In Dubio Pro Libertate

Cuestión de mercado, cuestión de Derecho y cuestión de sentido común.

Ricard Reguant, ha estrenado como director en octubre del 2006, en el Teatro Victoria de Barcelona, "Grease", un montaje de 1.500 millones de euros (sic) con 18 actores, 10 bailarines y 8 músicos en directo. También ha dirigido  "Siete novias para siete hermanos" y "Cantando bajo la lluvia".

En La Vanguardia de hoy, 6 de febrero de 2007, le entrevistan en relación a su última obra y entre las preguntas típicamente "raciales" de la periodista se cuelan las siguientes:

¿Por qué el 'Grease' del Victoria es en castellano?
Porque nos abre más puertas. El musical tiene un presupuesto enorme. Una versión en catalán habría tenido un coste menor y hubiera durado menos tiempo. Además, algunos actores son de fuera de Catalunya, empezando por los protagonistas: Carlos Solano (Danny) es de Madrid y María Adamuz (Sandy) es de Málaga.

Pero usted ha hecho otros musicales en catalán. Y en Cataluña tenemos otras compañías que programan en nuestra lengua.
Cierto, "Memory" duró dos años y medio en cartel y tuvo éxito. Pero a Dagoll Dagom sólo le ha salido a cuenta "Mar i cel".

Le da poca cuerda al catalán...
Cada vez hay más castellanoparlantes en Catalunya. Nuestro público viene de muchas partes de España y del resto del mundo. Son turistas que si ven programado un musical en catalán no acuden. Es una cuestión de mercado

Denota la entrevistadora un especial interés por la obra - la obra, claro, de los nacionalistas y la inmersión linguistica - pero el entrevistado recurre al sentido común, al mercado, y deja sin argumentos, parecer ser, a su entrevistadora.

No está mal que ante preguntas tontas los entrevistados no caigan en la tentación de ser correctos e intenten, siempre, dar la razón al periodista-político.

Pero pueden estar siendo engañados todos: la periodista que cree que el director no "atenta" contra el catalán ya que sólo mira por su dinero, y los castellanoparlantes de Cataluña que creen ver en el Sr. Reguant un defensor de su causa.

En este caso el argumento del mercado para alguien que arriesga su dinero es incuestionable. Pero el mismo entrevistado recuerda que en Cataluña son muchos los castellanohablantes, muchos los inmigrantes y muchos los turistas que se interesan por el español y no por el catalán. Por lo tanto no es sólo cuestión de mercado, es cuestión de Derecho: el derecho de todo catalán a ejercer su profesión en la lengua que desee, incluso contra el mercado - si desea perder dinero allá él -, y cuesión de sentido común.

Y con todo eso junto, el desconocido sentido común, el Derecho y el Mercado con el fin último de ganar dinero y dar trabajo, no hay política linguistica que pueda, aunque le pese a la entrevistadora, Karma Peiró, que centra toda la entrevista en desacreditar la obra repasando todas las críticas negativas que ha recibido para terminar recurriendo al debate linguístico. Seguro que el señor Reguant ha quedado encantado de la entrevista.

El diario La Nueva España de Asturias nos informa hoy, 7 de febrero de 2007, que "Asturias es la segunda región donde el salario de los funcionarios absorbe más gasto".

El consejero de Economía, el Sr.  Jaime Rabanal, además asegura que se trata de un coste «equilibrado y razonable» si se tienen en cuenta los servicios, las características y las competencias de la comunidad autónoma. Lo que precisamante tenemos en cuenta desde una óptica liberal para asegurar que es un autentico despilfarro.

El Sr. Consejero interpreta las cifras de gasto de personal en Asturias como una apuesta del Gobierno del Principado por los servicios públicos de calidad, en los que «el personal es un elemento fundamental, en relación con las políticas de modernización de los servicios públicos».  Eso, eso, todas las empresas se modernizan, introducen elementos con los que aumentar su productividad, ofrecer mejores servicios y reducir costes, y el Sr. Consejero del Principiado practica "la contraria": más gasto.

En cuanto a la calidad de los servicios está mal que lo diga él, lo tendremos que decir los usuarios, los cuales, dado el elevado número de funcionarios en nuestra región, seguro que tenemos algún familiar en tal "estado de buena esperanza" que preferiremos callar nuestros comentarios.

El fin último se ve con suma claridad, la creación de una vasta red de dependientes de los presupuestos públicos que finalmente cree una sociedad dominada por los gestores de turno.

Veáse aquí el diario Expansión del 7 de febrero de 2007.

Ya lo he dicho aquí en más de una ocasión, y lo he publicado en una editorial jurídica de gran prestigio. Y, como yo, mucho antes que yo, son muchos los que venían denunciando que nuestro actual sistema de reparto, dada la evolución demográfica, era insostenible, y que además, como principio, era un acto más de confiscación estatal de los recursos económicos de los trabajadores, a los cuales se les considera incapaces de gestionar racionalmente su dinero de cara a la jubilación.

Lo pueden leer más bajo en este mismo blog y en

www.quantor.net/Utils/Descarga.aspx?Id=241

Pero la novedad no es que se halla únido uno más a la lista de las voces de denuncia. La novedad es que ese uno, el Sr. Taguas, es el asesor económico de nuestro actual presidente del Gobierno: en un artículo que publicará en breve la Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) reconoce que las reformas emprendidas son escasas y que el miedo politico a las mismas reduce su efectividad y la valentía de los reformadores. Todo ello contradice las teorías del Ministro del Trabajo, Sr. Caldera, y de su Jefe - y el de todos - Sr. Rodríguez.

Me alegro del anális efectuado, de la denuncia, pero no de la solución propuesta, que nos viene a confirmar que los economistas socialdemócratas - o advenedizos de la socialdemocracia por haber sido ésta quien les ha dado trabajo - son capaces de reconocer los errores de su sistema pero no las soluciones al mismo.

Como tambien he dicho, y se puede leer en el artículo citado arriba, las soluciones que nos proponen desde las filas estatalistas siempre son un aumento de las cotizaciones, de impuestos al fin y al cabo, y/o reducción de las pensiones devengadas. Y justamente eso es lo que propone el señor Taguas, computar toda la vida laboral para el cálculo de las pensiones de jubilación, lo que ya de por sí supone reducción en su cuantía dadas las escasas cotizaciones en los primeros años de trabajo, aumentar hasta los 70 años la edad para jubilarse, lo que supone más dinero confiscado por el Estado, y eliminación de las actualizaciones de las pensiones de acuerdo con el IPC.

Todas y cada una de las medidas propuestas supone ahondar en la confiscación de nuestro dinero por el Estado, que busca devolver lo menos posible a los trabajadores jubilados con la excusa de la redistribución de la riqueza, y que en el fondo lo que hace es redistribuir la riqueza de la clase trabajadora entre todos, incluido los que más medios económicos tienen y que pueden compaginar su jubilación pública con sistemas privados.

La única solución a la quiebra o aumento de la injusticia del sistema pasa por permitir, en libertad, que los trabajadores gestionen  sus ahorros como mejor les parezca, y entre las opciones, en libertad, se encuentra la salidad del sistema público y la apertura de cuentas de capitalización individuales recuperables, con mayor rendimiento, en el momento de la jubilación. Incluso dichas cuentas individuales, a diferencia del sistema público, podrán ser heredables rompiedo con el círculo vicioso de las clases menos pudientes que no reciben nada de los muchos años de cotización de sus padres cuando estos fallecen antes de jubilarse o a los pocos años de haberlo hecho, habiendo tenido que hacer grandes esfuerzos durante sus años de trabajo y no viendo la recompensa de los mismos.

Lo dicho, me alegro del análisis, no de las soluciones. Pero por algo se empieza, ahora a ver que opina nuestro Ministro de Trabajo y nuestro Presidente. Igual recurren a la teoría de la Ministra de Cultura, Sra. Calvo, y gastan el dinero público como les da la gana dado que éste "no es de nadie".

Como no hay problemas en la administración de justicia asturiana, como no es necesaria una profunda reforma en el funcionamiento de la misma y no hay docenas de problemas urgentes que resolver sin pérdida de tiempo, como no hay nada de esto, nuestro consejero del ramo, el Sr. Valledor, ha decidido ponerse manos a la obra y aplicar las soluciones de futuro más imáginativas y urgentes que nuestra justicia precisa.

Véase aquí.

Mientras tanto la jurisdicción social atascada por falta de funcionarios.

Publicó el diario económico 5días el pasado martes 13 de febrero la siguiente noticia:

"La OCDE recomienda a España abaratar los despidos de los trabajadores con contratos fijos"

Es una recomendación que por repetida no acaba de calar en nuestros polìticos. El miedo electoral les atenaza.

En todo caso sería una decisión que de ser adoptada afectaría a los nuevos contratos, nunca a los ya existentes por tener sus derechos consolidados.

Se recoge en el informe de la OCDE que los trabajadores españoles con contrato indefinido que fueron despedidos en 2006 recibieron una media de 14 mesualidades en concepto de indemnización frente a los dos meses, dos meses repito, de la UE, donde, por cierto, la temporalidad es la mitad que en nuestro país.

Otra critica que efectúa, también repetida hasta la saciedad, es el nivel de negociación coleciva. Todos los expertos aconsejan negociar a nivel nacional o empresarial, nunca regional o provincial, y, date, es en España donde más se negocia a nivel provincial o autonómico, asignando, a los convenios colectivos firmados, salarios sin relación alguna con la evolución de las empresas a nivel particular o de los sectores a nivel general. Resultado, menor nivel de contratación.

La noticia se puede leer aquí.

Además de este informe he podido leer estos días otro elaborado por la profesora de la Universidad de Oviedo, Begoña Cueto Iglesias, "Las ayudas a la contratación indefinida en España", publicado en la Revista de Economía Laboral de dicha Universidad y que es de acceso gratuito en http://www.uniovi.es/Revistas/REL/

En dicho informe se puede leer con claridad lo que muchos ya sabíamos, o al menos intuíamos: las subvenciones a la contratación no consiguen sus objetivos y se convierten en dinero público que la administración regala  a los empresarios, ávidos de dinero público aquí y en Mongolia, con un único fin de poder modelar estadísticas a corto plazo sin un seguimiento serio que demuestren o no su eficacia.

El informe es digno de publicación por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, si bien, dudamos mucho de su más mínima difusión, y en cambio estamos seguros que seguiremos pagando impuestos para lograr fines partidistas y no sociales.

Al menos sí confíamos que la autora no sufra represalias por haber dicho la verdad.