y duro al estilo franquista o castrista. Esto es el verdadero cáncer. 

¿Quizá sería un gran avance hacerlo dispositivo?

 Un gran avance, tal y como están las cosas, sería ir eliminando muchas de las cosas que hay hoy en día, pero no hasta el punto de hacerlo dispositivo porque hay situaciones en las que los trabajadores aún están en clara inferioridad. En España la economía no ha evolucionado lo suficiente. Ese es nuestro problema. Antes se decía que los trabajadores no estaban en situación de igualdad frente a los empresarios y había que ayudarlos porque el empresario no negociaba el contrato de trabajo, así que para el trabajador era un simple contrato de adhesión. Hoy en día eso ya no es tan cierto. Hay trabajadores que por su cualificación y por su experiencia exigen y de hecho las empresas se ven volcadas a dar mil favores a la hora de captar y mantener a sus trabajadores, precisamente porque hoy sí que tienen poder para negociar, a parte de aquellos que puede incluso imponer condiciones a la empresa. Ahora bien, por debajo de toda esa gente hay todavía ciertos sectores que tienen que coger lo que les ofrecen porque no tienen el nivel de formación necesario, situación que en una economía realmente avanzada no debería casi existir, pero que mientras existan yo creo que la Administración –no sindicatos ni asociaciones de empresarios- sí debe establecer unos mínimos mecanismos de protección que eviten la exclusión y el caldo de cultivo para la demagogia. En cuanto al famoso despido o la prestación por desempleo u otro tipo de prestaciones sí que habría que ir limitando e incentivando que las personas se hicieran más responsables de sus propios ahorros y que no estuviera siempre pendientes de lo que el Estado va a dar o no. Yo asesoro a muchos inmigrantes que ha montado su propio negocio, ejemplo de emprendedores, que se quejan de que dadas las altas prestaciones que concedemos en España mucha gente, sobre todo sus propios compatriotas, prefieren cobrar el subsidio y no ser contratados, o bien trabajar sin contrato. Ejemplo de que la sobreregulación lleva al mercado negro.           

¿Qué papel juegan los sindicatos hoy en día?, ¿tienen razón de ser? 

Tuvieron su razón de ser. Y en una sociedad que tuvo 40 años una dictadura, pues evidentemente que tuvieron mucho que ver, especialmente destacable el papel de CCOO, al igual que tuvieron su razón de ser a principios del siglo pasado con la “cuestión social”. Hoy en día me cuesta creer que puedan tener un papel importante. Únicamente se dedican a proteger, con el ‘chantaje’ de la ‘paz social’, los salarios y las condiciones laborales de una minoría de trabajadores bien situados, a costa de otros muchos que son, por otra parte, los más cualificados y eficientes. Yo creo que los sindicatos son hoy en día los entes más ‘reaccionarios’ que hay en la sociedad, porque reaccionan a todo tipo de cambio social que no les garantice el nivel económico, como hace cualquier banquero. 

Es por todos conocida la capacidad que el socialismo tiene para perjudicar gravemente a aquellos colectivos a los que pretende proteger: (Jóvenes, inmigrantes y trabajadores poco cualificados) ¿No perjudica el salario mínimo su tasación por el burócrata de turno el paro de muchos jóvenes e inmigrantes cuyo trabajo puede ser valorado por el empresario por debajo de la cifra determinada? 

Sí, es ciertamente una medida harto perjudicial. Especialmente para las microempresas, que son las más abundantes de España, que cada vez que sube el salario mínimo se encuentran con más cotizaciones a la Seguridad Social y otras muchas cosas que tienen como consecuencia la restricción de puestos de trabajo o la contratación de gente por 4 horas para hacerles trabajar 8. Ahora bien, siendo realistas, el salario mínimo es una medida que ningún partido en España se va a atrever a tocar. Es una labor cultural. Otto Bauer decía que la socialdemocracia formaría al ciudadano desde la cuna a la muerte para que todo su pensamiento fuera socialdemócrata. Lo han hecho, y la labor de un liberal es convencer del error, cosa harto difícil. 

A la clase trabajadora) ¿No tiene el coste del despido como medida inmediata el descenso de los salarios de los trabajadores? 

Eso es fundamental. El empresario no debería andar rompiéndose la cabeza pensando en lo que le va a costar alguien que contrata y quien es contratado no debiera preocuparse porque el mercado es tan dinámico que si sale de un trabajo en poco tiempo debería conseguir otro puesto de trabajo. Por tanto, la reducción del coste de despido debería ser una medida inmediata, que los sindicatos saben perfectamente, por otra parte,  que funciona. Te pongo un ejemplo, los laboralistas hemos echado números, y con las últimas reformas, gracias a subvenciones y rebajas en cotizaciones una empresa puede firmar un contrato bonificado, que te obliga a mantener en el puesto al trabajador durante 3 años. Pasado ese tiempo puedes proceder a su despido, su indemnización será muy pareja a los que te ha dado la Administración en subvenciones y rebajas. No se incentiva el empleo fijo, se incentiva la picaresca. 

(A las mujeres) ¿No cree que los supuestos “favores” que la regulación laboral ofrece a al mujer en el trabajo son la causa de la desigualdad de los sexos en las empresas? (Ley de paridad, permiso de maternidad retribuido, permisos de lactancia y por conciliación de la vida laboral y familiar, discriminación salarial o funcional para categorías profesionales equivalentes). 

Pues ciertamente al empresario le sale caro. Yo al respecto pienso que la administración debería desentenderse y que deberían ser los propios empresarios, que inevitablemente estarán obligados a contratar mujeres, los que por iniciativa propia traten de conciliar la vida familiar de sus empleados, que es lo que sucede en multitud de empresas actualmente, pero el gran handicap es la estructura de microempresas de España. 

Y la Ley de Paridad, por supuesto, no es solución… 

Es una ley, como tantas, absurda de todo punto que no deja de ser una vez más un intento por parte del gobierno por controlar la vida de las personas. Lo que no se puede comprender es que en un país donde la libertad de empresa está reconocida constitucionalmente, sea la administración la que diga cómo deben organizarse las empresas. ¿Pero quién es el Gobierno para decir estas cosas, cuando además ellos son los primeros que lo incumplen? Es algo completamente absurdo, que no deja de ser un paso más en el camino de la servidumbre. 

¿Qué opina de que la izquierda haya tolerado y tolere la brutalidad que habitualmente ejercen los huelguistas?, ¿por qué tienen ese "derecho" a poner barricadas, montar guerras callejeras, linchar a compañeros que quieren ir a trabajar a ganarse el pan, y en definitiva, impedir que la gente siga con su vida?  

En España lo tolera la izquierda y lo ha tolerado la derecha. EL derecho de huelga no está seriamente legislado en España y, por lo tanto, hay un uso y abuso permanente. No hay un mecanismo capaz de controlar los abusos o las huelgas salvajes que se dan, como la última de El Prat, y que al final quedan en nada.  Ahora bien, el derecho de huelga no se puede discutir. Está garantizado en la Constitución. Pero claro, tienen que estar garantizados los intereses de los trabajadores en su conjunto, no los de una minoría chantajista que para proteger sus derechos vulneran los demás llegando a usar la violencia física. Por tanto, ya que el derecho está reconocido, hay que regularlo para saber claramente cómo y en qué casos está permitido, y cuando se exceda, la administración está para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y en cuanto al empresario por su parte, precisamente por esta falta de regulación, no puede hacer más que callarse. El mecanismo del cierre patronal se usa en ocasiones mínimas, de hecho muy pocas veces los tribunales lo han consentido. 

Todo forma parte de nuestra cultura. Consideramos que nuestras reivindicaciones están por encima de cualquier otro derecho, y si cierta asociación revindica la bajada de los precios de la vivienda (aunque lo que de verdad exija es la concesión de viviendas gratuitas por el Estado) no dudan en asaltar una gran superficie de muebles, ocupando la propiedad privada de los accionistas de esa empresa, entorpeciendo a los compradores, y lanzando el claro mensaje de que su exigencia es moralmente superior a la seguridad jurídica. No les importan los demás, ellos han decidido que su reivindicación es lo prioritario, lo más justo. De seguir, todos, ese razonamiento estaríamos a palos permanentemente.

Fin de la entrevista.

Como toda entrevista ésta se presta a multiples críticas y, quizás, algo de lo dicho pudiera ser expuesto de otra forma. En fin, para la historia.  

Con Loyola de Palacio. Una política Española

A la izquierda de Loyola el que escribe, más a la izquierda Oscar Ramírez Lara, abogado y concejal de distrito por el PP en Barcelona, y junto a él Andrés Gil Von der Walde, economista, miembro del Instituto Juan de Mariana, colaborador de liberalismo.org y autor del blog escepticismo y libertad.

 

Se puede ver en el lado izquierdo de la foto, a la derecha de los fotografiados, a Mart Laar, ex-primer Ministro de Estonia y autor de su exito económico tras el hundimiento de la Unión Soviética.

 

Loyola de Palacio, ex-ministra de los gobiernos del PP y actualmete eurodiputada, habiendo sido Vicepresidente del Parlamento Europeo, falleció ayer, día 13 de diciembre, a los 56 años de edad, tras combatir un cancer que se la ha llevado en muy pocos meses.

 

La fotografía fue sacada en la presentación del ultimo campus FAES, el verano de 2006, en Navacerrada, Madrid.

 

Loyola fue un ejemplo de convicciones firmes, tenacidad, honradez y mujer luchadora que consigue todo lo que se propone sin recurrir a subterfugios discriminatorios.

 

El blog de Loyola de Palacio.

 

Adios, Loyola.

Una visión liberal de la inmigración

El siguiente artículo ha sido publicado por el diario La Nueva España de Asturias el viernes 8 de diciembre de 2006.  

Por desgracia, en España los liberales escasean. A pesar de ser este concepto político hijo de las circunstancias históricas y sociales de uno de los momentos más importantes de nuestra nación, el debate y aprobación en las Cortes de Cádiz de la Constitución liberal de 1812, hoy en día se ha llegado a tal extremo en la tergiversación y vaciamiento de los conceptos que casi nadie podría comprender qué quiere decir alguien, por ejemplo yo a título individual, cuando se califica de liberal. Un liberal como lo fue el padre Juan de Mariana, Covarrubias, Bastiat, Say, nuestro Jovellanos, Mercer, Hayek, Von Mises, Aron, el recientemente fallecido Friedman, Revel o el más actual y español Jesús Huerta de Soto. Así que, dar a continuación una idea liberal del fenómeno inmigratorio será harto difícil.

Partamos de que la globalización es buena, que en términos generales ha beneficiado a todo el mundo que ha podido acceder a ella sorteando las políticas proteccionistas de Occidente: la PAC, los aranceles, las verjas y los muros. La globalización ha sacado de la pobreza a millones de personas que de otra forma aún vivirían en la más absoluta de las miserias. Para ello puede leerse a Johan Norberg (En Defensa del Capitalismo Global, editado por Unión Editorial), a Bjorn Lomborg(El Ecologista Escéptico editado por Espasa) o a Sala i Martín. No todo está hecho, y quizás no vamos a la velocidad de crucero que deseáramos, pero vamos por buen camino.

Con la globalización, con el libre comercio y la competencia global, nuestra economía, todas las economías, ganan. La libertad de movimiento de capitales y de empresas logra la maximización de los recursos obteniendo el máximo de beneficios para su posterior reinversión en busca del crecimiento de la productividad. ¿Pero? El pero es el tercer elemento clave para todo liberal, la libertad de movimiento de las personas. No cabe que a la libertad de comercio y a la libertad de desplazamiento de capitales no le añadamos la libertad de movimiento del capital humano.

Un inmigrante es un empresario. Emigrar es la mayor acción empresarial que se pude emprender, es invertir todo lo que tenemos, nuestra vida, en un proyecto, un proyecto cuyos beneficios recibe el país de acogida, que si se niega a recibir, se niega a recibir riqueza.

Nadie puede prever lo que sucederá en unas décadas, pero es muy posible que España se convierta en otra nación más, forjada por los inmigrantes como lo es los EE UU, lo es Argentina, Canadá, Australia, etcétera.

Ahora bien, quien esto escribe no desea la inmigración en sí misma, ya que en la mayor parte de las ocasiones el inmigrante es la consecuencia de un sistema económico y/o político fallido. Lo idóneo es el desarrollo profesional y personal de todo el mundo donde cada cual libremente desee, sabiendo que la gran mayoría desea prosperar en su tierra. Pero puestos a reconocer el fracaso de las políticas económicas en determinados países, véase Latinoamérica (con la excepción de Chile, que tiene la economía más saneada gracias a los cimientos puestos por Milton Friedman), o la contención del progreso que las políticas proteccionistas de Occidente suponen para África, es lógico que los más capacitados emigren a los lugares donde se encuentran las oportunidades, aportando a esos países de recepción más de lo que se les puede dar.

Tampoco se pretende aquí fomentar la ilegalidad, no. Al igual que quien desea iniciar una actividad empresarial o invertir dinero ha de cumplir una regla, quien desee emigrar deberá saber qué normas cumplir para acceder con todos los derechos y con todas las obligaciones al país al que se dirige. Y es ahí donde los países con visión de futuro facilitarán las cosas para la llegada de ese enorme capital que son los inmigrantes, los mejores de sus países, los más válidos. Oponerse es tan ridículo y grave como evitar que la gente emigre, tal y como se pretendía en el bloque soviético o se hace actualmente en Cuba. No se pueden poner barreras, ni de salida ni de entrada, al paraíso.

Señores, incluso los ilegales pagan impuestos. Incluso los ilegales generan riqueza para toda la nación.

Por todo ello, en clara sintonía con la defensa de la globalización capitalista, es preciso que nos apartemos de las posiciones demagógicas, ignorantes y en ocasiones xenófobas que se dejan entrever entre las declaraciones de muchos políticos (como representación de los ciudadanos), de todos los colores, y comencemos a comprender que la grandeza de nuestro país en unos años será gracias a quien abandonó su pasado y ha venido para emprender el proyecto de su vida en España.

Se me querrán objetar muchas cosas, la primera el uso gratuito de los servicios sociales, el gasto de nuestro Estado del bienestar, el potencial desempleo, etcétera. Como no hay espacio para todo pero sí respuesta, si este periódico, que a bien me acoge, me lo permite, de ello hablaré en otros artículos.

Las barreras se han de derrumbar. La libertad ha de ser el fin último de todas las políticas. El proteccionismo de hoy es el germen de los conflictos y de la pobreza futuros. Protegernos es matarnos lentamente.

Johan Norberg, globalización, progreso y libertad.

Aquí el que escribe junto con el economista sueco Johan Norberg en el último Campus de la FAES, donde el Sr. Norberg, en el seno del curso El Futuro de la Democracia Liberal, vino a desmontar uno por uno los mitos de los "antiglobalización".

 

Globalización, capitalismo, inmigración y las mentiras de siempre.

P.: ¿La contradicción básica de la globalización económica consiste en que
postula la libre circulación de capitales pero restringe la de las
personas?
R.: Sí, en efecto. El capital circula cada vez más libremente mientras que
los estados se están defendiendo con la multiplicación de barreras contra los
seres humanos. Me parece muy interesante distinguir entre las palabras movilidad
y migración. Mientras que la movilidad es algo que se exige al trabajador dentro
del contexto nacional - se le pide más y más flexibilidad - en el plano
internacional se criminaliza la movilidad de esas mismas personas.

¡Mentira!

En este caso una mentira, varias mentiras, del mismísimo sociólogo Ulrich Beck.

Si esta cuestión es la contradicción básica de la globalización, muchos informes y documentos sobran. Creo que podría ser una de las críticas, falaz pero una, que se le podría hacer, pero no la básica. Además la globalización no sólo es económica, el mismo proceso de inmigración que aquí se debate es parte de esa globalización, y con esa inmigración el intercambio cultural.

En todo caso no hay contradicción, y Beck es una gran generalista embaucador. Qué los Estados se blindan contra las personas inmigrantes: Qué Estados, con qué Gobiernos. No sólo los liberales o conservadores, la inmigración es un "problema" para todos los gobiernos del color político que sean.

Que se blindan. Falso. Todo Estado ha de velar por la integridad de su sociedad, por el cumplimiento de sus leyes y por la seguridad de sus ciudadanos. De la misma forma que existen leyes que las empresas y los inversores han de cumplir, quien desee instalarse en un Estado debe cumplir una serie de normas. Un Estado que cierra sus fronteras, las cierra a la riqueza, a los empresarios que son, en esencia, los inmigrantes.

En España no hay restricción a la inmigración. Cualquier extranjero sin delitos que desee trabajar en España puede hacerlo. Cualquiera. Sólo debe tener una oferta de trabajo en regla, por una empresa solvente, y efectuar los trámites que la legislación en materia de extranjeria establece. No hay restricciones a la inmigración laboral, hay restricciones a la imigración de la utopía, a esa inmigración que poco le falta para creer que en Europa el dinero crece en los árboles, falsamente engañada por la demagogia e ignorancia económica.

El principio liberal aboga por la libertad de capitales, por la libertad de comercio y por la libertad de movimiento de las personas. Pero siempre cumpliendo unas normas que garanticen el imperio de la Ley, el sostenimiento del sistema y la seguridad de los ciudadanos, de todos los ciudadanos incluidos los inmigrantes.

Si de verdad hubiera más libertad económica, concretamente en África, los africanos que emigran, por norma los más preparados, podrían crear negocios en Africa y no tener que emigrar. Pero ese es otro asunto que ya trataremos.

Un mentira más que a muchos les escuchamos repetir y nos nos cansaremos de refutar.

La voluntad colectiva frente a la individual.

El Tribunal Constitucional, al igual que hicieron antes el Juzgado de lo Social número 24 de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , ha decidido desestimar el recurso de amparo de un trabajador que fue jubilado forzosamente y ha dejado claro que es posible obligar a jubilarse a un trabajador cuando así esté recogido en el convenio de la empresa.

Un trabajador de una empresa del sector del gas, que llevaba casi 30 años trabajando en la compañía, recibió el 20 de septiembre de 2001 una carta en la que se le notificaba que se le iba a dar de baja por jubilación en aplicación del convenio colectivo. El trabajador consideró la carta como un despido, al entender que como tenía 63 años (dos menos de la edad ordinaria de jubilación), no se le podía imponer la jubilación. Por eso devolvió el finiquito que le había ingresado la empresa junto con la nómina del mes y decidió acudir a los tribunales.

Tanto el Juzgado de lo Social como el TSJ dieron la razón a la empresa, por lo que el trabajador, convencido de que se habían atropellado sus derechos, acudió a solicitar amparo al Tribunal Constitucional. Durante el procedimiento, se acreditó que el trabajador llevaba cotizando a la Seguridad Social desde el año 1954 y que reunía todos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación.

El Tribunal reconoce que la jubilación forzosa supone un "tratamiento desigual" y un "sacrificio para el trabajador afectado", pero entiende que está justificada y es legal siempre que se den dos requisitos: por un lado, que el trabajador tenga garantizado el acceso a la prestación por jubilación de la Seguridad Social y, por otro, que no se amortice el puesto, sino que, por el contrario, la salida del que se jubila permita acceder al mercado de trabajo a una persona que se encontraba en paro.

Como la empresa contrató a un nuevo trabajador y el jubilado empezó a cobrar su pensión, entiende el Constitucional que se cumplieron los dos requisitos, por lo que desestimó el recurso de amparo del trabajador (sent. del TC de 9.10.2006)

Se comprueba con esta noticia como en el ámbito laboral la voluntad colectiva expresada por unas organizaciones, las sindicales, con una represetatividad mínima, se impone sobre la voluntad individual, sobre la liberad de un ciudadano y obligan a su "muerte" laboral. También se comprueba, que cuando quieren, a los empresarios bien que les interesa someterse a los criterios sindicales por encima de la libertad de sus trabajadores.

Los fiscales, la construcción y el terrorismo.

Indiqué en algún que otro artículo que uno de los males actuales a la hora de debatir y defender ideas es la perversión del lenguaje. Ya nada es lo que era, nada parece lo que es, nada significa lo que queremos que signifique y todo es confuso. Cuando todo es todo no hay nada.

Así, se ha venido criticando el empleo del concepto terrorismo por parte de los gobiernos occidentales para designar las acciones armadas de los distintos grupos que operan en todo el mundo. No son terrorismo las acciones de las FARC, no son terrorismo las masacres en IRAK, no es terrorismo la llamada Kale Borroka, etc. Para ello se utilizan conceptos como insurgentes, rebeldes, gamberros, etc. para no denominar terroristas a supuestos luchadores antiglobalizadores (a pesar de que prefieran llamarse alterglobalizadores).

Pero como sucede con todo ahora las tornas se ha girado y los mismos que criticaban el uso del concepto terrorismo para acciones terroristas lo utilizan para designar todo tipo de violencia, y como todo es terrorismo nada lo es. Así ahora tenemos terrorismo de género, terrorismo en las aulas, y como no terrorismo patronal y por ende en la construcción.

Que en el ámbito laboral se exageren los términos es lógico y coherente con el clima de conflicto permanente que existe entre los intereses empresariales y los intereses sindicales (que nada tienen que ver con los intereses de la economía y/o con los intereses de los trabajadores). Pero que haya sido el Fiscal del Tribunal Supremo coordinador de siniestralidad laboral, José Manuel de Oña, el que haya utilizado este concepto, terroristas de la construcción o terrorismo empresarial, resulta más que sorprendente (aunque ya poco nos pueda sorprender).

Desde hace meses se desarrollan en Asturias las jornadas formativas para jueces y magistrados en materia de siniestralidad laboral, ámbito en el cual se hicieron las anteriores manifestaciones. Se intenta, con muy buen criterio, formar a quienes han de juzgar, en los procelosos mundos de la empresa y de la prevención de riesgos, especialmente en sectores sensibles como la minería, la construcción, el metal, etc. Muy buena iniciativa que debería mostrar un mayor nivel de exigencia intelectual y no caer en arquetipos y declaraciones de cara a la opinión pública.

El sector de la construcción es un sector duro, un sector donde se conjugan muchas circunstancias que lo sitúan en el punto de mira de la sociedad, donde operan los mejores y los peores representantes de una muy variada clase empresarial, desde grandes corporaciones a pequeños negocios familiares. También es un sector donde encontramos a los mejores profesionales junto con otros que adolecen de la necesaria profesionalidad, o que, por su condición de extranjeros, requieren otra atención.

Todo ello nos obliga a rechazar generalizaciones. Ni existe terrorismo en la construcción ni debemos dejar de cuidar que se cumplan las medidas de prevención de forma estricta, por parte de los empresarios como por parte de los trabajadores. La ingente marea legislativa que existe en la materia no ayuda a prevenir los accidentes, más bien dificulta (como ha venido a manifestar alguna sentencia) y ayuda a prevenir la quiebra de las empresas que se dedican a la gestión de la prevención, gestión que en muchas ocasiones no pasa de ser meramente administrativa.

Las amenazas de las fiscalía con penas de cárcel o las prohibición de subcontratas a partir de un cierto encadenamiento no evitarán que los riesgos inherentes al sector desaparezcan.

Sí existen otro tipo de medias, que intentaremos explicar en otro artículo y que podrían ser más eficaces, como permitir el aseguramiento privado del recargo de prestaciones del artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social, evitando de esa forma que las pequeñas empresas se descapitalicen o simplemente desaparezcan para evitar el pago, o permitir a los juzgados de lo social concentrar todo el proceso en caso de accidentes de trabajo (como se indicó en el libro blanco de la justicia) y mostrarse menos rígidos en sus consideraciones a la hora de indemnizar.

Hemos de tener en cuenta que el fracaso es de todos cuando un trabajador pierde la vida. Fracasa la Administración por no lograr garantizar un trabajo seguro y digno como dice la Constitución (que si no dijera tanto…), fracasa la empresa al no velar por la vida de sus trabajadores, y fracasa la sociedad en pleno al perder un miembro y tener elevados costes sociales.

Por último recomendamos a la fiscalía que ponga sus ojos en la propia Administración que es donde existe un mayor incumplimiento de la normativa laboral, en general, y de prevención de riesgos, en particular.

La social-burocracia da lecciones pero no ejemplo.

Los liberales de luto.

Ha muerto a los 94 años Milton Friedman, lider de la "Escuela de Chicago". Posteo el artículo de José Carlos Rodríguez, del Instituo Juan de Mariana, por su interés.

Contra la Libertad y el Progreso.

Según la Disposición Final Segunda, del Real Decreto Legislativo 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del empleo se autoriza al Gobierno, a que con el fin de profundizar en la consecución de los objetivos a que responde este Real Decreto-ley, y en función de la evolución que experimente el empleo, especialmente de los trabajadores que tengan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo o para el mantenimiento del empleo, pueda introducir, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, modificaciones en el Programa de Fomento del Empleo que se regula en el mismo, tanto en lo que se refiere a los colectivos beneficiarios, como a los incentivos aplicables y a las condiciones exigidas para su aplicación, y asimismo para que pueda establecer programas específicos para mejorar la formación y cualificación profesional y facilitar la estabilidad en el empleo y la reinserción laboral de los trabajadores que hubieran perdido su empleo como consecuencia de procesos de liberalización del comercio y de la globalización.

Esta norma, pactada entre representantes de empresarios y los sindicatos, los llamados "agentes sociales", y que el Gobienro diligentemente ha publicado sin debate parlamentario recoge una autorización al Gobierno (¿quién autoriza, el Parlamento o los agentes sociales?) para ayudar a quienes pierdan su puesto de trabajo a causa de la liberalización y de la globalización, sin más, sin especificar, porque sí, y porque somos más chulos que nadie y estamos en contra de liberalizar y de la globalización o lo que es lo mismo, en contra de la libertad y del progreso.

A qué nivel legislativo tan bajo hemos llegado, que no sólo se usurpa al Parlamento la elaboración de las normas, dejándolas en manos de organizaciones corporativas con mínima representación real, sino que se aceptan normas ideológicas directas en dichas normas, contra procesos globales como la liberalización y la malvada globalización (que sirve para acusarla de todo lo malo: los jinetes del apocalipsis: la Globalización, Israel, EEUU y alguno más).

Por cierto, ¿qué hacemos con los trabajadores que pierdan su puesto de trabajo por causa distinta a la liberalización y/o a la globalización?

Leer el BOE todos los días para encontrarse esto es muy cruel.

A ver cuando tenemos a Johan Norgerg en alguna TV.

El futuro de la Seguridad Social

Se ha publicado en la web de la editorial jurídica quantor un artículo proponiendo la apertura de nuestro sistema de protección social a las cuentas de capitalización individual.

En el ámbito económico es una propuesta muy debatida y bien defendida. Ahí tenemos el informe publicado por el Circulo de Empresarios en junio de 2001. Pero ya era hora de que las editoriales jurídicas empezarán a abrirse al debate.

Pronto aparecerá en el boletín impreso de esta editorial y seguro traerá cola.

Por cierto el artículo lo firmamos quien este blog mantiene (no sin esfuerzo) y el Ilmo. Sr. D. José Luis García Bigoles, Medalla de San Raimundo de Peñafort y Presidente de la Asociación Internacional de Expertos en Derecho del Trabajo "Profesor Alonso Olea".

Para leer el artículo aquí:

www.quantor.net/Utils/Descarga.aspx?Id=241

Malas noticias para los trabajadores españoles.

Muy malas noticias se han producido estos días. Por un lado nos hemos enterado que el MTAS obligará, cuando se apruebe el nuevo estatuo del trabajador autónomo, a cotizar por riesgos profesionales a los autónomos dependientes (aquellos cuya facturación total dependa, en al menos un 75%, de un sólo cliente) y a los que desarrollen su actividad en sectores de riesgo.

Esta obligación supondrá ingresar en las arcas de la Seguridad Social 600 millones de euros al año. 600 millones que han de pagar los autónomos porque al MTAS se le antoja cuidar de su salud.

Se nos indica en la fuente que da la noticia, el diario 5días, que ahora no están obligados como sí lo están los trabajadores del régimen general. Se olvida indicar el redactor de la noticia  que es en el régimen general, dada su ámplia cobertura, donde existe el mayor fraude por bajas laborales (la IT's, antiguas ILT's) y, en cambio, en el régimen de autónomos, este fraude es mínimo, dado que un autónomo es un empresario que trabaja con el fin de crecer y ganar dinero y por lo tanto no busca excusas para no trabajar. Si ahora se vuelve obligatoria la cotización veremos incrementarse el número de trabajadores autónomos que se quedan en casa, porque nadie paga un servicio para no hacer uso del mismo.

Pero qué esperar de un ministerio dispuesto a ofrecernos "todo lo que necesitamos". Ver carta.

Por otro lado nuestro MTAS, junto con los de Italia, Grecia, Francia y Chipre, todas ellas las economías más modernas y dinámicas de Europa, han decidido, contra el criterio del resto de miembros de la UE, bloquear la posibilidad de que empresario y trabajador pacten una jornada semanal superior a las 40 horas. Gran logro para un páis como España, que se vanagloria de ser el más fiestero, que luego resulta es el que que más horas está en el trabajo (esperando a que marche el Jefe) y que tiene los índices de productividad más bajos. En vez de dejar libertad, se restringe, se coarta, se impone y seguro que se ha impedido a quien ahora hace muchas horas extras, que no le remuneran, ver incrementarse sus ingresos al pactar, en libertad, en contrato una mayor jornada.

Grandes logros los de nuestro país, España, empeñado en limitar las libertades en el mercado de trabajo, en beneficio de unos pocos trabajadores privilegiados y en perjucio de aquellos que desean trabajar, pero que dadas las mútiples trabas burocráticas que se ponen y la carga fiscal existente sobre el trabajo no ven su aspiración cumplida.

Ya lo he dicho en más de una ocasión, la legislación contra los trabajadores.

A vueltas con las prestaciones de desempleo.

Nos informaba (!) el diario El país, el pasado día 1 de noviembre que nuestro país, España, dedicaba la mitad de la media europea en gasto social. La fuente era Eurostat, aunque no sabe bien uno cómo tomárselo.

Lo más destacado, para mí, de la noticia era que en prestaciones de desempleo no estábamos por debajo de la media, sino que superábamos el doble de la media comunitaria. España dedica un 13,3 por 100 de su gasto social a cubrir prestaciones por desempleo.

Llevamos años discutiendo en el ámbito laboral como combatir el desempleo, cómo compaginar las medidas activas y las pasivas. Muchos han visto en las medidas activas al estilo nórdico la solución, pero se han olvidado, como bien dice Norgerg en su artículo, que no somos suecos. Los más continuan abogando por el pago de prestaciones como elemento igualitario, redistribuidor y de justicia social.

La verdad es que la tasa de desempleo en España, además de ser alta, como en tantos otros países y a través de otras tantas instituciones estadísticas, es falsa, al no incluir a infinidad de mujeres, de estudiantes o de inmigrantes.

Son muchos los que a la par que cobran prestaciones efectúan trabajos en la economía sumergida, y son muchos también los que alcanzados los 52 años, sin posibilidad alguna de reincorporarse al mercado de trabajo cobran el correspondiente subsidio hasta la edad de jubilación.

Todo con un único fin, salvaguardar la sacrosanta paz social. Todo en nombre de la justicia social.

Esta nota se puede leer en relación con una anterior sobre el SMI, y valorar si no es mejor tener a la gente trabajando por esa cantidad que el Estado abona (no llega a 400 € al mes) que esperando en su casa y/o trabajando en la economía sumergida.

Proteccionismo del Gobierno para los más fuertes.

Se acaba de publicar en el BOE la LEY 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Muchos años llevaban clamando en el desierto los Consejos de la Abogacía y de la Procura por que un Gobierno, cualquiera, sacase adelante esta Ley al más puro estilo proteccionista. O sea, protección para quién más tiene, protección del fuerte para que no se vean mermados sus intereses.

Se enmascara el fin de la norma en garantizar una asistencia jurídica de calidad para los justiciables, todos los ciudadanos, pero en realidad se trata de que los actuales bufetes no pierdan cuota de mercado, asustados ante la avalancha (ya no tanta) de Licenciados en Derecho que salían de nuestras universidades.

El mecanismo de garantía de ingresos es simple. Tras licenciarse será obligatoria más formación, paradógicamente impartida por las propias universidades o por las escuelas de práctica jurídica de los propios colegios de abogados. Tal parece que los 4 años de Licenciatura no son suficientes o que la formación dada durante ese tiempo no es lo suficientemente buena como para ejercer la profesión. Una crítica rechazada durante años por la Universidad se plasma,  ahora negro sobre blanco, nada más y nada menos que en el BOE.

Tras pagar el "impuesto revolucionario" del plus formativo, el prometedor abogado o procurador deberá superar un examen de "carácter nacional" para demostrar su valía y garantizar su profesionalidad. Se trata de un examen que nos hace la Administración, no para trabajar con ella, sino para montar un negocio privado donde puedo triunfar, sobrevivir o fracasar.

No hacen falta muchos argumentos para considerar esta Ley un atentado más contra la iniciativa individual, contra la libertad de empresa, y contra el derecho de todo licenciado a ejercer su profesión en el mercado libre. Toda excusa que se ponga es mentira, toda defensa de la norma es una defensa de interese creados.

Para más inri la prolongación de los estudios y la superación del examen requerirá más tiempo y más dinero a los futuros abogados y procuradores. ¿Y quién tiene ese tiempo y dinero? ¿Quizás los hijos de los dueños de los grandes despachos? Se prometen becas, pero ¿que cantidad ha de abonar el Estado, a costa de todos, a un potencial abogado que dedica varios, muchos años, a sus estudios, para luego, quizás, no superar el examen?.

De nuevo ante una norma más para intervenir, una norma más para coartar, una norma más para despilfarrar dinero y una norma más para proteger a unos privilegiados de la sana competencia. Una norma reaccionaria.

PROPUESTA ALTERNATIVA: Traslademos el examen propuesto para después de la Licenciatura a antes de acceder a la universidad. Eliminemos la "universidad para todos" a cambio de una univerisidad para quien demuestra valer en los estudios. Permitamos que todo aquel que tenga potencial estudie, incluso a costa del Estado, ya se lo reclamaremos cuando trabaje. Pero eliminemos, ya, los miles de "universitarios" que engordan la aulas, despilfarran el presupuesto y encima no figuran en las listas del paro.

El Salario Mínimo Interprofesional, SMI, contra los trabajadores.

Hay ciertas ideas que impregnan las sociedades del llamado Occidente que por muy perniciosas que sean para los ciudadanos, éstos se niegan a repensar, no ya a rebatir, sino únicamente a repensar, pararse a reflexionar si lo que se ha estado haciendo ha sido lo correcto o si en algún momento ha dejado de ser útil para convertirse en un perjuicio general imposible de detectar. Esto es lo que ha sucedido con las normas reguladoras del llamado salario mínimo interprofesional (SMI). Normas que nacieron con el encomiable objetivo de elevar el nivel retributivo de ciertos sectores, y que con el tiempo han dejado, dichas normas, de tener fundamento alguno y se han trasformado en elemento político del gobierno de turno para incorporar a su programa, tras las correspondientes presiones sindicales, y ganar unos cuantos votos, supuestamente de quien reciben dicho salario. 

En España se ha calculado que aproximadamente  4,8 millones de trabajadores perciben el SMI. Si según el INE hay algo más de 16 millones de asalariados, en torno al 30 por 100 de la población española cobra el SMI, y si a ello le sumamos que según el panel de Hogares de la UE el 37,6 por 100 de los hogares españoles viven de sus ingresos salariares principalmente, y que en muchas comunidades autónomas se ha informado que dicho SMI no alcanza para vivir, nos encontramos con que la figura del SMI alcanza un importante puesto en el ranking de las promesas políticas, de normas intocables de nuestro Estado de Legislación, que no de Derecho, se ve en la obligación de manrtener, actualizar y defender siempre sin esperanzas de debate y reflexión.

Por eso inicié este artículo advirtiendo que en nuestras sociedades occidentales, no sólo en las musulmanas, los dogmas intocables existen, bajo pena de excomunión, y entre ellos está la bonanza del SMI,  el cual, afirmo, incluso en mi calidad de laboralista, que es preciso eliminar. ¿Con qué fin y por qué razón? Con el objetivo de dejar de discriminar a los jóvenes sin formación, a los inmigrantes y a las mujeres. Con el fin de no legislar contra los más desfavorecidos e inicar un correcto camino para el pleno reconocimiento de la responsabilidad de empresarios y trabajadores, sin la tutela del Gobienro ni de los Agentes sociales.

Así es, el SMI es una norma que contra lo pensado ataca directamente al trabajo de los más desfavorecidos promoviendo la economía sumergida en nuestro país, la cual alcanza el 22,6% del PIB oficial, frente a un 17,4% del promedio de países de la OCDE, sólo por debajo de Italia, Grecia e idéntica a la de Portugal, todo ello según el informe sobre el clima de negocios del Banco Mundial 'Doing Business 2007'. Porque no se puede explicar de otra forma que dados los números y estadísticas citadas más arriba tantos españoles vivan con el actual SMI.

Sólo la existencia de una elevada bolsa de economía sumergida, de salarios abonados fuera de nómina y de trabajadores sin contrato o con contratos por un número de horas inferiores a las realmente realizadas, se puede justificar la ausencia de revueltas sociales, en un país tan dado a salir a la calle como el nuestro. 

Y es que existen las ‘burguesas’ y ‘malsanas’ ideas de que en todo inicio de la relación laboral lo más importante es el salario, de que todos somos 'iguales' y todos debemos cobrar lo mismo y que no hay diferencia alguna entre un joven de 16 años, otro de 20, el sector de reparto de publicidad o la hostelería. Todos a cobrar lo mismo según los ideólogos del SMI. Con estas ideas, con un erróneo fundamento económico como es la expansión del crédito para generar riqueza, se elimina la posibilidad de que jóvenes trabajadores sin formación accedan con contrato a trabajos poco productivos, se impide que muchos inmigrantes sean contratados (y sí en cambio se opte por mano de obra ilegal con la explotación que eso supone) o se obstaculiza el acceso de muchas mujeres al mercado de trabajo una vez tienen hijos.

Y todo ello porque al no alcanzar un nivel de productividad mínimo se opta, como hemos dicho, por abonar salarios fuera de nómina, contratar por menos horas de las realmente trabajadas o, directamente, trabajar sin contrato como es el supuesto de muchos inmigrantes, mujeres del servicio doméstico o jóvenes universitarios.Los índices de desempleo se disparan entre las mujeres, los jóvenes y, ahora, entre los inmigrantes, los cuales, según datos del propio Ministerio de Trabajo en julio de 2006 alcanzaban los 133.109 sin trabajo, un 21,6 por ciento más que en el mismo mes de 2005. Por eso son estos colectivos los que más sufren que el ‘estado  benefactor’ imponga unos salarios mínimos a abonar, dado que ven como o no se les contrata o son elementos de todo tipo de argucias legales para no abonar seguridad social o formalizar contratos laborales.

Se podrá alegar que de no existir SMI los empleadores tenderán a pagar cada vez menos, pero de la misma forma se puede alegar que de ser así no encontrarán trabajadores que deseen ocupar esos puestos de trabajo, los cuales no olvidemos son de baja productividad, ya que el debate se vicia si se introduce la idea de que se ha de cobrar un determinado salario con independencia del puesto y de la productividad, ya que de ser así no me explico por qué tenemos un SMI de cerca de 600 € y no de 1.500 € o de 3.000€.

EL SMI es un elemento de promesa electoral que siendo muy irresponsable se incrementa sin medida, siendo políticamente correcto se deja intacto y siendo osado y racional económicamente hablando se suprime para moralmente ser justos con los más desfavorecidos en el mercado de trabajo. Subir el SMI sin criterio, sin seguir los criterios del Estatuto de los Trabajadores, entre ellos la productividad, igualarlo en todos los sectores sin cortapisa, supone introducir en el mercado un crédito sin justificación que sólo ayuda al incremento de los costes, la subida de los precios y, finalmente, la elevación del impuesto más injusto para los trabajadores, la inflación.

En nuestras grandes empresas, en los sectores de la construcción o en la minería no existen problemas con el SMI, es esta una norma que asfixia a la micro empresa española, generadora de muchos puestos de baja productividad y/o sometida a una competencia atroz,  de vital importancia para incorporar al mercado de trabajo a los más jóvenes y a los inmigrantes permitiéndoles iniciarse en el mundo laboral comprendiendo sus normas, obligaciones y derechos.

El SMI frena la expansión del trabajo entre las ideas de los emprendedores que precisen en sus inicios mucha mano de obra y no cuenten con liquidez suficiente, frenando el SMI la contratación de muchos trabajadores que de esa forma no continuarían en las listas del desempleo.

El SMI perjudica a la economía, perjudica a los trabajadores, perjudica a los emprendedores y sólo beneficia a quienes viven de promesas electorales. El SMI es una medida contra los trabajadores y es hora de empezar a explicarlo con valentía.

Desempleo e inmigración.

El 6 por 100 de los ciudadanos que reciben prestaciones por desempleo son inmigrantes. Así nos lo contaba ayer, 26 de octubre, la versión impresa del diario El Mundo. Casí 80.000 ciudadanos extranjeros cobran esta prestación básica de nuestro estado de bienestar.

Dice el PP, según la noticia, que se debe al proceso de regularización pasado. Creo que se equivocan, y que en este tema les puede su lado conservador sobre su lado liberal, aunque desde un punto de vista liberal, estas dádivas estatales no sean bien vistas y con razón.

Nuestra legislación ampara al trabajador que tras un cierto tiempo de cotización, mínimo de un año, pierde su puesto de trabajo. Si los ciudadanos extranjeros cumplen esos requisitos, mientras no se modifique la normativa actual tendrán derecho a esas prestaciones.

Podemos criticar la generosidad de nuestro sistema, y lo hacemos. Recientes datos del Ministerio de Trabajo ponían al descubierno que muchos desempleados tenían nulas posibilidades de acceder al mercado de trabajo y sobrevivían con los subsidios.

Si a todo lo expuesto incluimos el incesante incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin tener en cuenta el criterio de la productividad, nos encontraresmo con dos grupos de desempleados.

Un primer grupo son aquellos que comprobando la generosidad de nuestro sistema decidan prestar sus servicios en el mercado negro o economía sumergida, cobrando los subsidios y los salarios, sin cotizar. Esta situación la conocemos bien los asesores laborales que no nos cansamos de advertir a los empresarios de su irregularidad y a los trabajadores de su egoísmo y falta de previsón futura, minorando su carrera de cotización.

Un segundo grupo serán los desempleados con nulas opciones de accceder al mercado de trabajo. Recientes informes del Ministerio de Trabajo demuestran que un elevado tanto por ciento de desempleados no tiene opciones de volver al mercado de trabajo. Estos trabajadores no son atractivos para los empresarios que están obligados a abonarles el SMI sin tener certeza de recuperar ese dinero con su productividad. Proponemos la eliminación del SMI para este tipo de desempleados considerando que es mejor trabajar por poco, incluso por el valor del subsidio que ya reciben, que estar en casa sin hacer nada.

Sería, en definitiva, recuperar el valor del trabajo frente al subsidio.

 

Que se acabe con las Cajas de Ahorros

Las cajas piden al Banco de España que acabe con "los excesos regulatorios" según publica El País, hoy miércoles, 25 de octubre.

 Quieren las cajas ser como el resto de Europa, donde, según ellas, las autoridades bancarias centrales intervienen menos. Pero, puestos a tener menos intervención por qué no eliminamos las cajas y las trasformamos en bancos privados sin la intervención en sus consejos de los políticos de turno.

Las cajas de ahorro, ese gran instrumento de la política económica de las CCAA reclamando que el BCE intervenga menos. Siempre se reclama que se intervenga menos cuando tenemos fácil ganar dinero por nuestra privilegiada posición en el mercado. Cuando existen dificultades exigimos la intervención para nuestra protección.

No dejen de leer la noticia que encontrarán muchas perlas del más claro capitalismo de estado o capitalismo administrado.

Repetimos, puestos a evitar excesos regulatorios que las cajas desaparezcan o se transformen en entidades 100 por 100 privadas.

Y si pierden dinero por la competencia que se adapten o que se mueran.

Más intervención. Menos libertad. Menos progreso.

Se ha publicado el 19 de octubre la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, BOE número 250, páginas 36317 y siguientes.

Esta norma claramente intervencionista, limitadora de la libertad de empresa, se promulga enmascarada en la lucha contra la prevención de riesgos.

El artículo 5 de esta norma, que establece el régimen de subcontratación, es un ejemplo claro del gusto por intervenir y limitar la libertad de gestión de las empresas. Quien crea que esta nueva norma ayudará a reducir la siniestralidad en la construcción es un ingenuo.

La norma en cuestión aumenta la burocracia en las empresas, ralentiza los trabajos, pone de nuevo en el punto de mira de la Inspección a este sector y perjudicará seriamente al miles de microempresas y autónomos que son subcontratos en el sector.

Quedamos a la espera del desarrollo reglamentario que, por desgracia, suponemos será más intervencionista.

Malos tiempos para la libertad de empresa y para la iniciativa de los emprendedores.

UGT rehúsa ahora apoyar un documento sindical a favor del diálogo con ETA que habla de autodeterminación

He aquí una de las grandes lacras del llamado estado social español. Los agentes sociales elevados a la calidad de representantes de toda una colectividad. Con una representatividad mínima entre los trabajadores en particular y entre la población en general, los sindicatos son llamados, o se hacen llamar, para todo aquello que les reporte publicidad y poder, sea un asunto laboral o no.

Creemos que los tiempos de los sindicatos como correa de trasmisión de los partidos, o viceversa, ya han pasado. Dada la presencia real de estas organizaciones en el mundo laboral y en la sociedad se deberían limitar a defender los derechos de sus afiliados, cosa que hacen bastante bien cuando les interesa. Eso sí, su defensa, radical en ocasiones, reducida a determinados colectivos, es ejemplo de la más reaccionaria práctica actual y en ocasiones antidemocrática.

Ante problemas nacionales todos suman. Pero los sindicatos no tienen, hoy, mayor legitimidad que muchas otras organizaciones con tanta o más representatividad y presencia social.

A PROPÓSITO DE LA ÚLTIMA REFORMA LABORAL

De forma sibilina en algunos casos, y descarada en otros, poco a poco se nos ha ido convenciendo que determinadas cuestiones en materia social son irrenunciables para el Estado de Derecho. Cuestiones que nadie se atreve a combatir por miedo a ser tachado, señalado y conceptualizado como un reaccionario. Desde un plano teórico-ideológico la última reforma laboral aprobada por el Gobierno no es la reforma laboral que se esperaba, no es la reforma laboral que nuestra nación española necesitaba, y no es, siquiera, un paso más de evolución progresiva de toda sociedad hacia su último estadio racional que es la democracia liberal. Estas son el tipo de cosas que “no se pueden decir”.

 

Equivocadamente, pero intencionalmente, se nos ha dicho que el liberalismo es sinónimo de capitalismo salvaje, y  a su vez se ha identificado capitalismo salvaje con todo tipo de malas prácticas empresariales. Deberíamos escribir muchas páginas de un periódico como éste para poder explicar todas las corrientes liberales que existen, incluso para dejar claro que el concepto liberal, concepto acuñado en las discusiones de la Constitución de 1812, también ha sido tergiversado por intereses espurios, como tantos otros conceptos jurídicos, económicos y políticos. Liberal en los Estados Unidos de América significa, representa, algo distinto a lo que significa liberal para los europeos. Pero para casi todos, la idea liberal no va relacionada con la defensa de la libertad absoluta de los individuos, sino con la defensa de un relativismo moral. Craso error.

 

La última reforma laboral aprobada por el Gobierno, tras un nuevo episodio del neocorporativismo social impuesto en España bajo el epígrafe de "diálogo social", y que no es más que la muerte de la vida parlamentaria, la usurpación de la soberanía nacional,  de la voluntad popular, por unas elítes mínimamente representativas de la sociedad, pues dicha reforma, impuesta, ha ahondado en los múltiples y complejos errores y circunloquios que tiene nuestro Derecho del Trabajo, un derecho que justificadamente nació para salvaguardar una parte, los trabajadores, que se encontraba en indefensión en una determinada época social, en un determinado estadio histórico que en nada se parece al actual. Ejemplo de que en libertad, bajo el capitalismo, se avanza a mejor, como se puede comprobar en Taiwán, Korea del Sur, Chile, Costa Rica, etc.

 

No hemos de olvidar que las diferencias sociales no son de ahora ni de antes, ni del mañana, y que los estudios económicos en aras a lograr el mayor equilibrio social, que no al igualitarismo reduccionista y discriminador, con el fin de compaginar la moral con la libertad individual, son mucho más antiguos de lo que se piensa. Si para muchos, como antes decíamos, el concepto liberal se ubica en la discusión de la Constitución de 1812, muchos sólo son capaces de relacionar esta forma de entender la vida con la Escuela Austriaca de Economía, o, incluso, solamente osan hablar de liberalismo entre autores anglosajones, ya sean Británicos o de los Estados Unidos de América. Pero pocos son los que tienen claro que los inicios del verdadero liberalismo económico y social, ya que moral cívica y liberalismo económico han ido siempre de la mano, se remontan a nuestra propia historia, a la Escuela de Salamanca y al mismísimo Juan de Mariana, autor de la Teoría del Regicidio; si el Rey, el Estado, no cumple, es lícito acabar con el Rey, es lícito reducir la presencia del Estado al mínimo posible con el fin de interferir lo menos posible en la vida de los súbditos, de los ciudadanos.

 

Nuestro actual sistema democrático, al que quisiéramos poder llamar democrático liberal, se ve cada vez más y más regulado por multitud de normas que coartan la libertad individual y trasladan a las administraciones, ya sean nacionales, autonómicas o locales, la capacidad para decidir por el individuo, por el ciudadano, eclipsado por la masa conocida como ciudadanía. Por eso, yendo más allá, comprobamos como desde distintos flancos de la economía, de la sociedad, de la política, o incluso de la religión, se intenta retrotraer nuestro día a día a la Edad Media estableciendo estatutos particulares para colectivos bien diferenciados anulando los derechos individuales y estableciendo los derechos colectivos, y ejemplos tenemos en Iris Marion Young, y su "ciudadanía diferenciada" y el politólogo Will Kymlicka, dispuestos a tolerar derechos especiales de representación para determinadas minorías. ¿Serán parte de esas minorías los sindicatos y la patronal que en nombre de un pequeño porcentaje de la población han impuesto una reforma laboral a todos los ciudadanos en nombre del "diálogo social" y el Gobierno, de todos los españoles, ha cedido?

 

La reforma laboral que muchos esperábamos, que muchos que nos dedicamos al Derecho del Trabajo esperábamos, iba encaminada a reconocer que nuestra economía, absolutamente globalizada, afortunadamente globalizada por mucho que a eso nos opongamos, requiere de una mayor apertura, requiere de una mayor profundización en las medidas liberalizadoras. Y esto último, liberalizar el mercado de trabajo, no significa dar pasos atrás en la defensa de los derechos individuales y en la defensa de los derechos de los trabajadores, en tanto que son individuos, ciudadanos del estado nacional, significa trasladar mayor responsabilidad a la sociedad, retirar responsabilidad a organismos que se autoproclaman representantes de determinados colectivos y que desde hace mucho tiempo han perdido dicha representatividad. Una reforma laboral de tintes más liberales habría sido aquella que reconociera que los trabajadores y los empresarios, dado el nivel de cualificación que existe en nuestra nación, saben resolver sus problemas sin tener que acudir de forma permanente a leyes que decidan por ellos suprimiendo la primacía del Derecho, la libertad bajo el Derecho (rule of law, freedom under the law) por el imperio de unas leyes (que no Derecho) intervencionistas, de baja calidad técnica y de nula proyección de futuro. A mayor libertad, mayor responsabilidad, a mayor libertad de nuestras economías, incluido el mercado de trabajo, más oportunidades para los países en vías de desarrollo. Interesante, imprescindible, En Defensa del Capitalismo Global, de Johan Norberg, Unión Editorial, Madrid, 2005.

 

El futuro de la democracia liberal pasa por el fortalecimiento de unas instituciones que no tengan el fin de controlar la vida de las personas, pasa por la transformación de nuestras sociedades a través de la desregulación de nuestros contratos diarios, pasa por el fortalecimiento de la responsabilidad individual y pasa por el quebrantamiento de la idea de que social significa necesariamente estar amparados y protegidos permanentemente por el Estado. El liberalismo es el mejor camino para alcanzar la verdadera justicia social cuando los individuos conscientes de su responsabilidad en tanto que trabajadores y en tanto que empresarios saben para lo que se unen, saben el tiempo que va a durar esa unión y saben cuándo esa unión ha de acabar, sin temer unos por el precio y otros por buscar un nuevo puesto de trabajo que no asoma por lugar alguno mientras el Estado todo lo desee tutelar.

 

El fortalecimiento, la rigidez, del mercado de trabajo español, la regulación absoluta de las relaciones laborales de nuestro país o de cualquier otro país de la Unión Europea está llevando inexorablemente a que muchas empresas con posibilidad de movilidad geográfica abandonen nuestras fronteras para situarse en aquellos países que han comprendido que el liberalismo es la única solución para progresar económica y socialmente. Y esta es una de las ventajas de la globalización, las empresas que de aquí se van, se instalan donde antes no había oportunidades de trabajo, siendo interesante estudiar la evolución de las repúblicas bálticas, su proceso de apertura económica radical tras la liberación del yugo soviético, su espectacular crecimiento gracias a la absoluta liberación de los mercados, y como, tras su acceso a la UE, se han visto obligadas dichas repúblicas a instaurar una regulación rígida que ha frenado en seco su crecimiento. Mart Laar, quien fuera Primer Ministro de Estonia en dos ocasiones, la primera con 32 años, ejemplifica bien ese retroceso cuando en las negociaciones con la UE les tuvo que preguntar a sus interlocutores de Bruselas si les dejarían ser, tras entrar en la UE, una economía de mercado o les exigían volver al sistema intervencionista que les había sumido en el hambre más de 70 años.

 

Por otro lado, la defensa de lo social a ultranza en los países occidentales significa, sin ningún tipo de duda, la esclavización, la humillación y el encadenamiento de los países pobres en vías de desarrollo al verse incapacitados a competir en nuestros mercados y con nuestros trabajadores. De ahí, que regulaciones laborales como la última, con el fin legítima de mejorar nuestro empleo, no deben ir por el camino de la solución estatal, ni siquiera cuando lo deciden los sindicatos y los empresarios a los largo de más de un año de negociaciones, para al final, obligar a publicar en el BOE una norma "urgente" y que sólo es un lastre más para nuestro progreso como país occidental.

 

Han sido muchas las jornadas y congresos que se han celebrado para analizar el contenido jurídico de la última reforma laboral, mis palabras han querido analizar el trasfondo ideológico de dicha reforma, y, en ambos planos, se coincide en que no era esto lo esperado. Para unos es necesaria más intervención, para otros, entre los que me incluyo, el ciudadano es suficientemente maduro, en tanto que trabajador y/o empresario como para empezar a regir su vida sin la colaboración ni el apoyo del Estado en cualquiera de sus vertientes; nacional, autonómica y/o local.