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Resumen
- 19/10/2006 16:14 - A PROPÓSITO DE LA ÚLTIMA REFORMA LABORAL
- 20/10/2006 09:28 - UGT rehúsa ahora apoyar un documento sindical a favor del diálogo con ETA que habla de autodeterminación
- 23/10/2006 11:57 - Más intervención. Menos libertad. Menos progreso.
- 25/10/2006 09:28 - Que se acabe con las Cajas de Ahorros
- 27/10/2006 12:35 - Desempleo e inmigración.
- 30/10/2006 15:28 - El Salario Mínimo Interprofesional, SMI, contra los trabajadores.
19/10/2006
A PROPÓSITO DE LA ÚLTIMA REFORMA LABORAL
De forma sibilina en algunos casos, y descarada en otros, poco a poco se nos ha ido convenciendo que determinadas cuestiones en materia social son irrenunciables para el Estado de Derecho. Cuestiones que nadie se atreve a combatir por miedo a ser tachado, señalado y conceptualizado como un reaccionario. Desde un plano teórico-ideológico la última reforma laboral aprobada por el Gobierno no es la reforma laboral que se esperaba, no es la reforma laboral que nuestra nación española necesitaba, y no es, siquiera, un paso más de evolución progresiva de toda sociedad hacia su último estadio racional que es la democracia liberal. Estas son el tipo de cosas que “no se pueden decir”.
Equivocadamente, pero intencionalmente, se nos ha dicho que el liberalismo es sinónimo de capitalismo salvaje, y a su vez se ha identificado capitalismo salvaje con todo tipo de malas prácticas empresariales. Deberíamos escribir muchas páginas de un periódico como éste para poder explicar todas las corrientes liberales que existen, incluso para dejar claro que el concepto liberal, concepto acuñado en las discusiones de la Constitución de 1812, también ha sido tergiversado por intereses espurios, como tantos otros conceptos jurídicos, económicos y políticos. Liberal en los Estados Unidos de América significa, representa, algo distinto a lo que significa liberal para los europeos. Pero para casi todos, la idea liberal no va relacionada con la defensa de la libertad absoluta de los individuos, sino con la defensa de un relativismo moral. Craso error.
La última reforma laboral aprobada por el Gobierno, tras un nuevo episodio del neocorporativismo social impuesto en España bajo el epígrafe de "diálogo social", y que no es más que la muerte de la vida parlamentaria, la usurpación de la soberanía nacional, de la voluntad popular, por unas elítes mínimamente representativas de la sociedad, pues dicha reforma, impuesta, ha ahondado en los múltiples y complejos errores y circunloquios que tiene nuestro Derecho del Trabajo, un derecho que justificadamente nació para salvaguardar una parte, los trabajadores, que se encontraba en indefensión en una determinada época social, en un determinado estadio histórico que en nada se parece al actual. Ejemplo de que en libertad, bajo el capitalismo, se avanza a mejor, como se puede comprobar en Taiwán, Korea del Sur, Chile, Costa Rica, etc.
No hemos de olvidar que las diferencias sociales no son de ahora ni de antes, ni del mañana, y que los estudios económicos en aras a lograr el mayor equilibrio social, que no al igualitarismo reduccionista y discriminador, con el fin de compaginar la moral con la libertad individual, son mucho más antiguos de lo que se piensa. Si para muchos, como antes decíamos, el concepto liberal se ubica en la discusión de la Constitución de 1812, muchos sólo son capaces de relacionar esta forma de entender la vida con la Escuela Austriaca de Economía, o, incluso, solamente osan hablar de liberalismo entre autores anglosajones, ya sean Británicos o de los Estados Unidos de América. Pero pocos son los que tienen claro que los inicios del verdadero liberalismo económico y social, ya que moral cívica y liberalismo económico han ido siempre de la mano, se remontan a nuestra propia historia, a la Escuela de Salamanca y al mismísimo Juan de Mariana, autor de la Teoría del Regicidio; si el Rey, el Estado, no cumple, es lícito acabar con el Rey, es lícito reducir la presencia del Estado al mínimo posible con el fin de interferir lo menos posible en la vida de los súbditos, de los ciudadanos.
Nuestro actual sistema democrático, al que quisiéramos poder llamar democrático liberal, se ve cada vez más y más regulado por multitud de normas que coartan la libertad individual y trasladan a las administraciones, ya sean nacionales, autonómicas o locales, la capacidad para decidir por el individuo, por el ciudadano, eclipsado por la masa conocida como ciudadanía. Por eso, yendo más allá, comprobamos como desde distintos flancos de la economía, de la sociedad, de la política, o incluso de la religión, se intenta retrotraer nuestro día a día a la Edad Media estableciendo estatutos particulares para colectivos bien diferenciados anulando los derechos individuales y estableciendo los derechos colectivos, y ejemplos tenemos en Iris Marion Young, y su "ciudadanía diferenciada" y el politólogo Will Kymlicka, dispuestos a tolerar derechos especiales de representación para determinadas minorías. ¿Serán parte de esas minorías los sindicatos y la patronal que en nombre de un pequeño porcentaje de la población han impuesto una reforma laboral a todos los ciudadanos en nombre del "diálogo social" y el Gobierno, de todos los españoles, ha cedido?
La reforma laboral que muchos esperábamos, que muchos que nos dedicamos al Derecho del Trabajo esperábamos, iba encaminada a reconocer que nuestra economía, absolutamente globalizada, afortunadamente globalizada por mucho que a eso nos opongamos, requiere de una mayor apertura, requiere de una mayor profundización en las medidas liberalizadoras. Y esto último, liberalizar el mercado de trabajo, no significa dar pasos atrás en la defensa de los derechos individuales y en la defensa de los derechos de los trabajadores, en tanto que son individuos, ciudadanos del estado nacional, significa trasladar mayor responsabilidad a la sociedad, retirar responsabilidad a organismos que se autoproclaman representantes de determinados colectivos y que desde hace mucho tiempo han perdido dicha representatividad. Una reforma laboral de tintes más liberales habría sido aquella que reconociera que los trabajadores y los empresarios, dado el nivel de cualificación que existe en nuestra nación, saben resolver sus problemas sin tener que acudir de forma permanente a leyes que decidan por ellos suprimiendo la primacía del Derecho, la libertad bajo el Derecho (rule of law, freedom under the law) por el imperio de unas leyes (que no Derecho) intervencionistas, de baja calidad técnica y de nula proyección de futuro. A mayor libertad, mayor responsabilidad, a mayor libertad de nuestras economías, incluido el mercado de trabajo, más oportunidades para los países en vías de desarrollo. Interesante, imprescindible, En Defensa del Capitalismo Global, de Johan Norberg, Unión Editorial, Madrid, 2005.
El futuro de la democracia liberal pasa por el fortalecimiento de unas instituciones que no tengan el fin de controlar la vida de las personas, pasa por la transformación de nuestras sociedades a través de la desregulación de nuestros contratos diarios, pasa por el fortalecimiento de la responsabilidad individual y pasa por el quebrantamiento de la idea de que social significa necesariamente estar amparados y protegidos permanentemente por el Estado. El liberalismo es el mejor camino para alcanzar la verdadera justicia social cuando los individuos conscientes de su responsabilidad en tanto que trabajadores y en tanto que empresarios saben para lo que se unen, saben el tiempo que va a durar esa unión y saben cuándo esa unión ha de acabar, sin temer unos por el precio y otros por buscar un nuevo puesto de trabajo que no asoma por lugar alguno mientras el Estado todo lo desee tutelar.
El fortalecimiento, la rigidez, del mercado de trabajo español, la regulación absoluta de las relaciones laborales de nuestro país o de cualquier otro país de la Unión Europea está llevando inexorablemente a que muchas empresas con posibilidad de movilidad geográfica abandonen nuestras fronteras para situarse en aquellos países que han comprendido que el liberalismo es la única solución para progresar económica y socialmente. Y esta es una de las ventajas de la globalización, las empresas que de aquí se van, se instalan donde antes no había oportunidades de trabajo, siendo interesante estudiar la evolución de las repúblicas bálticas, su proceso de apertura económica radical tras la liberación del yugo soviético, su espectacular crecimiento gracias a la absoluta liberación de los mercados, y como, tras su acceso a la UE, se han visto obligadas dichas repúblicas a instaurar una regulación rígida que ha frenado en seco su crecimiento. Mart Laar, quien fuera Primer Ministro de Estonia en dos ocasiones, la primera con 32 años, ejemplifica bien ese retroceso cuando en las negociaciones con la UE les tuvo que preguntar a sus interlocutores de Bruselas si les dejarían ser, tras entrar en la UE, una economía de mercado o les exigían volver al sistema intervencionista que les había sumido en el hambre más de 70 años.
Por otro lado, la defensa de lo social a ultranza en los países occidentales significa, sin ningún tipo de duda, la esclavización, la humillación y el encadenamiento de los países pobres en vías de desarrollo al verse incapacitados a competir en nuestros mercados y con nuestros trabajadores. De ahí, que regulaciones laborales como la última, con el fin legítima de mejorar nuestro empleo, no deben ir por el camino de la solución estatal, ni siquiera cuando lo deciden los sindicatos y los empresarios a los largo de más de un año de negociaciones, para al final, obligar a publicar en el BOE una norma "urgente" y que sólo es un lastre más para nuestro progreso como país occidental.
Han sido muchas las jornadas y congresos que se han celebrado para analizar el contenido jurídico de la última reforma laboral, mis palabras han querido analizar el trasfondo ideológico de dicha reforma, y, en ambos planos, se coincide en que no era esto lo esperado. Para unos es necesaria más intervención, para otros, entre los que me incluyo, el ciudadano es suficientemente maduro, en tanto que trabajador y/o empresario como para empezar a regir su vida sin la colaboración ni el apoyo del Estado en cualquiera de sus vertientes; nacional, autonómica y/o local.
20/10/2006
UGT rehúsa ahora apoyar un documento sindical a favor del diálogo con ETA que habla de autodeterminación
He aquí una de las grandes lacras del llamado estado social español. Los agentes sociales elevados a la calidad de representantes de toda una colectividad. Con una representatividad mínima entre los trabajadores en particular y entre la población en general, los sindicatos son llamados, o se hacen llamar, para todo aquello que les reporte publicidad y poder, sea un asunto laboral o no.
Creemos que los tiempos de los sindicatos como correa de trasmisión de los partidos, o viceversa, ya han pasado. Dada la presencia real de estas organizaciones en el mundo laboral y en la sociedad se deberían limitar a defender los derechos de sus afiliados, cosa que hacen bastante bien cuando les interesa. Eso sí, su defensa, radical en ocasiones, reducida a determinados colectivos, es ejemplo de la más reaccionaria práctica actual y en ocasiones antidemocrática.
Ante problemas nacionales todos suman. Pero los sindicatos no tienen, hoy, mayor legitimidad que muchas otras organizaciones con tanta o más representatividad y presencia social.
23/10/2006
Más intervención. Menos libertad. Menos progreso.
Se ha publicado el 19 de octubre la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, BOE número 250, páginas 36317 y siguientes.
Esta norma claramente intervencionista, limitadora de la libertad de empresa, se promulga enmascarada en la lucha contra la prevención de riesgos.
El artículo 5 de esta norma, que establece el régimen de subcontratación, es un ejemplo claro del gusto por intervenir y limitar la libertad de gestión de las empresas. Quien crea que esta nueva norma ayudará a reducir la siniestralidad en la construcción es un ingenuo.
La norma en cuestión aumenta la burocracia en las empresas, ralentiza los trabajos, pone de nuevo en el punto de mira de la Inspección a este sector y perjudicará seriamente al miles de microempresas y autónomos que son subcontratos en el sector.
Quedamos a la espera del desarrollo reglamentario que, por desgracia, suponemos será más intervencionista.
Malos tiempos para la libertad de empresa y para la iniciativa de los emprendedores.
25/10/2006
Que se acabe con las Cajas de Ahorros
Las cajas piden al Banco de España que acabe con "los excesos regulatorios" según publica El País, hoy miércoles, 25 de octubre.
Quieren las cajas ser como el resto de Europa, donde, según ellas, las autoridades bancarias centrales intervienen menos. Pero, puestos a tener menos intervención por qué no eliminamos las cajas y las trasformamos en bancos privados sin la intervención en sus consejos de los políticos de turno.
Las cajas de ahorro, ese gran instrumento de la política económica de las CCAA reclamando que el BCE intervenga menos. Siempre se reclama que se intervenga menos cuando tenemos fácil ganar dinero por nuestra privilegiada posición en el mercado. Cuando existen dificultades exigimos la intervención para nuestra protección.
No dejen de leer la noticia que encontrarán muchas perlas del más claro capitalismo de estado o capitalismo administrado.
Repetimos, puestos a evitar excesos regulatorios que las cajas desaparezcan o se transformen en entidades 100 por 100 privadas.
Y si pierden dinero por la competencia que se adapten o que se mueran.
27/10/2006
Desempleo e inmigración.
El 6 por 100 de los ciudadanos que reciben prestaciones por desempleo son inmigrantes. Así nos lo contaba ayer, 26 de octubre, la versión impresa del diario El Mundo. Casí 80.000 ciudadanos extranjeros cobran esta prestación básica de nuestro estado de bienestar.
Dice el PP, según la noticia, que se debe al proceso de regularización pasado. Creo que se equivocan, y que en este tema les puede su lado conservador sobre su lado liberal, aunque desde un punto de vista liberal, estas dádivas estatales no sean bien vistas y con razón.
Nuestra legislación ampara al trabajador que tras un cierto tiempo de cotización, mínimo de un año, pierde su puesto de trabajo. Si los ciudadanos extranjeros cumplen esos requisitos, mientras no se modifique la normativa actual tendrán derecho a esas prestaciones.
Podemos criticar la generosidad de nuestro sistema, y lo hacemos. Recientes datos del Ministerio de Trabajo ponían al descubierno que muchos desempleados tenían nulas posibilidades de acceder al mercado de trabajo y sobrevivían con los subsidios.
Si a todo lo expuesto incluimos el incesante incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin tener en cuenta el criterio de la productividad, nos encontraresmo con dos grupos de desempleados.
Un primer grupo son aquellos que comprobando la generosidad de nuestro sistema decidan prestar sus servicios en el mercado negro o economía sumergida, cobrando los subsidios y los salarios, sin cotizar. Esta situación la conocemos bien los asesores laborales que no nos cansamos de advertir a los empresarios de su irregularidad y a los trabajadores de su egoísmo y falta de previsón futura, minorando su carrera de cotización.
Un segundo grupo serán los desempleados con nulas opciones de accceder al mercado de trabajo. Recientes informes del Ministerio de Trabajo demuestran que un elevado tanto por ciento de desempleados no tiene opciones de volver al mercado de trabajo. Estos trabajadores no son atractivos para los empresarios que están obligados a abonarles el SMI sin tener certeza de recuperar ese dinero con su productividad. Proponemos la eliminación del SMI para este tipo de desempleados considerando que es mejor trabajar por poco, incluso por el valor del subsidio que ya reciben, que estar en casa sin hacer nada.
Sería, en definitiva, recuperar el valor del trabajo frente al subsidio.
30/10/2006
El Salario Mínimo Interprofesional, SMI, contra los trabajadores.
Hay ciertas ideas que impregnan las sociedades del llamado Occidente que por muy perniciosas que sean para los ciudadanos, éstos se niegan a repensar, no ya a rebatir, sino únicamente a repensar, pararse a reflexionar si lo que se ha estado haciendo ha sido lo correcto o si en algún momento ha dejado de ser útil para convertirse en un perjuicio general imposible de detectar. Esto es lo que ha sucedido con las normas reguladoras del llamado salario mínimo interprofesional (SMI). Normas que nacieron con el encomiable objetivo de elevar el nivel retributivo de ciertos sectores, y que con el tiempo han dejado, dichas normas, de tener fundamento alguno y se han trasformado en elemento político del gobierno de turno para incorporar a su programa, tras las correspondientes presiones sindicales, y ganar unos cuantos votos, supuestamente de quien reciben dicho salario.
En España se ha calculado que aproximadamente 4,8 millones de trabajadores perciben el SMI. Si según el INE hay algo más de 16 millones de asalariados, en torno al 30 por 100 de la población española cobra el SMI, y si a ello le sumamos que según el panel de Hogares de la UE el 37,6 por 100 de los hogares españoles viven de sus ingresos salariares principalmente, y que en muchas comunidades autónomas se ha informado que dicho SMI no alcanza para vivir, nos encontramos con que la figura del SMI alcanza un importante puesto en el ranking de las promesas políticas, de normas intocables de nuestro Estado de Legislación, que no de Derecho, se ve en la obligación de manrtener, actualizar y defender siempre sin esperanzas de debate y reflexión.
Por eso inicié este artículo advirtiendo que en nuestras sociedades occidentales, no sólo en las musulmanas, los dogmas intocables existen, bajo pena de excomunión, y entre ellos está la bonanza del SMI, el cual, afirmo, incluso en mi calidad de laboralista, que es preciso eliminar. ¿Con qué fin y por qué razón? Con el objetivo de dejar de discriminar a los jóvenes sin formación, a los inmigrantes y a las mujeres. Con el fin de no legislar contra los más desfavorecidos e inicar un correcto camino para el pleno reconocimiento de la responsabilidad de empresarios y trabajadores, sin la tutela del Gobienro ni de los Agentes sociales.
Así es, el SMI es una norma que contra lo pensado ataca directamente al trabajo de los más desfavorecidos promoviendo la economía sumergida en nuestro país, la cual alcanza el 22,6% del PIB oficial, frente a un 17,4% del promedio de países de la OCDE, sólo por debajo de Italia, Grecia e idéntica a la de Portugal, todo ello según el informe sobre el clima de negocios del Banco Mundial 'Doing Business 2007'. Porque no se puede explicar de otra forma que dados los números y estadísticas citadas más arriba tantos españoles vivan con el actual SMI.
Sólo la existencia de una elevada bolsa de economía sumergida, de salarios abonados fuera de nómina y de trabajadores sin contrato o con contratos por un número de horas inferiores a las realmente realizadas, se puede justificar la ausencia de revueltas sociales, en un país tan dado a salir a la calle como el nuestro.
Y es que existen las ‘burguesas’ y ‘malsanas’ ideas de que en todo inicio de la relación laboral lo más importante es el salario, de que todos somos 'iguales' y todos debemos cobrar lo mismo y que no hay diferencia alguna entre un joven de 16 años, otro de 20, el sector de reparto de publicidad o la hostelería. Todos a cobrar lo mismo según los ideólogos del SMI. Con estas ideas, con un erróneo fundamento económico como es la expansión del crédito para generar riqueza, se elimina la posibilidad de que jóvenes trabajadores sin formación accedan con contrato a trabajos poco productivos, se impide que muchos inmigrantes sean contratados (y sí en cambio se opte por mano de obra ilegal con la explotación que eso supone) o se obstaculiza el acceso de muchas mujeres al mercado de trabajo una vez tienen hijos.
Y todo ello porque al no alcanzar un nivel de productividad mínimo se opta, como hemos dicho, por abonar salarios fuera de nómina, contratar por menos horas de las realmente trabajadas o, directamente, trabajar sin contrato como es el supuesto de muchos inmigrantes, mujeres del servicio doméstico o jóvenes universitarios.Los índices de desempleo se disparan entre las mujeres, los jóvenes y, ahora, entre los inmigrantes, los cuales, según datos del propio Ministerio de Trabajo en julio de 2006 alcanzaban los 133.109 sin trabajo, un 21,6 por ciento más que en el mismo mes de 2005. Por eso son estos colectivos los que más sufren que el ‘estado benefactor’ imponga unos salarios mínimos a abonar, dado que ven como o no se les contrata o son elementos de todo tipo de argucias legales para no abonar seguridad social o formalizar contratos laborales.
Se podrá alegar que de no existir SMI los empleadores tenderán a pagar cada vez menos, pero de la misma forma se puede alegar que de ser así no encontrarán trabajadores que deseen ocupar esos puestos de trabajo, los cuales no olvidemos son de baja productividad, ya que el debate se vicia si se introduce la idea de que se ha de cobrar un determinado salario con independencia del puesto y de la productividad, ya que de ser así no me explico por qué tenemos un SMI de cerca de 600 € y no de 1.500 € o de 3.000€.
EL SMI es un elemento de promesa electoral que siendo muy irresponsable se incrementa sin medida, siendo políticamente correcto se deja intacto y siendo osado y racional económicamente hablando se suprime para moralmente ser justos con los más desfavorecidos en el mercado de trabajo. Subir el SMI sin criterio, sin seguir los criterios del Estatuto de los Trabajadores, entre ellos la productividad, igualarlo en todos los sectores sin cortapisa, supone introducir en el mercado un crédito sin justificación que sólo ayuda al incremento de los costes, la subida de los precios y, finalmente, la elevación del impuesto más injusto para los trabajadores, la inflación.
En nuestras grandes empresas, en los sectores de la construcción o en la minería no existen problemas con el SMI, es esta una norma que asfixia a la micro empresa española, generadora de muchos puestos de baja productividad y/o sometida a una competencia atroz, de vital importancia para incorporar al mercado de trabajo a los más jóvenes y a los inmigrantes permitiéndoles iniciarse en el mundo laboral comprendiendo sus normas, obligaciones y derechos.
El SMI frena la expansión del trabajo entre las ideas de los emprendedores que precisen en sus inicios mucha mano de obra y no cuenten con liquidez suficiente, frenando el SMI la contratación de muchos trabajadores que de esa forma no continuarían en las listas del desempleo.
El SMI perjudica a la economía, perjudica a los trabajadores, perjudica a los emprendedores y sólo beneficia a quienes viven de promesas electorales. El SMI es una medida contra los trabajadores y es hora de empezar a explicarlo con valentía.