In Dubio Pro Libertate

Se acaba de publicar en el BOE la LEY 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Muchos años llevaban clamando en el desierto los Consejos de la Abogacía y de la Procura por que un Gobierno, cualquiera, sacase adelante esta Ley al más puro estilo proteccionista. O sea, protección para quién más tiene, protección del fuerte para que no se vean mermados sus intereses.

Se enmascara el fin de la norma en garantizar una asistencia jurídica de calidad para los justiciables, todos los ciudadanos, pero en realidad se trata de que los actuales bufetes no pierdan cuota de mercado, asustados ante la avalancha (ya no tanta) de Licenciados en Derecho que salían de nuestras universidades.

El mecanismo de garantía de ingresos es simple. Tras licenciarse será obligatoria más formación, paradógicamente impartida por las propias universidades o por las escuelas de práctica jurídica de los propios colegios de abogados. Tal parece que los 4 años de Licenciatura no son suficientes o que la formación dada durante ese tiempo no es lo suficientemente buena como para ejercer la profesión. Una crítica rechazada durante años por la Universidad se plasma,  ahora negro sobre blanco, nada más y nada menos que en el BOE.

Tras pagar el "impuesto revolucionario" del plus formativo, el prometedor abogado o procurador deberá superar un examen de "carácter nacional" para demostrar su valía y garantizar su profesionalidad. Se trata de un examen que nos hace la Administración, no para trabajar con ella, sino para montar un negocio privado donde puedo triunfar, sobrevivir o fracasar.

No hacen falta muchos argumentos para considerar esta Ley un atentado más contra la iniciativa individual, contra la libertad de empresa, y contra el derecho de todo licenciado a ejercer su profesión en el mercado libre. Toda excusa que se ponga es mentira, toda defensa de la norma es una defensa de interese creados.

Para más inri la prolongación de los estudios y la superación del examen requerirá más tiempo y más dinero a los futuros abogados y procuradores. ¿Y quién tiene ese tiempo y dinero? ¿Quizás los hijos de los dueños de los grandes despachos? Se prometen becas, pero ¿que cantidad ha de abonar el Estado, a costa de todos, a un potencial abogado que dedica varios, muchos años, a sus estudios, para luego, quizás, no superar el examen?.

De nuevo ante una norma más para intervenir, una norma más para coartar, una norma más para despilfarrar dinero y una norma más para proteger a unos privilegiados de la sana competencia. Una norma reaccionaria.

PROPUESTA ALTERNATIVA: Traslademos el examen propuesto para después de la Licenciatura a antes de acceder a la universidad. Eliminemos la "universidad para todos" a cambio de una univerisidad para quien demuestra valer en los estudios. Permitamos que todo aquel que tenga potencial estudie, incluso a costa del Estado, ya se lo reclamaremos cuando trabaje. Pero eliminemos, ya, los miles de "universitarios" que engordan la aulas, despilfarran el presupuesto y encima no figuran en las listas del paro.

Nos informaba (!) el diario El país, el pasado día 1 de noviembre que nuestro país, España, dedicaba la mitad de la media europea en gasto social. La fuente era Eurostat, aunque no sabe bien uno cómo tomárselo.

Lo más destacado, para mí, de la noticia era que en prestaciones de desempleo no estábamos por debajo de la media, sino que superábamos el doble de la media comunitaria. España dedica un 13,3 por 100 de su gasto social a cubrir prestaciones por desempleo.

Llevamos años discutiendo en el ámbito laboral como combatir el desempleo, cómo compaginar las medidas activas y las pasivas. Muchos han visto en las medidas activas al estilo nórdico la solución, pero se han olvidado, como bien dice Norgerg en su artículo, que no somos suecos. Los más continuan abogando por el pago de prestaciones como elemento igualitario, redistribuidor y de justicia social.

La verdad es que la tasa de desempleo en España, además de ser alta, como en tantos otros países y a través de otras tantas instituciones estadísticas, es falsa, al no incluir a infinidad de mujeres, de estudiantes o de inmigrantes.

Son muchos los que a la par que cobran prestaciones efectúan trabajos en la economía sumergida, y son muchos también los que alcanzados los 52 años, sin posibilidad alguna de reincorporarse al mercado de trabajo cobran el correspondiente subsidio hasta la edad de jubilación.

Todo con un único fin, salvaguardar la sacrosanta paz social. Todo en nombre de la justicia social.

Esta nota se puede leer en relación con una anterior sobre el SMI, y valorar si no es mejor tener a la gente trabajando por esa cantidad que el Estado abona (no llega a 400 € al mes) que esperando en su casa y/o trabajando en la economía sumergida.

Muy malas noticias se han producido estos días. Por un lado nos hemos enterado que el MTAS obligará, cuando se apruebe el nuevo estatuo del trabajador autónomo, a cotizar por riesgos profesionales a los autónomos dependientes (aquellos cuya facturación total dependa, en al menos un 75%, de un sólo cliente) y a los que desarrollen su actividad en sectores de riesgo.

Esta obligación supondrá ingresar en las arcas de la Seguridad Social 600 millones de euros al año. 600 millones que han de pagar los autónomos porque al MTAS se le antoja cuidar de su salud.

Se nos indica en la fuente que da la noticia, el diario 5días, que ahora no están obligados como sí lo están los trabajadores del régimen general. Se olvida indicar el redactor de la noticia  que es en el régimen general, dada su ámplia cobertura, donde existe el mayor fraude por bajas laborales (la IT's, antiguas ILT's) y, en cambio, en el régimen de autónomos, este fraude es mínimo, dado que un autónomo es un empresario que trabaja con el fin de crecer y ganar dinero y por lo tanto no busca excusas para no trabajar. Si ahora se vuelve obligatoria la cotización veremos incrementarse el número de trabajadores autónomos que se quedan en casa, porque nadie paga un servicio para no hacer uso del mismo.

Pero qué esperar de un ministerio dispuesto a ofrecernos "todo lo que necesitamos". Ver carta.

Por otro lado nuestro MTAS, junto con los de Italia, Grecia, Francia y Chipre, todas ellas las economías más modernas y dinámicas de Europa, han decidido, contra el criterio del resto de miembros de la UE, bloquear la posibilidad de que empresario y trabajador pacten una jornada semanal superior a las 40 horas. Gran logro para un páis como España, que se vanagloria de ser el más fiestero, que luego resulta es el que que más horas está en el trabajo (esperando a que marche el Jefe) y que tiene los índices de productividad más bajos. En vez de dejar libertad, se restringe, se coarta, se impone y seguro que se ha impedido a quien ahora hace muchas horas extras, que no le remuneran, ver incrementarse sus ingresos al pactar, en libertad, en contrato una mayor jornada.

Grandes logros los de nuestro país, España, empeñado en limitar las libertades en el mercado de trabajo, en beneficio de unos pocos trabajadores privilegiados y en perjucio de aquellos que desean trabajar, pero que dadas las mútiples trabas burocráticas que se ponen y la carga fiscal existente sobre el trabajo no ven su aspiración cumplida.

Ya lo he dicho en más de una ocasión, la legislación contra los trabajadores.

Se ha publicado en la web de la editorial jurídica quantor un artículo proponiendo la apertura de nuestro sistema de protección social a las cuentas de capitalización individual.

En el ámbito económico es una propuesta muy debatida y bien defendida. Ahí tenemos el informe publicado por el Circulo de Empresarios en junio de 2001. Pero ya era hora de que las editoriales jurídicas empezarán a abrirse al debate.

Pronto aparecerá en el boletín impreso de esta editorial y seguro traerá cola.

Por cierto el artículo lo firmamos quien este blog mantiene (no sin esfuerzo) y el Ilmo. Sr. D. José Luis García Bigoles, Medalla de San Raimundo de Peñafort y Presidente de la Asociación Internacional de Expertos en Derecho del Trabajo "Profesor Alonso Olea".

Para leer el artículo aquí:

www.quantor.net/Utils/Descarga.aspx?Id=241

Según la Disposición Final Segunda, del Real Decreto Legislativo 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del empleo se autoriza al Gobierno, a que con el fin de profundizar en la consecución de los objetivos a que responde este Real Decreto-ley, y en función de la evolución que experimente el empleo, especialmente de los trabajadores que tengan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo o para el mantenimiento del empleo, pueda introducir, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, modificaciones en el Programa de Fomento del Empleo que se regula en el mismo, tanto en lo que se refiere a los colectivos beneficiarios, como a los incentivos aplicables y a las condiciones exigidas para su aplicación, y asimismo para que pueda establecer programas específicos para mejorar la formación y cualificación profesional y facilitar la estabilidad en el empleo y la reinserción laboral de los trabajadores que hubieran perdido su empleo como consecuencia de procesos de liberalización del comercio y de la globalización.

Esta norma, pactada entre representantes de empresarios y los sindicatos, los llamados "agentes sociales", y que el Gobienro diligentemente ha publicado sin debate parlamentario recoge una autorización al Gobierno (¿quién autoriza, el Parlamento o los agentes sociales?) para ayudar a quienes pierdan su puesto de trabajo a causa de la liberalización y de la globalización, sin más, sin especificar, porque sí, y porque somos más chulos que nadie y estamos en contra de liberalizar y de la globalización o lo que es lo mismo, en contra de la libertad y del progreso.

A qué nivel legislativo tan bajo hemos llegado, que no sólo se usurpa al Parlamento la elaboración de las normas, dejándolas en manos de organizaciones corporativas con mínima representación real, sino que se aceptan normas ideológicas directas en dichas normas, contra procesos globales como la liberalización y la malvada globalización (que sirve para acusarla de todo lo malo: los jinetes del apocalipsis: la Globalización, Israel, EEUU y alguno más).

Por cierto, ¿qué hacemos con los trabajadores que pierdan su puesto de trabajo por causa distinta a la liberalización y/o a la globalización?

Leer el BOE todos los días para encontrarse esto es muy cruel.

A ver cuando tenemos a Johan Norgerg en alguna TV.

Indiqué en algún que otro artículo que uno de los males actuales a la hora de debatir y defender ideas es la perversión del lenguaje. Ya nada es lo que era, nada parece lo que es, nada significa lo que queremos que signifique y todo es confuso. Cuando todo es todo no hay nada.

Así, se ha venido criticando el empleo del concepto terrorismo por parte de los gobiernos occidentales para designar las acciones armadas de los distintos grupos que operan en todo el mundo. No son terrorismo las acciones de las FARC, no son terrorismo las masacres en IRAK, no es terrorismo la llamada Kale Borroka, etc. Para ello se utilizan conceptos como insurgentes, rebeldes, gamberros, etc. para no denominar terroristas a supuestos luchadores antiglobalizadores (a pesar de que prefieran llamarse alterglobalizadores).

Pero como sucede con todo ahora las tornas se ha girado y los mismos que criticaban el uso del concepto terrorismo para acciones terroristas lo utilizan para designar todo tipo de violencia, y como todo es terrorismo nada lo es. Así ahora tenemos terrorismo de género, terrorismo en las aulas, y como no terrorismo patronal y por ende en la construcción.

Que en el ámbito laboral se exageren los términos es lógico y coherente con el clima de conflicto permanente que existe entre los intereses empresariales y los intereses sindicales (que nada tienen que ver con los intereses de la economía y/o con los intereses de los trabajadores). Pero que haya sido el Fiscal del Tribunal Supremo coordinador de siniestralidad laboral, José Manuel de Oña, el que haya utilizado este concepto, terroristas de la construcción o terrorismo empresarial, resulta más que sorprendente (aunque ya poco nos pueda sorprender).

Desde hace meses se desarrollan en Asturias las jornadas formativas para jueces y magistrados en materia de siniestralidad laboral, ámbito en el cual se hicieron las anteriores manifestaciones. Se intenta, con muy buen criterio, formar a quienes han de juzgar, en los procelosos mundos de la empresa y de la prevención de riesgos, especialmente en sectores sensibles como la minería, la construcción, el metal, etc. Muy buena iniciativa que debería mostrar un mayor nivel de exigencia intelectual y no caer en arquetipos y declaraciones de cara a la opinión pública.

El sector de la construcción es un sector duro, un sector donde se conjugan muchas circunstancias que lo sitúan en el punto de mira de la sociedad, donde operan los mejores y los peores representantes de una muy variada clase empresarial, desde grandes corporaciones a pequeños negocios familiares. También es un sector donde encontramos a los mejores profesionales junto con otros que adolecen de la necesaria profesionalidad, o que, por su condición de extranjeros, requieren otra atención.

Todo ello nos obliga a rechazar generalizaciones. Ni existe terrorismo en la construcción ni debemos dejar de cuidar que se cumplan las medidas de prevención de forma estricta, por parte de los empresarios como por parte de los trabajadores. La ingente marea legislativa que existe en la materia no ayuda a prevenir los accidentes, más bien dificulta (como ha venido a manifestar alguna sentencia) y ayuda a prevenir la quiebra de las empresas que se dedican a la gestión de la prevención, gestión que en muchas ocasiones no pasa de ser meramente administrativa.

Las amenazas de las fiscalía con penas de cárcel o las prohibición de subcontratas a partir de un cierto encadenamiento no evitarán que los riesgos inherentes al sector desaparezcan.

Sí existen otro tipo de medias, que intentaremos explicar en otro artículo y que podrían ser más eficaces, como permitir el aseguramiento privado del recargo de prestaciones del artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social, evitando de esa forma que las pequeñas empresas se descapitalicen o simplemente desaparezcan para evitar el pago, o permitir a los juzgados de lo social concentrar todo el proceso en caso de accidentes de trabajo (como se indicó en el libro blanco de la justicia) y mostrarse menos rígidos en sus consideraciones a la hora de indemnizar.

Hemos de tener en cuenta que el fracaso es de todos cuando un trabajador pierde la vida. Fracasa la Administración por no lograr garantizar un trabajo seguro y digno como dice la Constitución (que si no dijera tanto…), fracasa la empresa al no velar por la vida de sus trabajadores, y fracasa la sociedad en pleno al perder un miembro y tener elevados costes sociales.

Por último recomendamos a la fiscalía que ponga sus ojos en la propia Administración que es donde existe un mayor incumplimiento de la normativa laboral, en general, y de prevención de riesgos, en particular.

La social-burocracia da lecciones pero no ejemplo.

El Tribunal Constitucional, al igual que hicieron antes el Juzgado de lo Social número 24 de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , ha decidido desestimar el recurso de amparo de un trabajador que fue jubilado forzosamente y ha dejado claro que es posible obligar a jubilarse a un trabajador cuando así esté recogido en el convenio de la empresa.

Un trabajador de una empresa del sector del gas, que llevaba casi 30 años trabajando en la compañía, recibió el 20 de septiembre de 2001 una carta en la que se le notificaba que se le iba a dar de baja por jubilación en aplicación del convenio colectivo. El trabajador consideró la carta como un despido, al entender que como tenía 63 años (dos menos de la edad ordinaria de jubilación), no se le podía imponer la jubilación. Por eso devolvió el finiquito que le había ingresado la empresa junto con la nómina del mes y decidió acudir a los tribunales.

Tanto el Juzgado de lo Social como el TSJ dieron la razón a la empresa, por lo que el trabajador, convencido de que se habían atropellado sus derechos, acudió a solicitar amparo al Tribunal Constitucional. Durante el procedimiento, se acreditó que el trabajador llevaba cotizando a la Seguridad Social desde el año 1954 y que reunía todos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación.

El Tribunal reconoce que la jubilación forzosa supone un "tratamiento desigual" y un "sacrificio para el trabajador afectado", pero entiende que está justificada y es legal siempre que se den dos requisitos: por un lado, que el trabajador tenga garantizado el acceso a la prestación por jubilación de la Seguridad Social y, por otro, que no se amortice el puesto, sino que, por el contrario, la salida del que se jubila permita acceder al mercado de trabajo a una persona que se encontraba en paro.

Como la empresa contrató a un nuevo trabajador y el jubilado empezó a cobrar su pensión, entiende el Constitucional que se cumplieron los dos requisitos, por lo que desestimó el recurso de amparo del trabajador (sent. del TC de 9.10.2006)

Se comprueba con esta noticia como en el ámbito laboral la voluntad colectiva expresada por unas organizaciones, las sindicales, con una represetatividad mínima, se impone sobre la voluntad individual, sobre la liberad de un ciudadano y obligan a su "muerte" laboral. También se comprueba, que cuando quieren, a los empresarios bien que les interesa someterse a los criterios sindicales por encima de la libertad de sus trabajadores.

P.: ¿La contradicción básica de la globalización económica consiste en que
postula la libre circulación de capitales pero restringe la de las
personas?
R.: Sí, en efecto. El capital circula cada vez más libremente mientras que
los estados se están defendiendo con la multiplicación de barreras contra los
seres humanos. Me parece muy interesante distinguir entre las palabras movilidad
y migración. Mientras que la movilidad es algo que se exige al trabajador dentro
del contexto nacional - se le pide más y más flexibilidad - en el plano
internacional se criminaliza la movilidad de esas mismas personas.

¡Mentira!

En este caso una mentira, varias mentiras, del mismísimo sociólogo Ulrich Beck.

Si esta cuestión es la contradicción básica de la globalización, muchos informes y documentos sobran. Creo que podría ser una de las críticas, falaz pero una, que se le podría hacer, pero no la básica. Además la globalización no sólo es económica, el mismo proceso de inmigración que aquí se debate es parte de esa globalización, y con esa inmigración el intercambio cultural.

En todo caso no hay contradicción, y Beck es una gran generalista embaucador. Qué los Estados se blindan contra las personas inmigrantes: Qué Estados, con qué Gobiernos. No sólo los liberales o conservadores, la inmigración es un "problema" para todos los gobiernos del color político que sean.

Que se blindan. Falso. Todo Estado ha de velar por la integridad de su sociedad, por el cumplimiento de sus leyes y por la seguridad de sus ciudadanos. De la misma forma que existen leyes que las empresas y los inversores han de cumplir, quien desee instalarse en un Estado debe cumplir una serie de normas. Un Estado que cierra sus fronteras, las cierra a la riqueza, a los empresarios que son, en esencia, los inmigrantes.

En España no hay restricción a la inmigración. Cualquier extranjero sin delitos que desee trabajar en España puede hacerlo. Cualquiera. Sólo debe tener una oferta de trabajo en regla, por una empresa solvente, y efectuar los trámites que la legislación en materia de extranjeria establece. No hay restricciones a la inmigración laboral, hay restricciones a la imigración de la utopía, a esa inmigración que poco le falta para creer que en Europa el dinero crece en los árboles, falsamente engañada por la demagogia e ignorancia económica.

El principio liberal aboga por la libertad de capitales, por la libertad de comercio y por la libertad de movimiento de las personas. Pero siempre cumpliendo unas normas que garanticen el imperio de la Ley, el sostenimiento del sistema y la seguridad de los ciudadanos, de todos los ciudadanos incluidos los inmigrantes.

Si de verdad hubiera más libertad económica, concretamente en África, los africanos que emigran, por norma los más preparados, podrían crear negocios en Africa y no tener que emigrar. Pero ese es otro asunto que ya trataremos.

Un mentira más que a muchos les escuchamos repetir y nos nos cansaremos de refutar.

Etiquetas: Globalización, Inmigración, Capitalismo